BILBO
El debate sobre el futuro de las pensiones públicas en la Unión Europea está tomando desde hace ya unos años un camino en el que sólo se contempla un endurecimiento en las condiciones de acceso, las trabas a las prejubilaciones y el alargamiento de los períodos de cotización de los trabajadores en activo. De ser la Unión Europea referencia mundial en la protección social, se está pasando a un nuevo escenario en el que se abre la puerta al negocio de las pensiones privadas.El Consejo de Orientación de Jubilaciones (COR) del Estado francés ha emitido un informe, que ha sido presentado al Gobierno francés para su adopción, en el que se propone la «segunda etapa» de la reforma de las pensiones, que se abordó en 2003 después de que en 1993 ya se produjera otro recorte.
En esta ocasión se plantea la reforma de los regímenes especiales para equilibrar las cuentas. Danièle Karniewicz, presidenta del organismo de las jubilaciones (CNAV) explicó que «si vivimos más tiempo, tendremos que trabajar más para poder tener durante más tiempo las pensiones».
El informe plantea dos medidas claras: Por una parte, el aumento de la actividad de los ocupados entre 45 y 65 años, sin limitar las cuotas de cotización, ya que se pretende alargar a 41 años el período necesario de cotización para poder obtener el 100% de la pensión de jubilación «a partir de 2009 a razón de un trimestre suplementario por generación»; ala vez, plantea la necesidad de mantener medidas de apoyo fiscal para invertir en planes privados.
Rechazo sindical
Todo esto lleva a la conclusión de que los trabajadores «tendrán que trabajar durante más tiempo para salvar las pensiones». La central sindical CGT se opone a esas medidas de recorte, porque entiende que los estudios deberían contemplar «reflexiones y propuestas» en materia de empleo y de los ingresos por cotización que «garanticen el sistema público de jubilación a perpetuidad». La organización sindical afirma, por otro lado, que las reformas de 1993 y la de 2003 «han puesto de manifiesto que la presión que se ejerció sobre las jubilaciones, el nivel de prolongación de la duración de la cotización no ha mejorado la situación» y, sin embargo, «sí que ha causado un mayor nivel de desigualdad y una reducción de las pensiones».
Por eso, CGT afirma que «profundizar en esa línea como plantea el COR sería debilitar seriamente el sistema de jubilación». Recuerda que la reforma de los regímenes especiales «sólo afectaría al 5% de los pensionistas, por lo que esa medida no resolvería los problemas de financiación de los otros regímenes» y, en cambio, «si profundiza en una pérdida de derechos de los trabajadores». Para CGT, se debe abrir un debate sobre «las prioridades del empleo, sobre la reforma de la cotización de los patronos para que se asegure el sistema de distribución».
En el Estado español, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha aprobado recientemente el anteproyecto de reforma de la Seguridad Social. El mismo obliga a cotizar 775 días más para tener derecho a una pensión aunque deja en el aire el cálculo de la pensión futura.
