En una rueda de prensa, la fiscal Alis Fariñas dijo que la petición de extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez está supeditada a la conclusión del expediente y confirmó la vigencia de la orden de captura dictada el 24 de febrero de 2005 contra el ex gobernante, que tiene 84 años.

El Defensor del Pueblo, Germán Mundarain, planteó la necesidad de que Pérez sea extraditado para que responda por las muertes ocurridas en «El Caracazo», entre el 27 de febrero de 1989 y la primera semana de marzo de ese año, cuyo número nunca pudo ser precisado y varía de unas 300, citadas por fuentes oficiales, a más de 1.000, según medios independientes.

La Defensoría considera que Pérez (1974-1979/1989-1993) tiene responsabilidad en esas muertes, ocurridas cuando el Ejército sofocó a tiros la ola de saqueos y desórdenes públicos registrados para protestar contra el aumento de precios, motivado por «ajustes económicos» aplicados por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informaciones periodísticas, actualmente Pérez podría residir en Nueva York, donde fue atendido por problemas de salud, aunque se recuerda que también ha vivido temporalmente en la República Dominicana.

Fariñas dijo que la Fiscalía comenzó las investigaciones en 2001 con el fundamento de copias certificadas de expedientes que en su momento levantaron los organismos competentes.

«El Caracazo» comenzó a ser recordado con actos oficiales sólo después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo considerara como una revuelta popular, «precursora» del levantamiento que lideró contra Pérez en febrero de 1992 y de la actual revolución bolivariana.