ELA realizó un balance de la siniestralidad laboral que determina que el Gobierno de Lakua practica «la pasividad» ante la gravedad del problema, lo que beneficia a los empresarios de forma directa ya que «no ponen los medios para evitar los accidentes de trabajo» y «actúan con absoluta impunidad», lo que les permite «incrementar los beneficios al emplear a los trabajadores en condiciones precarias, que es la causa fundamental de la siniestralidad».

Janire Domínguez y Eustakio Uranga, del gabinete de Salud Laboral, y Adolfo Muñoz, «Txiki», responsable de Negociación Colectiva en la Ejecutiva, recordaron que la siniestralidad laboral «es una asignatura pendiente» de los gobiernos de Gasteiz y de Iruñea. Domínguez situó las causas fundamentales de la siniestralidad laboral en «la precariedad, la subcontratación y el deterioro de los derechos laborales que conllevan los puestos de trabajo menos seguros».

Para ella, «la patronal incumple sistemáticamente sus obligaciones legales, ya que practica el fraude de ley en la contratación, no invierte en materia de seguridad e impone ritmos de trabajo excesivos. En definitiva, -explicó Janire Domínguez- los empresarios siguen anteponiendo sus beneficios económicos a la seguridad y la salud de los trabajadores».

Eustakio Uranga reconoció que esa orientación empresarial se produce ante la «pasividad» de la Administración pública porque «no invierte lo adecuado en esta materia» ni pone en marcha el número necesario de inspectores de trabajo que controlen las empresas. «En nuestro ámbito contamos con un inspector por cada 15.000 trabajadores, cuando en otros países europeos la proporción es de entre 5.000 y 7.000 trabajadores por cada inspector», explicó.

Uranga destacó que el plan estratégico 2007 a 2010 sobre esta materia reconoce «que los países europeos, que cuentan con más inspectores, tienen unos niveles de siniestralidad más bajos». Criticó la Ley de Subcontratación, «porque propone topes de temporalidad del 70% cuando al día de hoy se sitúan veinte puntos por debajo» y lamentó que en el nuevo listado de enfermedades profesionales no incluya a las de «carácter sicosocial y musculoesqueléticas», a la vez que criticó la reforma de la incapacidad temporal, «que recorta derechos sociolaborales de los trabajadores».

Menos presupuesto

El representante de ELA también denunció que el Gobierno de Lakua destina «pocos recursos para hacer frente a la gravedad de este problema», ya que entre 2000 y 2005 «sólo destinó el 0,022% del PIB».

También valoró de forma negativa los planes de choque de Osalan, «organismo burocrático e ineficaz», según ELA. «En el sector industrial sólo se visitaron un 12% de las empresas seleccionadas y se impusieron dos sanciones por valor de 4.500 euros y en el de la Construcción, aunque en el 30% de las obras visitadas se detectaron infracciones graves, sólo se levantaron 11 actas de infracción con propuesta de sanción que no supera los 42.000 euros», dijo.

Adolfo Muñoz pidió a Lakua que actúe «con políticas integrales», demande «de forma activa» la trasferencia de la Inspección de Trabajo y «tenga voluntad de sancionar, que no existe en este momento».