Bichara Khader es el director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Arabe Contemporáneo de la Universidad de Lovaina y ha trabajado como asesor de Romano Prodi, durante su época de presidente de la Comisión Europea, para las relaciones entre la Unión Europea y el mundo árabe. Khader ha impartido esta semana en Iruñea un seminario sobre geopolítica organizado por IPES y Aldea.

Uno de los aspectos que Khader, de origen palestino y afincado en el Estado belga, trató fue precisamente el de las relaciones entre la Unión Europea y los países árabes, especialmente los de la orilla sur del Mediterráneo.

Entre los años 1957 y 1972, estas relaciones eran exclusivamente de carácter comercial. Las ex colonias árabes mantenían una relación casi exclusivamente con sus ex metrópolis con algunos acuerdos estrictamente bilaterales. En este período, debido a la precaria situación económica de la orilla sur del Mediterráneo, los países más industrializados de Europa -Alemania y los estados francés y belga, entre otros- recibieron un importante flujo de trabajadores árabes emigrantes. Con el objetivo de paliar esta situación, la entonces Comunidad Económica Europea puso en marcha en 1972 lo que denominó Política Global Mediterránea, un conjunto de protocolos financieros de ayuda con una filosofía exclusivamente comercial.

En cualquier caso, Khader destaca que Europa no obtuvo los resultados esperados con esta política, ya que no se consiguió desarrollar las economías árabes y la emigración se mantuvo. En este sentido, compara la situación en el Mediterráneo con la política que Japón llevó a cabo con los estados actualmente denominados «dragones asiáticos" (Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur). Gracias a la inversión japonesa estos estados pudieron desarrollarse, lo que benefició también al propio Japón.

Es algo similar a lo que está haciendo China con países como Tailandia, Vietnam y Laos y lo que se prevé que India lleve a cabo con los estados de su entorno.

Sin embargo, esta circunstancia no se produjo entre Europa y el mundo árabe. Mientras Japón realizaba el 20% de sus inversiones en países de su entorno, la inversión de Europa en el mundo árabe se quedaba en un 1%. Khader percibe que existía una reticencia europea a impulsar el crecimiento en el mundo árabe por temor a la competencia. Mientras que en la orilla sur del Mediterráneo, los sistemas políticos existentes, autoritarios, tampoco colaboraron a crear un clima de confianza.

Así las cosas, en 1992 Europa puso en marcha lo que denomina Política Renovada Mediterráneo. «La única renovación que se produjo fue que hubo más financiación para proyectos de colaboración, que, de todos modos, resultó insuficiente y que la política de cooperación se descentralizó", señala Khader.

Es decir, la cooperación pasó de ser una cuestión entre estados a abrirse a la sociedad civil. El objetivo era crear redes entre ciudades europeas y árabes, entre universidades de las dos orillas del Mediterráneo y entre medios de comunicación, entre otros.

En esta ocasión, el fracaso vino dado por las numerosas denuncias de fraude en torno a las redes de cooperación, dirigidas por entonces comisario Manuel Marín, actualmente presidente del Congreso de los Diputados español.

En 1995, la Unión Europea quiso dar un giro a su política de cooperación en el Mediterráneo y puso en marcha la Asociación Euromediterránea a través del llamado Proceso de Barcelona. Por un lado, estaban los 15 países que entonces formaban la UE. Por el otro, ocho países árabes situados a orillas del Mediterráneo (Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano, Egipto, Siria, Jordania y Palestina), además de Israel, Turquía, Malta y Chipre.

La cooperación pasó a ser concebida como una labor que debía desarrollarse en tre niveles: el económico, el de seguridad y el cultural y social.

Junto a ello, se puso en marcha una Zona de Libre Comercio (ZLC) en el Mediterráneo, que, una vez más, tampoco cumplió las expectativas con las que fue puesta en marcha.

A la hora de explicar las razones, Khader indica que existía una gran asimetría entre las dos orillas del Mediterráneo. De este modo, la desigualdad en lo que se refiere a la riqueza era de una proporción de diez a uno entre Europa y los países europeos. «Esta circunstancia provoca que exista un riesgo de imposición. Cuando uno de los socios es el que pone la mayor parte de la financiación, tiene la tentación de querer imponer sus criterios. Esto provocó una actitud de rechazo en la otra orilla del Mediterráneo", señala.

Junto a ello, los flujos económicos en el Mediterráneo no tenían la misma intensidad en una dirección que en la inversa. Así, para los países árabes Europa supone el destino del 50% de sus exportaciones -en países como Túnez este porcentaje llega hasta el 80%-, lo que convierte a la UE en un mercado imprescindible para estos estados. Las exportaciones europeas hacia los países árabes, en cambio, se sitúan en torno a un 3 ó 4%. Es decir, se trata de un mercado marginal. Las exportaciones hacia América Latina, una región mucho más alejada geográficamente, por ejemplo, suponen el 10%. Con este escenario, la voluntad de desarrollar una verdadera cooperación no interesa tanto en Europa.

Asimismo, la aplicación de la ZLC se realizó de una manera que provocó irritación en las sociedades árabes. En lo que se refiere a la libre circulación de mercancías, Europa consiguió poder vender libremente sus productos al sur del Mediterráneo, pero se mantuvieron los aranceles para los productos agrícolas árabes. Europa no quería que el desarrollo agrario de un país como Marruecos pusiera en riesgo al sistema agrícola de los estados español, francés, Italia o Grecia.

Libre circulacion en un sentido

 En la libre circulación de personas tampoco se hicieron mejor las cosas. Los ciudadanos árabes tuvieron que acostumbrarse a ver cómo los turistas europeos podían viajar a Marruecos o a las playas tunecinas sin necesidad de ninguna clase de visado, mientras que los ciudadanos de estos países tenían que hacer largas colas ante los consulados europeos para tratar de cumplimentar múltiples y farragosos trámites. La única solución posible aparece entonces en forma de emigración ilegal, cuando precisamente uno de los objetivos que tenía la UE era reducir la intensidad de este flujo.

Khader pone, asimismo, el acento en lo que denomina «ingenuidad" de la UE, al intentar un proceso de integración como forma de superar el conflicto árabe-israelí. «Se hicieron las cosas al revés que en el proceso de construcción europea. Tras la Segunda Guerra Mundial, se procedió a la reconciliación, fundamentalmente entre Francia y Alemania. Posteriormente, se pasó a la fase de normalización de relaciones y de fronteras y, finalmente, se llegó a la integración. En el Proceso de Barcelona se intentó comenzar con la integración antes que la reconciliación. Y no resultó", explica.

En este sentido, pregunta cómo puede cooperar Siria con Israel en materia de proyectos hidráulicos, aunque sean positivos para ambos, mientras el Estado hebreo mantenga la ocupación de Gaza, Cisjordania y los altos del Golán -territorio sirio- y aproveche para esquilmar los recursos hídricos.

Desde 1995 a la actualidad, el escenario ha cambiado sustancialmente en el Mediterráneo. La UE ha pasado de 15 a 27 miembros, entre ellos dos (Malta y Chipre) que en Barcelona se sentaban al otro lado de la mesa. Turquía ha conseguido el estatus de candidato, en el que corre el riesgo de eternizarse, e Israel tiene un acuerdo comercial propio con la UE.

Por tanto, la correlación de fuerzas ha pasado de 27 estados europeos frente a nueve árabes. «Se ha pasado de un escenario Euromediterráneo a uno Euroárabe. ¿Por qué no se aprovecha para extender la cooperación a los 22 países árabes?", pregunta Khader.

En este escenario se incluirían los emiratos del Golfo, poderosos económicamente, por lo que la UE dejaría de ser el socio rico que financia todo. Demográficamente, los dos bloques también estarían equilibrados, por lo que se podría alcanzar una verdadera cooperación. Pero, la UE no quiso hacer frente a las reticencias israelíes y, sobre todo, de EEUU, que reclama exclusividad en el Golfo para asegurarse el suministro de petróleo.

La UE optó en 2002, en cambio, por poner en marcha la Política de Vecindad, con el fin de crear «un anillo de amigos" en sus fronteras exteriores en busca de estabilidad y de seguridad. En esta política, compuesta básicamente de acuerdos bilaterales, se incluyen los siguientes países: Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, en el Este de Europa; Armenia, Azerbaiyán y Georgia, en el Cáucaso; el caso único y especial de Israel, y los países árabes de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Líbano, Siria, Jordania y Palestina.

A simple vista, se constata que es un conjunto extremadamente heterogéneo y con necesidades muy diferentes. «¿Qué tiene que ver un agricultor marroquí con uno ucraniano? ¿O un libio con un georgiano? Se ha perdido una oportunidad para lograr una integración en base a la lengua común que tienen los árabes", destaca Khader.