Iñaki de Juana Chaos cumple hoy cien días de su segunda huelga de hambre, una protesta que no va a detener hasta que se produzca su puesta en libertad, según confirmó el mismo preso donostiarra ayer a su abogado defensor. Alvaro Reizabal le visitó en el hospital Doce de Octubre para informarle de la situación creada tras la sentencia firme adoptada el lunes por el Tribunal Supremo, que rebaja la pena a tres años pero no despeja las incógnitas sobre el futuro y la vida del prisionero vasco.

Antes de acudir a Madrid, Reizabal avanzó ya su intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional, puesto que la defensa insiste en que De Juana no cometió delito alguno en los dos artículos publicados en GARA. Así lo habrían entendido también varios magistrados del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que piensan formular votos particulares contra la sentencia. En el debate se impuso finalmente la opción de rebajar la calificación penal a «amenazas» pero mantener la condena en la cota de tres años de prisión ya que, según fuentes conocedoras del debate mantenido a puerta cerrada, «la mayoría de los magistrados en ningún caso hubieran revisado la sentencia por una pena inferior al tiempo que lleva en la cárcel».

El recurso ante el Tribunal Constitucional se fundamentará en la vulneración de derechos sufrida por el preso donostiarra en este proceso. Esta instancia, la máxima del Estado español, decide sobre estas cuestiones «de principios», sin entrar a revisar de nuevo el relato de hechos fijado en la sentencia.

El precedente de Guadalajara

La iniciativa judicial abriría además la puerta a una eventual suspensión del cumplimiento de la condena. Así lo reconoció Alvaro Reizabal en los micrófonos de Euskadi Irratia, donde trajo a colación que la práctica habitual es detener la ejecución de las condenas inferiores a seis años de prisión, como es el caso.

Por citar un precedente significativo, se puede recordar lo que ocurrió en vísperas de la Nochebuena de 1998 con los ex dirigentes del Ministerio del Interior José Barrionuevo y Rafael Vera, encarcelados en Guadalajara tras ser condenados de forma firme por el Tribunal Supremo por una de las acciones de los GAL, el secuestro de Segundo Marey, evidentemente de más gravedad que las «amenazas» aplicadas a De Juana.

Aquel 23 de diciembre, el Gobierno que entonces dirigía el PP aprobó un indulto parcial que rebajó la pena inicial para ambos desde los diez años hasta los tres años y cuatro meses. Eran más que los impuestos ahora a De Juana, y con el elemento añadido de que éste ha pasado ya más de año y medio en prisión por este caso mientras que para Vera y Barrionuevo sólo habían transcurrido tres meses. Pero inmediatamente, el mismo día en que se conoció la rebaja vía indulto, Instituciones Penitenciarias los envió a casa a pasar la Nochebuena. Ni siquiera esperó a que lo hiciera el Tribunal Constitucional.

Esta opción salvaguarda además el fondo de la protesta de Iñaki de Juana, que siempre ha argumentado que cualquier condena por ese hecho supone una injusticia porque no ha cometido delito alguno, y añade que castigarle por ello puede abrir una vía de ataque contra la libertad de expresión de los prisioneros vascos. Este es el primero de los motivos base de su huelga de hambre, según la carta explicativa que hizo pública el 11 de setiembre.

La defensa dispone de un plazo de 20 días para presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitar esta suspensión de condena.

No al tercer grado

El resto de posibilidades para que Iñaki de Juana recupere la libertad pasan por la vía del régimen penitenciario. Y aquí el abanico de opciones resulta ya muy variado, aunque con una característica común: la decisión final pasaría por las manos del Gobierno del PSOE.

Tras la visita al preso donostiarra, Reizabal confirmó que Iñaki de Juana no aceptará una excarcelación a través de la concesión del tercer grado, en coherencia con la práctica de los presos políticos vascos. Esta medi- da ha sido utilizada por el Ejecutivo para facilitar la liberación de otros presos tan conocidos como Rafael Vera (en este caso por el sumario de los «fondos reservados») o en su día del general Enrique Rodríguez Galindo (por el secuestro de Joxean Lasa y Joxi Zabala). Y acarrearía además la imposición de medidas restrictivas como tener que acudir a prisión para pernoctar varios días a la semana.

Sin embargo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Mercedes Gallizo-dependiente del Ministerio de Interior español- no necesitaría siquiera esta progresión a tercer grado. El artículo 100.2 del régimen penitenciario posibilita que presos en primer grado (como es el caso) o en segundo grado puedan ser excarcelados.

Otra de las opciones es la derivada del estado de salud de Iñaki de Juana, en situación muy grave después de afrontar 162 días de ayuno en dos tandas en los últimos cinco meses, y que está sufriendo ya el tercer ciclo de alimentación forzosa, siendo amarrado para ello a la cama de pies y manos. Un informe de los médicos del Hospital Doce de Octubre elaborado hace tres semanas y analizado con urgencia por la Audiencia Nacional alertaba del riesgo de fallecimiento, agravado por el mantenimiento de la protesta. Y la decisión del tribunal especial de autorizar la sedación ha disparado todas las alarmas entre médicos que siguen de cerca este caso. Según los últimos datos, Iñaki de Juana pesa 52 kilos.

Primero, Junta de Tratamiento

Para que Instituciones Penitenciarias decida hace falta primero que la llamada Junta de Tratamiento de cada prisión, en este caso la de Aranjuez (Madrid), elabore un informe sobre la situación del prisionero. Este órgano lo forman ocho personas, desde juristas, sicólogos y funcionarios hasta el director de la cárcel (algunos medios digitales aseguran que el actual responsable de Aranjuez es uno de los directores que dijo sentirse amenazado por los artículos de De Juana y declaró como testigo en el juicio). Su propuesta debe aprobarse por mayoría en esta Junta, pero no resulta vinculante para Instituciones Penitenciarias, que tendría por tanto las manos libres para decidir.

En este trámite deberá definirse también cuánto tiempo de la condena de tres años ha agotado De Juana. Ni siquiera eso está claro. La orden de prisión preventiva fue firmada el 10 de enero de 2005, pero otras fuentes sostienen que hasta agosto estuvo cumpliendo anteriores condenas, y que por tanto no ha agotado más de dieciocho meses, la mitad de la pena.