La tutela judicial sobre el derecho subjetivo al acceso a los servicios y prestaciones sociales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es el elemento sustancial del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales que Lakua comienza a tramitar. «La verdadera revolución del siglo XXI no radica en el reconocimiento de derechos, sino en la garantía del ejercicio de estos derechos y en la tutela judicial efectiva de los mismos», declaró ayer en Bilbo el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, en la presentación de sus líneas maestras.

Madrazo manifestó que el objetivo es que el sistema de servicios sociales «constituya el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones», aunque no entró a comentar cómo pretende afrontar su costosa financiación con las actuales prioridades presupuestarias del Gabinete Ibarretxe. En las disposiciones generales, por el momento, se remarca que la ciudadanía de estos tres herrialdes podrá reclamar sus derechos en este campo, al igual que lo hacen en las otras tres materias.

En esta línea, el consejero incidió en que la futura ley propicia «un cambio de mentalidad» ya que «se abandona la idea de que los servicios sociales son para los pobres». Por tanto, sus titulares son «toda persona empadronada en Euskadi, los nacidos en Euskadi que residen fuera y sus descendientes, así como toda persona que se encuentre en una situación de urgencia o de necesidad».

Este nuevo enfoque, subrayó Madrazo, supone que los servicios sociales dejen de ser percibidos «como un servicio asistencial y centrado en algunos colectivos concretos». Así, la futura ley -contemplada en el acuerdo de gobierno entre PNV, EA y EB- persigue que estas prestaciones «se perciban desde un enfoque universal para afrontar los retos sociales que tenemos y para todos las personas, sin discriminaciones ni exclusiones, cuando lo necesiten». La meta final es «favorecer la integración social y la autonomía de las personas, sin excluir a ninguna y sin ninguna discriminación».

«Queremos garantizar con la Ley de Servicios Sociales una imagen corporativa para todo Euskadi, un plan estratégico, un mapa de servicios, un sistema de información, de inspección y de evaluación, lo que son los elementos comunes del sistema vasco de servicios sociales, para garantizar el acceso a estas prestaciones en condiciones de igualdad», explicó el consejero.

Crecimiento desordenado

El anteproyecto busca también consolidar una red homogénea en la CAV, dada que en esta materia Lakua, diputaciones y ayuntamientos disponen de competencias en diferente grado. Por ello, apuesta por la coordinación y la cooperación.

Javier Madrazo abogó por «construir un sistema público vasco de servicios sociales verdaderamente articulado para toda la CAV, porque el acceso a los servicios sociales no puede depender del territorio en el que uno viva». Aun reconociendo que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa disponen de una importante cartera de prestaciones, el titular de Vivienda y Asuntos Sociales comentó que «ha sido un crecimiento desordenado, porque hay grandes diferencias en organización, atención, recursos, prestaciones y requisitos de acceso en función de los territorios».

Esta homogeneización de la red, en su opinión, tendrá que ser compatible «con una descentralización en la gestión del sistema», que ejercerán las diputaciones y los ayuntamientos, que son agentes fundamentales para el desarrollo de la red. No cabe duda de que los roces competenciales surgirán a lo largo de su tramitación.

Con esta legislación, el Gobierno de Lakua pretende afrontar nuevas realidades sociales emergentes, tales como el incremento de la edad de la población, nuevos modelos familiares, la multiplicación de casos de violencia de género, el aumento de la inmigración y nuevas formas de exclusión social.