¿Qué sabemos de su inicio?
Sabemos que el proceso arrancó tiempo atrás y que no es algo caído del cielo el pasado 22 de marzo. Durante años, unas veces de manera secreta y otras pública, se han ido produciendo distintos acontecimientos: las conversaciones entre la izquierda abertzale y el Partido Socialista, la caída del PP tras el 11 de marzo, la propuesta de Anoeta, la superación de un ciclo de ilegalización en las elecciones...

¿Y de las reuniones entre ETA y el Gobierno español?
Se sabe que durante 2005 se produjo una ronda de negociaciones entre ambas partes que concluyó con unos acuerdos que posibilitaron, a su vez, la declaración de alto el fuego permanente realizada por ETA el 22 de marzo de 2006. Que tras la declaración de alto el fuego se han producido varias reuniones, bajo el amparo de gobiernos europeos y con la presencia de organismos internacionales en fuciones de notaría.

 La última reunión se produjo en la primera quincena de diciembre y su celebración fue filtrada inmediatamente a través de «El Correo", aunque con el clamoroso error, quizá no del todo involuntario, de que había sido el primer encuentro entre ambas partes desde la declaración de alto el fuego. Como si nada hubiese existido en los nueve meses anteriores. Que en la reunión de diciembre ambas partes reconocieron la situación de bloqueo y que se concluyó que su superación pasaba por el acuerdo político a alcanzar por las fuerzas vascas para resolver el conflicto.

¿Qué sabemos de los acuerdos entre ETA y Gobierno español?
Que consistieron en una serie de compromisos y garantías para poder desarrollar el conjunto del proceso. Según dio a conocer GARA el 10 de julio, lo acordado recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. El Ejecutivo se comprometía también a aceptar sin ninguna limitación el contenido del acuerdo político alcanzado entre las formaciones vascas, y se establecía que la legislación vigente no sería una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio.

Asimismo, se comprometía a cumplir una serie de garantías: menor presencia y presión policial, ausencia de detenciones y respeto «de facto" a la actividad de la izquierda abertzale. ETA, por su parte, se comprometía a decretar un alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas ni explosivos. Sabemos que ETA, al reclamar en público el cumplimiento de acuerdos, ha reconocido su existencia, si bien no ha precisado su contenido exacto.

Sin embargo, se ha visto que el Gobierno ha negado tales acuerdos, aunque ha habido desde ámbitos cercanos reconocimiento implícito de la existencia de compromisos. Así, por ejemplo, con motivo del robo de pistolas en Nimes, el diario «El País" decía en su editorial que este robo «supone ignorar los contenidos concretos del acuerdo que dio paso al alto el fuego y que implicaba, según recogía el diario GARA el 10 de julio pasado, no realizar `tareas de abastecimiento de armas y explosivos'". Más recientemente, tras el ataque a Barajas, en el mismo diario madrileño se informaba de que «en las conversaciones previas al alto el fuego del PSE y ETA la representación socialista defendió mantener la Ley de Partidos y contempló la posibilidad de que Batasuna pudiera funcionar `de hecho'. También previó que si ETA cumplía su compromiso de alto el fuego, la actuación policial se relajaría. No ocurrió ni lo uno ni lo otro", concluía «El País".

¿Y de la actuación de ETA?
Que tras decretar el alto el fuego, en los primeros meses, el Gobierno de Rodríguez Zapatero reconoció que la organización armada vasca estaba cumpliendo su palabra. Determinados medios insistieron en que ETA enviaba cartas solicitando dinero, aunque de un tono difente a las anteriores al 22 de marzo, en sintonía, al parecer, con el compromiso de no utilizar ni armas ni explosivos contra nadie.

 Que ha denunciado los incumplimientos y la situación de bloqueo del proceso. En cada una de las reuniones con los representantes oficiales del Ejecutivo español, la organización armada ha puesto sobre la mesa la vulneración de los acuerdos. En el ámbito público, ya en mayo, en una entrevista realizada por GARA, dos representantes de ETA apuntaban que «el proceso no podrá avanzar si continúan los ataques de los aparatos de los estados". Preguntados por la expresión «alto el fuego permanente", manifiestaron que «expresa la solidez de la decisión de ETA, el alcance del compromiso de ETA y nuestra voluntad de llevarlo a término. Eso irá en función del desarrollo del proceso". «La respuesta de ETA estará en función del proceder que tengan España y Francia", recalcaron en otro punto de la entrevista. El 18 de agosto, en un nuevo comunicado para denunciar la crisis del proceso, ETA advirtió que «si continúan los ataques contra Euskal Herria, ETA responderá".

Se sabe que poco después de esos pronunciamientos tuvo lugar la aparición de militantes armados en un acto del Gudari Eguna en Aritxulegi y el robo de pistolas en el Estado francés, que las autoridades francesas y españolas han atribuido a ETA.

 Se sabe también que la acción de Barajas ha supuesto un punto de inflexión buscado por ETA.

¿Y del comportamiento del Gobierno español y del Partido Socialista?
 Que ha querido postergar o, al menos, retrasar la búsqueda del acuerdo político para la resolución del conflicto. Primero fue aludiendo a la verificación del alto el fuego, luego exigió la legalización como paso previo al diálogo político (algo contrario a los acuerdos suscritos) y, finalmente, se produjo una mezcla entre manifestaciones de optimismo, porque el proceso «iba según lo previsto", y muestras de cierta jactancia por haberse movido menos que José María Aznar durante la tregua del 98.

 Que, en general, el Gobierno ha incumplido sus compromisos y garantías. Se ha interpretado que, en muchas ocasiones, ello se ha debido también a la actuación de los estamentos de la órbita del PP.

Se sabe que tampoco ha movido resortes dentro de la legislación vigente para aligerar la situación de los colectivos represaliados, en especial de los presos, lo que ha provocado situaciones extremadamente graves, como la de Iñaki de Juana. Que Zapatero sí se comprometió, mediante su declaración del 29 de junio, a respetar la voluntad de los ciudadanos vascos, aunque bien es cierto que remarcó mucho los límites de la legalidad y que aquello no supuso un cambio real de dinámica en el proceso.

 ¿Y del Gobierno francés?
 Que ha insistido en que la cuestión es «un problema español", con la excepción de las primeras palabras de la ministra de Defensa, la labortana Michèle Alliot-Marie, tras la declaración del alto el fuego: «En la medida en que nos demos cuenta, en el futuro, de que hay una voluntad real de alto el fuego y una búsqueda cierta de soluciones, se podrán abordar todos los temas. Repito, todos".

¿Y qué se sabe de la mesa de partidos?
 Que nada más producirse el alto el fuego se oyeron las primeras voces para demandar su constitución, pero que el PSOE, con la ayuda del PNV, estableció el principio de «primero paz, luego política". Imaz y Zapatero lo consagraron en una reunión en La Moncloa.

Que el primer intento para poner las bases de esa mesa se produjo al calor de una embestida represiva del juez Grande-Markaska, que citó en el mes de mayo a ocho mahaikides por «reiteración delictiva". Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, los miembros de Batasuna anunciaron en privado que no iban a presentarse, lo que llevó a un acuerdo con el Partido Socialista, que evitó la agudización de la crisis. Por un lado, Patxi López reconoció a la izquierda abertzale como interlocutor necesario y abrió la posibilidad de un encuentro. Por otra parte, al día siguiente de la declaración del secretario general del PSE, Zapatero afirmaba en el Congreso que «no haber llegado a la paz no impide que el diálogo político empiece". Todo ello condujo a la reunión celebrada el 6 de julio entre sendas delegaciones, encabezadas, respectivamente, por Arnaldo Otegi y Patxi López. Pero pese al compromiso de buscar bases para la mesa política antes del 31 de julio, cuando llegó la fecha, según Batasuna, «sin entrar en el tema, con evasivas y una clara intención de retrasar la mesa política, los representantes socialistas se van de vacaciones".

Que después de la evidencia de la crisis en agosto, Batasuna instó a buscar un preacuerdo al Partido Socialista y al PNV, de tal forma que se instauraran las bases de la mesa de partidos donde cerrar el acuerdo político de resolución del conflicto. Diferentes medios indicaron que las conversaciones se iniciaron en setiembre y que se llegó a un primer acuerdo, que después no fue ratificado al intentar Batasuna dotarle de mayor orientación. Según la última versión, publicada por «El País" en enero, «en septiembre, PNV, PSE y la ilegalizada Batasuna mantienen contactos discretos para avanzar en la constitución de la mesa de partidos. Las conversaciones encallan en noviembre. Batasuna pretende cerrar un acuerdo previo a la constitución de la mesa sobre el derecho a decidir y Navarra. En este caso quiere aprobar un órgano común de Navarra y Euskadi, con capacidad legislativa. El Partido Nacionalista Vasco y el PSE se plantan". Desde Batasuna, Arnaldo Otegi afirmaba recientemente que hablar de un preacuerdo, como se ha hecho, «sería una interpretación muy generosa. No voy a negar que en esas reuniones se avanzaron cosas. El problema es hasta dónde se avanzó. Y las preguntas que volvemos a hacer es si alguien cree que es posible superar el conflicto sin dar una salida democrática consensuada a la territorialidad o si es posible hacerlo mediante una reforma estatutaria en tres provincias. No es posible. Ahí está la clave".