Los derechos de propiedad intelectual se han convertido en una herramienta para que algunas empresas multinacionales acaparen los recursos naturales de muchas comunidades indígenas, sobre todo de América del Sur, Africa y Sureste Asiático, que han visto cómo se han apropiado de sus ancestrales conocimientos curativos. Uno de los casos más sonados fue el de la ayahuasca, una planta medicinal cultivada desde tiempos precolombinos y considerada «sagrada» por todas las naciones que integran la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Amazonas y el Ecuador, en la que se incluyen más de 400 nacionalidades indígenas que habitan la cubeta amazónica en nueve países.
Esta planta fue patentada por la International Plant Medicine Corporation de Estados Unidos, acción que fue calificada de «inmoral e ilegal» por diversas organizaciones humanitarias y ecologistas. Aquella patente movilizó a diversas organizaciones indígenas de nueve países sudamericanos, que consiguieron su cancelación por parte de la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU.
Pero éste no fue el único caso. Investigadores de la Universidad de Colorado patentaron una variedad de la quinoa, cereal rico en proteínas y parte esencial de la dieta de millones de personas en la región andina; la empresa francesa Dupont patentó una variedad de maíz con un alto contenido en aceite que ya era tradicional en México; un importador de madera americano patentó algunos usos del árbol Nim, empleado desde hace milenios como planta medicinal en la India. Al igual que ocurrió con la ayahuasca, estas patentes también han sido revocadas después de muchos años de perseverancia en los tribunales.
«Antropologos»
Sin embargo, esas revocaciones no han conseguido paralizar una práctica que fue denunciada incluso por la ONU. Así, la propia International Plant Medicine Corporation patentó en EEUU una variedad cultivada en Ecuador para aprovechar sus propiedades sicotrópicas, gracias a que las autoridades americanas no aceptaron las pruebas de su uso ancestral en Ecuador. Algo similar ocurrió con el arroz basmati, una variedad cultivada desde hace siglos por campesinos de India y Pakistán y que quiso patentar la empresa RiceTec, de EEUU.
Miguel Angel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, aporta casos más recientes, y recuerda que «en el mercado suelen aparecer de forma frecuente productos procedentes en su mayoría de países tropicales, donde existen culturas indígenas no transformadas que acumulan muchos conocimientos sobre plantas con principios activos».
Comenta que en Ecuador existe una rana cuya piel segrega una sustancia venenosa, que es utilizada para la caza con cerbatanas. Se trata de un potente analgésico que ahora, patentado bajo el nombre de Epivatirine, se utiliza para combatir el cáncer.
Otro ejemplo: los indígenas de Tanzania y Sudáfrica utilizan un cactus denominado hoodia para soportar el hambre y la sed en época de escasez, porque es un buen reconstituyente. Como inhibe el apetito, fue luego patentado para combatir la obesidad.
Otro más: en Nueva Guinea existe una planta usada por la medicina tradicional para aliviar el estrés, y ahora causa furor en las herboristerías de Occidente tras ser patentada.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado que hay cientos de casos como éstos, y acusan a ciertas empresas radicadas en países desarrollados de apropiarse de conocimientos curativos utilizados tradicionalmente por comunidades indígenas de países que están en vías de desarrollo.
«Además, hay muchos antropólogos sin escrúpulos que presentan como estudios antropológicos lo que en realidad es una captura de conocimientos. Acuden sobre todo a países de zonas tropicales, que es donde existe una mayor diversidad de plantas y animales y donde viven indígenas que siguen utilizando los recursos naturales como medicina. Este es el gran reservorio del que luego salen las patentes», informa Miguel Angel Soto.
La propiedad intelectual
Pero las protestas de organizaciones ecologistas y no gubernamentales no han podido frenar las prácticas de las multinacionales, que han inventado la palabra «bioprospección» para explotar la biodiversidad de las zonas donde los pueblos indígenas conservan conocimientos milenarios. Ese saber es recogido y patentado por los «bioprospectores» como si fueran hallazgos propios, obteniendo de esa forma grandes beneficios económicos para sus empresas.
El marco legal que favorece esta «piratería biológica» viene definido por los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, más conocidos como TRIPS por sus siglas en inglés. Este tratado asegura que los derechos de las patentes sean respetados por todos los estados miembros de la Organización Mundial de Comercio.
En su origen, el sistema de patentes trataba de impedir la apropiación indebida de los inventos industriales, pero estos Derechos de Propiedad Intelectual no se han adaptado a los nuevos tiempos. Por ello, desde hace poco más de dos décadas se han ido aprobando solicitudes de patentes sobre material vivo, algo que no había ocurrido antes y que ha creado una jurisprudencia muy polémica. Además, la evolución de la ingeniería genética y de la biotecnología han dejado todavía más desfasada la normativa sobre patentes.
Un inmenso negocio
Detrás de estas prácticas de biopiratería se encuentra un inmenso negocio. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el valor de las plantas medicinales de países del Sur utilizadas por la industria farmacéutica de países desarrollados supera los 30.000 millones de euros al año.
El actual sistema de patentes y comercio está provocando además una concentración de estos recursos en unas pocas manos, ya que sólo diez empresas poseen una participación del 84% del mercado global de productos agroquímicos, y otras diez compañías (Monsanto, DuPont, Syngenta y Advanta son las más importantes) controlan casi un tercio del mercado mundial de semillas y prácticamente la totalidad del mercado de semillas manipuladas genéticamente.
Además de los recursos legales presentados ante las oficinas de patentes para evitar esta «piratería biológica», algunas comunidades indígenas están encontrando formas innovadoras para proteger su propiedad intelectual. Unos pocos países, como Perú y Panamá, han elaborado leyes en las que se reconocen los derechos de sus comunidades indígenas sobre plantas y procedimientos que vienen siendo utilizados de forma ancestral para realizar curaciones.
Han creado sus propios registros, en los que se recogen bases de datos que recopilan sus conocimientos. Otros pueblos, como los inuit de Canadá, prefieren mantener un alto nivel de secretismo sobre estos saberes, pero conceden un acceso confidencial a funcionarios gubernamentales cuando se lo solicitan.
En el ámbito internacional, los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales están reconocidos por 170 naciones, que fueron las que ratificaron el Convenio Internacional sobre Diversidad Ecológica. Sin embargo, la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU«acostumbra a violar este Tratado», según denuncian diversas ONG, mediante la concesión de patentes que no tienen nada que ver con inventos, sino con seres vivos y prácticas ya conocidas desde hace cientos de años. -
IRUÑEA
Juan LOPEZ DE URALDE
| Director de Greenpeace en el Estado español
La asociación ecologista Greenpeace viene preocupándose por la «biopiratería» desde hace más de una década, según recuerda en esta entrevista su director en el Estado español, Juan López de Uralde.
¿Cuál es la posición de Greenpeace respecto
a la piratería biológica?
En el año 1995 Greenpeace consiguió sentar un precedente legal para impedir que las industrias se apropien de lo que no es suyo. En concreto, recurrimos la primera patente europea de plantas resistentes a herbicidas. Nuestra posición es que no puede haber patentes sobre la vida. Hay que diferenciar entre lo que es un invento, como puede ser el teléfono, y la naturaleza. Los inventos no tienen nada que ver con aislar genes o células y pretender patentarlas, o incluso seres vivos completos. Estos organismos son parte de la naturaleza y, por lo tanto, no son invenciones ni se deberían patentar.
¿Qué tipo de intereses existen tras estas
prácticas?
Lo que están haciendo algunas corporaciones multinacionales al patentar seres vivos es un gran negocio, y lo que quieren es tener el monopolio sobre esos productos y el control sobre la cadena alimentaria. Con las patentes de productos agrícolas, lo que están haciendo es robar a los agricultores sus derechos sobre determinadas especies o subespecies que se han venido cultivando desde hace muchísimos años.
Estados Unidos es el país preferido por
estas multinacionales para sus patentes. ¿A qué se debe?
En Estados Unidos está permitido patentar plantas desde el año 1985, y animales desde 1987. Nosotros estamos tratando de evitar que esto ocurra en otros países. Es cierto que el país donde más se está patentando es Estados Unidos, aunque son patentes de organismos que no necesariamente tienen que ser de allí, sino que pueden estar siendo cultivados en un país y sin embargo se patentan en otro. De esta forma obtienen un beneficio, que es la propiedad sobre ese tipo de cultivo.
¿Y no existe ningún organismo internacional
que controle este tipo de patentes?
El único organismo internacional que trata un poco este tema es el Convenio Internacional sobre Biodiversidad, que tiene precisamente la función de proteger la biodiversidad. Mediante este Convenio se intenta evitar la privatización de la biodiversidad por parte de las empresas y su concentración en unas pocas manos.
¿La situación en Europa respecto a estas
patentes es similar a la de Estados Unidos?
En Europa el tema sigue siendo bastante controvertido. La situación no es la misma que en Estados Unidos, como no lo es tampoco la expansión de los transgénicos. Lo que hay es una directiva europea de patentes de biotecnología, que se remonta al año 1998.
¿Cómo puede afectar una patente realizada en
Estados Unidos a un producto de la selva amazónica, por ejemplo?
Con esto ocurre como con la privatización de la tierra, ya que también se dan casos de empresas que compran grandes extensiones de selva amazónica. Hay comunidades indígenas que viven allí y que ni siquiera se enteran de que aquellas tierras han sido vendidas. Siguen viviendo allí, pero puede ocurrir que esas empresas decidan echarles por la fuerza de las tierras que han comprado. De la misma manera, si alguien patenta un organismo que está siendo utilizado allí, en un momento dado puede exigir cobrar por la utilización de ese producto. En principio, lo que se están patentando son genes u organismos modificados genéticamente, pero podría darse la paradoja de que alguien pretenda patentar y obtener derechos sobre la utilización de algo que las comunidades indígenas ya están utilizando desde hace siglos. De hecho, un país puede presentar una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio porque hay otro país que está utilizando un «invento» patentado en su territorio. -
Iñaki VIGOR
