Dicen que dijo Plutarco: "La peor forma de justicia es la justicia simulada», y aún hay quien ha añadido «No está la justicia en las palabras de la ley».

Y el refranero popular no es precisamente escaso en dichos que afirman la clara inclinación de la «Justicia» hacia el lado de los poderosos, a la vez que castiga con dureza los considerados delitos de los marginados o disidentes. Y es que lo sabemos todos: el sistema judicial, el de hoy y el de ayer, no es justo. Castiga con dureza, con crueldad en muchos casos, los delitos menores y mira hacia otro lado cuando el señalado es persona de rango o condición.

No es pues excepción el caso de Xabier Errea, condenado a 29 meses de cárcel por una supuesta agresión a un policía municipal, ni el de otras doce personas que podrían entrar al talego acusadas de usurpación y resistencia a la autoridad. Tampoco es de extrañar las multas puestas a otros defensores del gaztetxe Euskal Jai, imputados por su resistencia al desalojo y derribo de un frontón histórico.

De la otra parte, nada. Hubo más de 150 denuncias por agresiones, porrazos, linternazos, pelotazos, insultos, detenciones indiscriminadas, derribo ilegal y peligroso. Y nada. Ni un condenado, ni una triste multa.

Y no es sólo que el sistema judicial esté estructurado a favor de las autoridades, los adinerados y los poderosos; la legislación les defiende y ampara. De ahí que el Código Penal se reformase para criminalizar a quien se atreva a habitar o utilizar un espacio abandonado o vacío, público o privado. Sin embargo, cada día vemos cómo permite la acumulación de pisos, bajeras o suelo, por parte de inmobiliarias, asociaciones de constructores o particulares con la clara intención de especular con ellos. Cada uno saca su tajada de nuestra dificultad para encontrar un espacio donde vivir o donde desarrollar actividades en colectivo.

Fijémonos en la vivienda, necesidad básica de astronómico coste. El precio del suelo puede suponer hasta el 60% del precio final de un piso. Suelo que, en la mayoría de los casos, es propiedad de ayuntamientos, constructoras e inmobiliarias, o está en manos privadas. Además, existen más de 15.000 viviendas sin habitar en la cuenca de Pamplona, objeto también de especulación. Por último, el pago de los créditos hipotecarios a las entidades financieras supone de media más del 40% del salario. Y, a pesar de todo esto, se nos quiere hacer creer que la solución a este robo legal pasa por construir más pisos, cuando según el Colegio de Arquitectos español, la vivienda construida supera en siete veces la demanda existente. O cuando en Navarra se calcula que las viviendas sin habitar superan las 33.000, a las que hay que sumar más de 25.000 de viviendas secundarias. Y, sin embargo, existen planes para construir 74.000 viviendas. Unos planes bendecidos por el Gobierno de Navarra, que exceden con mucho la demanda existente y cuyo objetivo es seguir alimentando a la industria del cemento, los propietarios de suelo y los bancos.

No son todos estos tiburones de la especulación, que nos exprimen diariamente con los obligados pagos por tener un sitio en donde vivir, los que van a visitar las celdas de San Roque sin número. No, por supuesto; es sobre quienes de manera no violenta y poniendo en riesgo sus cuerpos sobre los que pende la amenaza de ser detenidos y encerrados.

Para los auténticos ladrones y para los verdaderamente violentos, policías nacional, foral y municipal, especialmente para los números de «élite» de esta última, comandados por el ex??-militar Simón Santamaría, quedan las alabanzas de los grupos municipales, responsables últimos de esta encerrona, principalmente el equipo de gobierno de la ínclita alcaldesa Barcina. Equipo que se carcajea de todos nosotros con el anuncio del inicio de las obras de un centro termal en el solar del antiguo Euskal Jai.

Por esto, creo que hay suficientes razones, una vez más, para salir a gritar que los usurpadores y los delincuentes son ellos, los que hacen negocio con una necesidad como la vivienda, los que no se sonrojan voceando sus astronómicos beneficios y los que se chulean de su poder «democrático» para echarnos de cualquier espacio donde tengamos algún grado de decisión real.

Porque no reconocemos un sistema judicial y una legislación que criminaliza el uso de espacios abandonados, exigimos la absolución de todos y todas las encausadas por el considerado delito de ocupación. Porque cuando vivir es un lujo, okupar es un derecho.