La sala de macrojuicios de la Audiencia Nacional, en la madrileña Casa de Campo, alberga desde hoy la vista por las explosiones del 11 de marzo de 2004, que dejaron un saldo de 191 civiles muertos y 1.824 heridos, a los que habría que sumar la muerte varias semanas después en un asalto policial de un geo y siete presuntos autores del atentado, el más grave y trágico registrado nunca en el Estado español.

Una gravedad paralela a las cifras, de verdadero vértigo, de este juicio. 29 acusados se sentarán en el banquillo y se enfrentan a peticiones de pena que suman 270.600 años de cárcel. Durante la vista declararán, además de los 29 imputados, unos 650 testigos (algunos por videoconferencia) y 98 peritos. El sumario consta de 241 tomos con un total de 93.226 folios, que incluyen, entre otros elementos, las declaraciones de las 116 personas detenidas por la Policía española en relación con este caso; 200 pruebas de ADN y 50.000 registros telefónicos.

El juicio se desarrollará entre grandes medidas de seguridad y tras trabajos de acondicionamiento para albergar diariamente a un millar de personas, incluida una sala en el sótano donde víctimas y familiares visionarán el desarrollo del juicio desde varias pantallas.

Se prevé que el juicio dure no menos de cuatro o cinco meses. Pero hay prisa, toda vez que si no hubiera sentencia una vez cumplidos cuatro años de los atentados -en marzo del año que viene-, el Estado español debería verse forzado a efectuar excarcelaciones de acusados al cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva.

El juicio en curso por el sumario 18/98 ha sido recientemente trasladado a la sede central de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid.

Al margen de cifras y premuras, estos tres años previos al juicio han registrado una ofensiva del PP y de su cobertura mediática en un intento de sostener una teoría conspirativa que, desde las primeras horas tras el atentado contra los trenes de cercanías de Madrid, se les caía a pedazos y que fue determinante para que su Gobierno perdiera las elecciones dos días después, el 14 de marzo.

Las pesquisas policiales, los muy recientes análisis de los explosivos, el conjunto del sumario... todo confirma una trama islamista en venganza por el aval español a la invasión y ocupación de Irak. Por parte de un Gobierno del PP que, como se ha encargado estos días de airear la prensa vinculada al Gobierno del PSOE, enviaba por aquellos años policías a Guantánamo.