El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, acusó ayer al ex viceministro de Interior de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, y al líder de la milicia Yanyauid, Ali Kushayb, de 51 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el territorio de Darfur.

«De acuerdo con la información que tenemos, estas personas son algunos de los responsables», manifestó Ocampo en una comparecencia ante los medios, en la que rechazó pronunciarse sobre si acusará en un futuro a otros miembros del Gobierno sudanés u otros milicianos. «Somos una fiscalía y nos basamos en pruebas», dijo.

Según los fiscales, Ahmad Mohamed Harun reclutaba y buscaba fondos para la milicia Yanyauid, acusada de «cometer atrocidades contra la población negra» de Darfur, además de «incitar» a los ataques.

Ocampo precisó que Ahmad Harun, actual viceministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, financiaba a la milicia con «fondos que no estaban auditados públicamente». Basó su acusación en las pruebas recogidas en los últimos 20 meses y sostuvo que «actuaron juntos y con otros, con el propósito común de perpetrar ataques contra la población civil» de Darfur.

Argumentó que este viceministro declaró públicamente que se le había otorgado «todo el poder y autoridad para matar o perdonar a cualquiera en Darfur en la búsqueda de paz y seguridad». Sobre Ali Kushayb, en prisión desde noviembre de 2006, señaló que ordenaba a sus tropas cometer violaciones, agresiones sexuales, torturas y asesinatos contra civiles.

La oficina del fiscal ha realizado entrevistas en 17 países, obteniendo «más de cien declaraciones». Además, ha contado con la información recogida por la Comisión de Investigación de la ONU y por la comisión de Investigación Nacional de Sudán.

Casi una «misión imposible»

No obstante, Ocampo sostuvo que la investigación ha sido «muy difícil» y que se planteaba como una «misión imposible», porque las entrevistas tuvieron que hacerse fuera de Darfur a causa de la inseguridad. Además, no han podido entrevistarse con los acusados, pese a que lo solicitaron

La Cámara preliminar de la CPI deberá ahora revisar las pruebas reunidas por la fiscalía, decidir si son suficientes para llevar a los acusados a juicio y «asegurar la forma para que comparezcan ante la Corte», según palabras de Ocampo.

Los crímenes presuntamente cometidos por los dos acusados ocurrieron durante los ataques a cuatro ciudades y pueblos al oeste de Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004.