BILBO
El Juzgado de Bilbo, que se hizo cargo de los sucesos ocurridos en la capital el 10 de noviembre y tomó declaración a los dos arrestados, ha expuesto en un auto sus sospechas sobre la instrucción que ha llevado a cabo la Ertzaintza y por ello ha pedido que se deduzca testimonio contra la Policía autonómica por un supuesto delito de «falsedad de documento público» y contra la Administración de Justicia por «impedir la persecución de delitos y ocultación de datos», según informó ayer Europa Press citando fuentes jurídicas. En el auto, además de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional española, el magistrado denuncia «irregularidades» en el atestado de la Ertzaintza.
Las citadas fuentes señalaron que la Policía autonómica envió al Juzgado de Bilbo un atestado sobre las circunstancias que rodearon al arresto del joven de 18 años, en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros, y un segundo a la Audiencia Nacional por un supuesto delito de «terrorismo», sin habérselo comunicado al juez instructor.
El juez, incluso, indica que requirió «bajo apercibimiento de desobediencia» a la Ertzaintza para que le facilitaran una copia del atestado y obligó a responsables policiales a comparecer en sede judicial.
El Departamento de Interior de Lakua se apresuró a desmentir las acusaciones de este auto. «El magistrado conoce perfectamente desde el mismo día de la tramitación de las diligencias que todos los hechos relacionados con las imputaciones sobre participación en actos de violencia callejera que tuvieron lugar ese día en Bilbo fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional, tal y como establece la legalidad vigente». Interior dijo que no descarta la posibilidad de presentar «una queja formal» ante el CGPJ por la difusión de estas acusaciones.
Este rifirrafe entre el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbo y el Departamento que dirige Javier Balza acompaña a las dudas sobre la versión oficial liderada por el alcalde, Iñaki Azkuna, que aseguró que en los incidentes se intentó dar fuego a un agente de la Policía Municipal.
Uno de los testigos con los que pudo contactar GARA afirmó que «un municipal fue a impedir a uno de los jóvenes que rociara uno de los contenedores con gasolina y en el forcejeo, a lo que se ve, se mojó algo, pero fue por casualidad, nada premeditado. Los jóvenes estaban a lo suyo». Otro concluyó que «no hubo ninguna agresión».
A día de hoy, además, no se ha difundido el atestado policial ni se ha exhibido prueba material alguna que avale la versión oficial. Se ha desestimado además la opción de debatir el tema en el Ayuntamiento.
Contrariamente a lo que suele suceder, fue el Juzgado de Bilbo quien asumió la instrucción del caso. La pasada semana desde la Audiencia Nacional ya se había reclamado a la Ertzaintza que facilitara la declaración prestada supuestamente por el agente de la Policía Municipal, cuyo contenido se desconoce por completo.
