GRAN CANARIA
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) culpó ayer al Gobierno de Marruecos del naufragio, el pasado domingo, de dos pateras que intentaban llegar a las islas Canarias. Ayer rescataron cuatro cuerpos, por lo que son ya catorce muertes confirmadas, 17 desaparecidos y 13 supervivientes.
Según la delegación canaria de CEAR, «en muchos casos, las fuerzas policiales marroquíes instigan a estos jóvenes a subirse a las pateras», por lo que «existe una responsabilidad directa de Rabat en su muerte».
El naufragio en aguas del Sahara Occidental es «el último episodio del éxodo de centenares de jóvenes saharauis, que huyen de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que la Policía marroquí comete en el territorio de esta antigua colonia española, ocupado de manera ilegal por Marruecos desde el 16 de octubre de 1975», explicó la ONG.
CEAR considera que las muertes «simbolizan el naufragio de la comunidad internacional, absolutamente incapaz durante los 15 años de proceso de paz de imponer a Marruecos la celebración de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro en libertad».
También apeló al Gobierno español a que asuma su responsabilidad en el asunto y exija «con decisión y de manera pública al régimen de Rabat que cese la represión en los territorios ocupados del Sahara Occidental y acepte la autodeterminación de este pueblo».
Pero el Gobierno español no parece dispuesto a cambiar su política. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, insistió en que el único camino para los extranjeros de emigrar al Estado español es respetar los cauces legales. «España está fomentando la contratación en origen. No hay otro camino».
Sin embargo, el pueblo saharaui, como la mayoría de los africanos, carece de esos «cauces legales», lo que les aboca a lanzarse al mar en barcas de madera, pateras o cayucos. Como consecuencia, en los últimos meses se ha reabierto la ruta que va desde el Sahara Occidental hasta las islas Canarias, que había permanecido cerrada durante dos años.
El rey marroquí Mohamed VI se comprometió entonces a cerrar esta vía de inmigración clandestina a cambio de contraprestaciones políticas y económicas por parte del Estado español. Esto obligó a desplazar la salida de las pateras cada vez más hacia el sur primero Mauritania, después Senegal, Gambia e incluso Guinea Bissau, lo que aumenta la peligrosidad de la travesía y, por tanto, el número de naufragios y de ciudadanos africanos muertos.
Las cifras avalan esta afirmación. Al menos 295 inmigrantes han muerto en lo que va de año mientras intentaban alcanzar las costas españolas, según fuentes del Gobierno español.
