A los vascos que hemos nacido bajo las bombas de la guerra civil, que hemos crecido bajo la presión de la violencia de ETA, que hemos asistido a tres treguas permanentes de ETA, todas ellas fracasadas, ya no nos interesa la opinión de ETA ni la de los partidos políticos. Tampoco las maniobras futuras ni las hipotéticas alternativas que puedan diseñar para recomponer la unidad de los demócratas frente a la violencia. Porque sabemos que el poder judicial podrá deshacer, frenar o impedir las buenas intenciones que los partidos políticos puedan acordar.

La sociedad civil saca una conclusión según la cual no le interesa a la mayoría de los ciudadanos la opinión de los partidos porque sencillamente nunca vamos a saber lo que verdaderamente ha pasado en el fracaso de este proceso, ni el por qué actualmente no se ponen de acuerdo todos los partidos democráticos. A la sociedad civil no le interesa la actuación del poder judicial al que se le ha visto que está mediatizado y politizado.

Los partidos políticos, las monarquías, los parlamentos, los sindicatos, las iglesias, las universidades, las constituciones y el poder judicial son instituciones necesarias en una democracia, pero no resuel- ven los problemas que verdaderamente acucian y desde hace muchos lustros a la sociedad civil.

Aunque estas afirmaciones sean tajantes, los últimos movimientos sociales lo certifican. Ante el fracaso de las instituciones todos se vuelven hacia la sociedad civil.

Tanto la convocatoria hecha por el lehendakari, la manifestación madrileña promovida por los sindicatos y la federación de ecuatorianos residentes en España, el movimiento de mujeres de Euskal Herria, lo mismo que la Asociación de Municipios han visto que la última tabla de salvación estriba en la sociedad civil.

Y se ha acudido a la sociedad civil porque ésta ha llegado a la convicción de que no podemos dejar que otros nos planifiquen las estrategias y nos resuelvan nuestros problemas. Ya basta con que los partidos políticos jueguen con las cosas de comer y con el futuro de nosotros y de nuestros hijos. La historia de lustros nos ha convencido de que no se pueden dejar en manos de estas instituciones los problemas que atañen a nuestra vida diaria y que deben ser la base de la convivencia y de la paz de nuestros hijos.

Y ¿por qué estas instituciones básicas en la democracia no pueden resolver los problemas acuciantes de la población? Porque sencillamente los miembros integrantes de las mismas (partidos, sindicatos, iglesias) están condicionados por sus opciones políticas y actúan más por las propias presiones partidistas o por las ideologías preestablecidas que por la premura en la solución de los problemas.

Y ¿qué puede hacer la sociedad civil además de asistir masivamente a las manifestaciones? Retomar el poder que prestaron de forma «dativa» a partidos y demás instituciones de la democracia, porque éstos y éstas no han cumplido su mandato.

Cualquier conocedor de la historia sabe que desde que los procuradores de las Cortes de Cádiz se atribuyeron con un golpe de estado la soberanía de la nación española, sabiéndose no representativos y pasando por encima de las asociaciones y soberanías intermedias en las que se integraba la sociedad civil española del momento, se ha suscitado en cadena y se ha sustentado por los partidos políticos una serie de revueltas, guerras, leyes abolitorias y proyectos de arbitraje entre los diferentes intereses y sujetos del poder.

En concreto y respecto al contencioso vasco, la última Constitución española de 1978 (como otras formulaciones constitucionales españolas del siglo XIX) pretendió poner parches al problema, añadiendo las «adicionales», sin tener nunca ánimo real de llevarlas a la práctica, sin crear una verdadera mesa de negociación y de búsqueda de fórmulas representativas de los intereses de la sociedad civil vasca.

Y ¿cuál sería esta vuelta a las fuentes de la representación popular y de la democracia? ¿Cómo podría realizarse esta «sanación radical» de los vicios de nuestra democracia actual? Sencillamente dando a la sociedad civil su protagonismo inmediato.

Así, tras realizar una consulta a los sindicatos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, iglesias y movimientos religiosos, se debería confeccionar un elenco amplio de personas (hombres buenos y mujeres buenas en terminología medieval) que no sean elegidas por su afiliación ni religiosa ni sindical ni política, pero que sean personas reconocida- mente éticas, conocedoras de los problemas de la ciudadanía, con amplias miras de diálogo y tolerancia, con perspectivas de futuro económico, sindical y político y que se comprometan a actuar no condicionadas por normas legales ni constitucionales, por sentencias judiciales ni por cortapisas jurisdiccionales, sino por las mejores opciones de futuro acordadas tras consultar a su propia conciencia y a los eruditos que ellos estimen oportuno.

Esta lista será llevada a un referéndum popular (al estilo suizo que realiza múltiples consultas anuales con carácter vinculante) en el que participen todos los que se sientan afectados por el problema de la pacificación y, en concreto, vascos y navarros, interesados principalmente por tener su domicilio en tierras del Pueblo Vasco. En este referéndum se determinará la lista de los «cuarenta principales de la paz» elegidos democráticamente entre los miembros integrantes en la anterior lista confeccionada con criterios mucho más amplios.

Este colegio de «mujeres buenas y hombres buenos», de «padres constituyentes» deberá ser consi- derado como cuerpo depositario de la voluntad de la sociedad civil y acordará por unanimidad o determinará por mayoría cualificada las bases normativas de rango definitivo, las cuales sin necesidad de ser refrendadas por ninguna otra institución parlamentaria, pasarán a ser refrendadas de forma definitiva por la sociedad civil. Y este referéndum les dará valor vinculante y a ellas tendrán que someterse todos los afectados por el problema inveterado de las relaciones del Pueblo Vasco con los estados español, francés y con una Unión Europea. Y así podremos concluir que el recurso a la sociedad civil es fuente y garantía de legitimidad democrática. -