Ocho concejales y el propio alcalde de Zaldibia cuando ocurrieron los hechos deberán comparecer hoy ante la Audiencia Nacional española imputados por un supuesto delito de «enaltecimiento del terrorismo». La acusación deriva del nombramiento de Hodei Galagarra, vecino de Zaldibia y militante de ETA fallecido a causa de una explosión producida en septiembre del 2002 en Bolueta (Bilbo), como «hijo predilecto» de Zaldibia. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad la moción presentada por la asamblea de vecinos de la localidad.

Con objeto de denunciar esta actuación judicial y mostrar el apoyo de toda la izquierda abertzale a los afectados, Joseba Permach compareció ayer ante los medios de comunicación junto a seis de los nueve encausados. El mahakide de Batasuna comentó que «el único delito cometido» fue llevar a pleno una iniciativa popular; «una petición popular que ahora se quiere criminalizar y enjuiciar», apostilló. Y afirmó que «la legalidad excepcional del Estado español solo acarrea para la ciudadanía vasca injusticia española», y como ejemplo de ello citó las peticiones fiscales en el macrojuicio 18/98 o las últimas sentencias judiciales.

Ley de Partidos

Permach entiende que en el Estado español «se utilizan entramados de excepción para seguir enjuiciando a ciudadanos vascos» y explicó que esta práctica es utilizada tanto para «criminalizar e intentar encarcelar a militantes de la izquierda abertzale elegidos mayoritariamente como concejales», como para condicionar y evitar la participación de la izquierda abertzale en los ayuntamientos y otras instituciones mediante la aplicación de la Ley de Partidos.

Tras denunciar severamente «la situación de excepcionalidad que se aplica contra los ciudadanos de Euskal Herria», el dirigente de Batasuna exigió al Estado español que deje a un lado la vía de represión e imposición judicial ya que, en su opinión, de este modo sólo se consigue alargar el conflicto que vive este país.

Del mismo modo, pidió al presidente español, Jose Luis Rodriguez Zapatero, que escuche las demandas de la mayoría social de Euskal Herria en favor del diálogo y la negociación y apueste, «de una vez por todas y decididamente», por la solución democrática del conflicto.