Del estado de urgencia al estado de excepción

El autor detalla en este artículo las medidas adoptadas en la legislación estadounidense, tomando como excusa el estado de urgencia generado por los atentados del 11 de setiembre. A través del desarrollo de la Patriot Act, han convertido en permanentes leyes que debían haber expirado a finales de 2005.

Jean-Claude Paye

Sociologo belga, autor del "El fin del Estado de Derecho. La cuestion"



En un artículo, aparecido el pasado 13 de enero en GARA, y titulado  «Introducción a la anomia en el derecho», abordaba una primera característica de las leyes antiterroristas norteamericanas: la posibilidad del Gobierno de encarcelar, sin juicio ni acusación y por un periodo indeterminado, a extranjeros sospechosos de terrorismo. Esas medidas están igualmente pensadas para extenderse al conjunto de la población. El objetivo del Gobierno de poder detener arbitrariamente a cualquier ciudadano al que denomine «combatiente enemigo» se recoge en la Military Commissions Act, pero éste no es más que uno de los aspectos contemplados en las leyes antiterroristas. Supresión del habeas corpus a las personas y vigilancia de la población son dos caras de la misma moneda.

La Patriot Act, votada inmediatamente después de los atentados del 11-S, permite un control generalizado (telefónico, postal, internet, los préstamos bibliotecarios...). Algunas de estas medidas se convirtieron inmediatamente en permanentes, aunque otras fueron concebidas para un periodo de cuatro años. Estas últimas, incluidas en 16 artículos, debían haber expirado a finales de 2005. Durante el proceso de renovación, por la Patriot Act Improvenement and Reauthorization Act de 9 de marzo de 2006, el Gobierno transformó la mayoría de las medidas temporales establecidas en 2001 en disposiciones permanentes.

Entre las medidas temporales que se han convertido en permanentes cabe citar la que autoriza a las compañías telefónicas y a los proveedores de acceso a internet a informar al Gobierno del contenido de las comunicaciones, siempre que esas compañías estimen que de las mismas se puede derivar amenaza de muerte o que incluyen una «injuria grave». Sin control judicial. Sin informar a la persona afectada.

La Patriot Act facilita al FBI la obtención de los datos de conexiones electrónicas, tanto de entrada como de salida. Este registro no precisa un mandato judicial. Antes, para hacerlo, el Gobierno debía probar primero que la persona vigilada era agente de una potencia extranjera. Ahora le basta argüir que la información  controlada guarda «relación» con una investigación relativa a terrorismo. La vaguedad de esta definición permite justificar cualquier investigación.

El artículo 218, convertido igualmente en permanente, autoriza investigaciones (registros) secretos en un domicilio o en una oficina si existe una «presunción razonable» que haga pensar que en el lugar existen informaciones referidas a la actividad de un agente de una potencia extranjera, sin que sean precisas pruebas o indicios de delito. Los agentes obtienen el permiso de un tribunal secreto creado en 1978 con la ley relativa a los servicios secretos. Antes de la Patriot Act, los agentes federales debían certificar que el objetivo primero de la búsqueda afectaba a la obtención de información relativa a un extranjero. Ahora, los agentes deben declarar simplemente que la búsqueda de información relativa a un extranjero es un «objetivo significativo» de su investigación.

Convertida también en permanente, la medida permite, tanto a un juez federal como a un magistrado de cualquier otra instancia, expedir una orden de registro de los datos, de entrada y salida, de una conexión electrónica, permiso que no precisa el número de IP y que puede ser de aplicación para el conjunto del territorio. Se trata de un auténtico cheque en blanco en manos de los agentes federales. El agente sólo debe certificar que la información que se busca es «pertinente en la investigación de un crimen en periodo de ejecución». El juez debe emitir la autorización, desde la recepción del atestado, incluso sin estar de acuerdo con el procedimiento en marcha.

La Patriot Act quiebra  la diferencia entre investigación criminal y trabajo de investigación, permitiendo al FBI desarrollar pesquisas en materia criminal y obtener las autorizaciones necesarias con procedimientos y garantías reducidos por la ley relativa al contraespionaje.

Así, se prolongan a un nuevo periodo de cuatro años las medidas incluidas en los artículos 215 y 206 de la Patriot Act. Mediante una autorización secreta de un tribunal, la sección 215 permite al FBI tener acceso a datos médicos, cuentas bancarias, préstamo sde libros en bibliotecas o cualquier otro dato tangible, sin que sea necesario para los investigadores demostrar que su investigación afecta a hechos conectados con el terrorismo o con una potencia extranjera.

En cuanto al artículo 206, autoriza a la utilización de conexiones «nómadas». Los agentes del FBI no precisan identificar al sospechoso para obtener la autorización para instalar su dispositivo. Se instala una conexión  «encubierta» al conjunto de los teléfonos instalados en la vecindad de la persona elegida o a sus relaciones, sin que sea necesario demostrar que el individuo en cuestión utiliza esos aparatos. Eso explica que semejante dispositivo sea denominado conexión «John Doe». Al no ser obligatorio identificar a la persona sometida a vigilancia, el Gobierno puede espiar el teléfono de cualquier individuo, sin ni siquiera tener que demostrar que éste guarda relación de un modo u otro con una potencia extranjera o simple- mente con alguna actividad criminal.

Se prorroga un procedimiento que autoriza al FBI a penetrar en el domicilio o en un despacho en ausencia de sus moradores. Durante esta investigación secreta, los agentes federales cuentan con autorización para tomar fotografías, examinar el disco duro de un ordenador e insertar en él un dispositivo digital de espionaje, denominado «linterna mágica».

Se amplían también las posibilidades de que disponen el FBI y otras agencias de obtener cartas de seguridad nacional (NSL, siglas en inglés), una forma de citación administrativa que da acceso a datos personales, médicos, financieros, a los archivos de agencias de viaje, alquiler de vehículos, así como a los ficheros de las bibliotecas. Antes de la Patriot Act, las NSL se limitaban a casos de personas «en relación con un poder extranjero». Esta ley amplía la capacidad del FBI fuera de ese marco. Durante los debates parlamentarios, quedó en evidencia que el Gobierno ha utilizado 30.000 NSL cada año desde los atentados del 11-S.

La Patriot Act ha creado también autorizaciones permanentes para el intercambio de información entre agencias de investigación y servicios policiales. El artículo 905 autoriza al ministro de Justicia a acceder a pruebas obtenidas por esos procedimientos de investigación y a introducirlos en un proceso judicial. En cuanto al artículo 504, autoriza la transferencia de investigaciones FISA (ley que codifica las disposiciones de espionaje) hacia las divisiones de lo criminal. El Departamento de Justicia ha admitido haber enviado 4.500 dossiers FISA hacia la división criminal.

De este modo, la Patriot Act, aplicada al conjunto de materias criminales, establece disposiciones en materia de espionaje que otorgan poderes excepcionales, prerrogativas de magistrado a la administración y sustrae sus actos a un control judicial real más allá de la autorización de tribunales de excepción, a menudo secretos. La «guerra contra el terrorismo» permite confundir los procedimientos de guerra y el control interno de la ciudadanía. No hay ya distinción interior/exterior. Cualquier persona se convierte en terrorista potencial y se ve sometida a una vigilancia inscrita en el marco de un estado de excepción. Estas medidas fueron justificadas inicialmente por una situación de urgencia. La renovación de la Patriot Act conduce, sin embargo, a su extensión en el tiempo. Al convertirse en permanentes, estos sistemas de control de la población inducen a una modificación de la forma del Estado. Un estado de excepción permanente acumula un conjunto de poderes, entre los que figuran las prerrogativas judiciales, y cuando esas prerrogativas judiciales pasan a estar en manos de la administración derivan en una forma de gobierno que en la teoría del derecho se designa con el nombre de dictadura.