Los representantes de la AVT, que han tenido una participación testimonial en estos 15 meses de juicio, expusieron ayer su informe final. En sus conclusiones, a pesar de hacer suyos los principales argumentos del fiscal, los letrados de esta asociación mantienen la imputación de un delito de «integración en organización terrorista» sobre aquellas personas para los que la Fiscalía había rebajado su petición a un delito de «colaboración», y no han retirado los delitos económicos que los propios peritos de Hacienda refutaron, por lo que piden un mayor número de años de condena.

Los abogados Emilio Murcia y Juan Carlos Rodríguez Segura apenas dedicaron un par de horas a su intervención, y gran parte de la misma la dedicaron a ensalzar la actuación del fiscal durante la vista oral y la instrucción del sumario. A este respecto, Rodríguez Segura incluso pareció excusarse al manifestar que «hemos intentado hacer el papel más digno posible».

Fue su compañero quien inició la explicación del contenido del informe, anunciando que hablaría de lo que calificó «el aparato económico, el aparato mediático y el aparato de relaciones exteriores» de ETA.

Sobre el primero de los capítulos, Murcia sostuvo que «ha quedado acreditada la existencia de un aparato económico que, a través de KAS, ha financiado a todo el entramado terrorista», mientras que sobre «Egin» y su empresa editora, Orain, afirmó que tenían «vinculación con ETA».

El representante de la AVT también declaró que la línea informativa del periódico la marcaba un «Consejo Político exterior», ajeno al Consejo de Administración, y que algunos imputados ejercían de «comisarios políticos por delegación del aparato militar».

A continuación, Murcia citó a los procesados en esta pieza y cuando llegó a Xabier Alegria señaló que «ha sido identificado como Garikoitz -`Garikois' pronunció él-», agregando que «así lo ha reconocido él mismo en sus declaraciones». Dado que tanto el vecino de Lezo como su defensa han desmentido tajantemente este dato, cabe suponer que se refería a la declaración policial que la Guardia Civil, como relató Alegria, le hizo firmar bajo torturas, aunque el letrado no hizo mención de ello.

«Es fácil condenar torturas»

No fue la única ocasión en que los letrados de la AVT se refirieron a las declaraciones realizadas por quienes han denunciado torturas. Así, en la pieza de Xaki, Murcia señaló que «las declaraciones de Egibar dieron multitud de datos sobre el aparato de relaciones exteriores», para añadir a continuación que «se ha argumentado que esas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura». Dicho esto, el abogado apuntó que «el informe del forense viene a demostrar que no existen esos elementos que puedan quitar valor probatorio a sus declaraciones».

De hecho, fueron estas declaraciones lo único que esgrimió contra varios de los acusados en esta pieza. En el caso de Nakane Txapartegi, además, también citó su declaración policial para imputarla. También ella denunció torturas en un testimonio que la Sala difícilmente podrá olvidar.

Rodríguez Segura también hizo alusión a este tema y, tras manifestar que «estamos acostumbrados a la denuncia de torturas», alegó que «se tiene un cuidado extremo en que los detenidos sean visitados por el médico forense, y es éste quien determina si hay o no hay torturas». En este sentido, declaró que los encausados «no nos han podido aportar ninguna prueba», y sentenció que «es muy fácil denunciar torturas, después de que uno ha declarado lo que ha querido y luego tiene que volverse atrás porque sabe qué es lo que le viene encima».

Al margen de hacer este tipo de declaraciones, Rodríguez Segura apenas expuso ningún argumento jurídico.

Sobre la pieza de Ekin se remitió a la «abundante prueba documental que obra en la causa», que ni siquiera el fiscal ha podido aportar -Molina admitió que tenía muy pocos datos sobre este organismo-, y a la Fundación Joxemi Zumalabe la acusó de «subvertir el orden constitucional en el día a día».