Por encima de polémicas, discusiones y recursos sobre el Impuesto de Sociedades, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno de Lakua, los partidos que los gobiernan, los empresarios y hasta el Gobierno español están de acuerdo en un punto básico: reducir los tributos que pagan las empresas. Aun así, las diferencias parecen suficientes como para que las haciendas apuren sus plazos hasta el límite. Las Juntas Generales de los tres territorios se disolverán a finales de marzo para convocar elecciones. Por ello, las diputaciones esperan llegar a un acuerdo que les permita aprobar en los consejos de gobierno de mañana la reforma del Impuesto de Sociedades, para poder remitir a tiempo los textos a las respectivas cámaras forales. Hasta ahora, Bizkaia y Gipuzkoa basan su propuesta en un tipo general del 28% frente al 32,6% actual, rebajándolo hasta un 24% a las pyme, que actualmente tributan un 30%. Sin embargo, Araba no ha manifestado claramente su opción. A este respecto, el diputado general alavés, Ramón Rabanera, afirmó al semana pasada que «estamos estudiando todo tipo de posibilidades". Pero las ventajas para las empresas no acaban aquí. Hasta ahora, las pyme pagan el tipo reducido sólo por los primeros 100.000 euros de ganancias. El proyecto de las diputaciones prevé ahora extender la rebaja al total de sus beneficios. Para las grandes empresas tampoco faltan facilidades. Con la actual legislación, el tipo real que pagan no es el 32,6% sino que se ve rebajado por deducciones en gastos que dediquen a Investigación y Desarrollo. Esta deducción cuenta ahora con un tope máximo del 45% de la cuota líquida que desaparecería.

Rabanera, sin prisas

Como medida de presión, Rabanera ha sugerido aplazar la negociación, diciendo que «no son buenos estos debates antes de unas elecciones" y que, en 2005, ya se aprobó el 29 de diciembre para el año en curso. Los empresarios han reiterado su opción de rebajar el impuesto hasta el 25%, argumentando que se acerca a la media europea. En cambio, los sindicatos no ocultan su malestar. LAB cree que las diputaciones se pliegan a las exigencias de la patronal. Acusa tanto a las instituciones forales como a los empresarios de actuar «de manera tramposa", porque «ocultan deliberadamente que el tipo efectivo que pagan las empresas es bastante más reducido que el tipo nominal del impuesto después de descontar las generosas deducciones y bonificaciones fiscales que contemplan las normativas de los cuatro territorios". Recuerda que en la CAPV el tipo efectivo del Impuesto en 2003 fue del 14,4% para las empresas que operan en un solo territorio, y del 21% para las que operan en más de una provincia (dentro o fuera de la CAPV). En Nafarroa, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades también ronda el 21%. Mientras que en territorio común (el resto del Estado español) el tipo efectivo fue del 24,4% en 2003. El responsable de Economía del sindicato abertzale, Rafa Izquierdo señala que «si comparamos la recaudación del Impuesto de Sociedades como porcen- taje de la riqueza generada (PIB) comprobamos que en UE de los Quince este porcentaje alcanza alrededor del 3,2% del PIB, frente al 2,5% en Nafarroa y el 2,1% en la CAPV". Por lo tanto, en lo que respecta al Impuesto de Sociedades, «las empresas vascas disfrutan de una menor presión fiscal y de un tratamiento más ventajoso que el de los países de nuestro entorno más cercano". Añade que, según un estudio de La Caixa, esta estrategia de competencia fiscal ha provocado que el tipo nominal medio del Impuesto de Sociedades en la UE-25 haya disminuido en 8,8 puntos porcentuales durante el período 1995-2005.

Menor gasto social

La consecuencia es obvia. Con una progresiva reducción de impuestos, los ingresos públicos se reducen. Esto lleva a LAB a afirmar que «no es casualidad que ocupemos uno de los últimos puestos de la Unión Europea en cuanto a presión fiscal refiere, y que al mismo tiempo estemos a la cola de Europa en materia de protección social", concretamente en el 19% del PIB, 9 puntos menos que la media de la UE (28%). «Por otro lado, la presión fiscal total (es decir, impuestos más cotizaciones sociales) en Hegoalde apenas supera el 30% del PIB, mientras que la media de la UE sobrepasa el 40% del PIB", afirma. LAB denuncia que, «en lugar de caminar hacia la convergencia fiscal y social con Europa las instituciones forales nos arrastran por la peligrosa pendiente del dumping fiscal, estrategia que tendrá consecuencias negativas en la política social". Por su parte, CCOO coincide con esta idea al indicar que la rebaja de los tipos de gravamen supone una pérdida de recaudación y por tanto, de recursos para el desarrollo de políticas públicas. Eduardo García Elosua, responsable de Acción Sindical CCOO Euskadi, estima que la reforma «es innecesaria ya que el tipo efectivo que pagan las empresas vascas, una vez descontadas las deducciones, se sitúa en el 21,5% frente al 32,5%, lo que hace que el impuesto sea perfectamente competitivo en el marco de la UE". «Por otra parte -añade García Elosua- la rebaja sería injusta si tenemos en cuenta el crecimiento de los beneficios empresariales y que una gran parte del mismo no se dedica a la inversión productiva sino que se transforma en inversión financiera, lo que no aumenta el potencial de crecimiento de nuestra economía". Para CCOO, el resultado final de la reforma tal y como está planteada, «será una disminución en el tipo efectivo en un porcentaje similar al tipo nominal, con la consiguiente pérdida de aportación de las rentas de capital al sistema tributario en relación a la aportación de las rentas de trabajo".

Beneficios empresariales

 En opinión de Pilar Collantes, secretaria de Acción Sindical de UGT, «no se entiende cómo las diputaciones se ponen de acuerdo con respecto al IRPF y, sin embargo, no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo en materia del Impuesto de Sociedades, a pesar de la constatación de las grandes cifras de los beneficios empresariales, que, por otra parte, no han repercutido en las condiciones laborales y económicas de los y las trabajadoras de Euskadi". Collantes opina que esta situación «es mantenida de forma interesada por las empresas y por las instituciones vascas, que siguen prefiriendo la indefinición y el oscurantismo en esta materia, al no plantear con claridad cuál es la fiscalidad de los beneficios empresa- riales en este País". UGT propone otra manera de repartir esos grandes beneficios empresariales a través de la negociación colectiva, consistente en que en todos los convenios colectivos se establezca el salario mínimo en 1.000 euros para todos los trabajadores. «Nos parece una medida necesaria y sería una formula adecuada de que la clase trabajadora recibiera esa parte propor- cional que por otra parte le corresponde de los beneficios de la empresa vasca", concluye.