informe de la confederación sindical internacional (CSI)
Los 27 estados de la UE vulneran los derechos de los trabajadores
El exhaustivo informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) concluye que la Unión Europea de los 27 estados vulnera los derechos laborales de los trabajadores. Discriminación por razón de sexo y por raza, prácticas antisindicales, elevada temporalidad para estar atado a los designios del empresarios y trabajos forzosos, entre otros incumplimientos, se han detectado en la UE, cuyos dirigentes se vanaglorian de ser la cuna del desarrollo económico y social.
Juanjo BASTERRA | BILBO
El último informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre las normas fundamentales internacionales del trabajo sonroja a los 27 estados de la UE porque, en cada uno de ellos, se detectan vulneraciones de los derechos sociolaborales. La confederación sindical reconoce que la UE «constituye una de las economías más grandes del mundo», pero en el ámbito social y laboral «comete irregularidades muy importantes».
La CSI desvela que los incumplimientos de la legalidad internacional son «abundantes en contra de los trabajadores, pero a favor de los explotadores, los empresarios». El informe explica que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos sindicales y laborales han sido ratificados por los diferentes estados, salvo la República Checa y Estonia, pero «la violación de los derechos sindicales, sobre todo en los nuevos estados miembros, y la legislación laboral no siempre se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales. Hay carencias en lo relativo a la discriminación antisindical y al derecho a la huelga». Guy Ryder, secretario general de la CSI, afirmó que, aunque todos los miembros de la UE, han ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre discriminación e igual remuneración entre trabajadores y trabajadoras, «en Europa sigue discriminándose económicamente a las mujeres», dijo.
En este sentido, explicó que «en todos los estados miembros se puede comprobar que sigue habiendo una gran diferencia salarial, los índices de desempleo a menudo son mayores entre las mujeres y éstas se concentran desmesuradamente en trabajos a tiempo parcial o en trabajos menos remunerados del sector Servicios».
Ante este deterioro generalizado, el secretario general de la CSI recomienda «tomar, sin demora, medidas destinadas a combatir esa desigualdad». También denuncia «la discriminación de minorías étnicas, incluyendo a la minoría gitana existente en diez de los 27 estados miembro» y la explotación del trabajo infantil, las redes de prostitución y «el tráfico de mujeres».
Desigualdad salarial
En el análisis sobre «la discriminación e igual remuneración», destaca que sigue habiendo una profunda brecha «entre la legislación y la práctica» con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. «En Europa las mujeres ganan hasta un 40% menos que sus colegas masculinos, registrando índices de desempleo más elevados y están escasamente representadas en los cargos directivos», indica el estudio sindical, que lamenta que «en muchos países el acoso sexual es un problema».
En Alemania, como en el resto de los estados la legislación iguala a hombres y mujeres, pero en la práctica «están desproporcionadamente representadas en ocupaciones mal pagadas y sus ingresos medios son inferiores a los hombres».
En el Estado español, el informe de la CSI, detecta un salario inferior en un 30% y un «alto nivel de acoso sexual en el trabajo», lo mismo que se indica que se produce una discriminación salarial y laboral hacia los trabajadores extranjeros, ya que el 61,4% de los contratos que tienen son de carácter temporal. En el Estado francés, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el trabajo se encuentra en el 24,8%, según la CSI, en el sector privado, y del 14,2% en el sector público.
La explotación económica de los menores «es también un problema dentro de la Unión Europea. Se dan casos de trabajo infantil en prácticamente todos los estados miembro». El informe sindical reconoce que la explotación se concentra en actividades informales, en la Agricultura y los negocios familiares, pero «también se han encontrado violaciones de la edad mínima de acceso al empleo y de otras regulaciones sobre el trabajo infantil «especialemente en Bulgaria, Polonia, Rumania, Italia y Portugal». La CSI explica que «se utilizan niños en la prostitución y menores son forzados a trabajar en el servicio doméstico, a realizar actividades delictivas o a la mendicidad», El informe explica que en el Estado español la edad mínima para el empleo es de 16 años. La ley prohíbe el empleo de menores de 18 años en turnos nocturnos o en sectores considerados peligrosos. Tampoco pueden hacer horas extras.
«Este reglamento se cumple de manera eficaz en las grandes empresas», previene la CSI. Pero señala que «es más difícil que se aplique en pequeñas explotaciones agrícolas y negocios familiares». Calcula, por otro lado, que 5.000 menores, según un estudio de Save The Children, «son víctimas de la explotación sexual. Suelen ser niñas extranjeras de entre 17 y 18 años, traficadas ilegalmente en el país por redes organizadas de prostitución». En el Estado francés, según la CSI, entre 3.000 y 8.000 niños «fueron forzados a dedicarse a la prostitución, al trabajo doméstico, a realizar pequeños hurtos o a mendigar». La mayoría de todos fueron víctimas de tráfico ilegal de personas, «especialmente provenientes de Rumania, en concreto».
Empresarios, beneficiados
Otro elemento estudiado es la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva que, en general, se respeta en la mayoría de los estados. «Sigue habiendo dificultades en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania», indica, pero también países como Alemania en el que «no se penaliza lo suficiente el comportamiento antisindical de los empleadores y se producen limitaciones excesivamente amplias del derecho de la huelga, particularmente mediante definiciones excesivamente amplias de los servicios esenciales, que restringen los derechos sindicales básicos».
En relación al Estado español, la CSI reconoce que «los sindicalistas muchas veces son objeto de discriminación por parte de los empleadores, que se niegan a renovar los contratos temporales de aquellos trabajadores que practican actividades de sindicalización». La organización internacional critica la elevada temporalidad existente porque «influye de forma deter minante sobre las condiciones laborales de los trabajadores». El informe asegura que la inseguridad planea sobre el futuro de los mismos, por lo que «los empresarios tienen ventaja a la hora de actuar y negociar».
En el Estado francés la principal crítica de la CSI se debe a que los sindicatos no pueden representar a los marinos que trabajan a bordo de buques registrados en territorios australes y antárticos franceses, ni concluir convenios colectivos.
En Europa, las mujeres ganan hasta un 40% menos que «sus colegas masculinos, registran índices de desempleo más elevados y están escasamente representadas en los cargos directivos», denuncia el informe, pese a que las leyes hablan de igualdad.
5.431
Esa cantidad es la diferencia en euros que percibe una trabajadora en una empresa del Estado español respecto a un trabajador en tareas similares.
14,2%
En el Estado francés, según el informe, la discriminación salarial se produce también en el sector público en ese porcentaje .
10
En diez de los veintisiete estados de la UE, se discrimina a la minorías étnicas, entre ellas a la gitana.
El informe de la CSI critica la alta discriminación que sufren «los trabajadores extranjeros» en el estado español, porque el 61,4% de los contratos temporales se firman con ellos, lo que provoca «una desigualdad de trato muy pronunciada».
La explotación económica de los menores se producen también en casi todos los estados de la Unión Europea, sobre todo en la economía informal y la agricultura. Advierte que en muchas ocasiones son obligados a la prostitución.
El informe de la CSI muestra aspectos espeluznantes que ocurren todavía en la UE. «En prácticamente todos los estados, la trata de personas destinadas a trabajo forzoso o a la explotación sexual es un problema que se dan en cierta medida». Añade que «algunos países» obligan «a los prisioneros a trabajar para firmas privadas en condiciones que no se asemejan a una relación de trabajo libremente contraída, tal como especifica el Convenio número 29 de la OIT. Son contratados sin su consentimiento, cobran menos del salario mínimo nacional y no están cubiertos por la Seguridad Social, lo que supone una clara violación del artículo 2 de dicho convenio», precisa la CSI.
La organización internacional de la que son miembros ELA, UGT, CCOO y USO se refiere a varios estados. En Holanda, la Comisión de Expertos de la OIT en aplicación de convenios y recomendaciones internacionales ha criticado -según expresa el informe- la legislación en vigor respecto al trabajo de reclusos para personas o empresas privadas».
Según indica, ese trasvase de mano de obra no es compatible con los convenios internacionales y, en todo caso, «requiere del consentimiento libremente acordado del trabajador en cuestión».
También cita el ejemplo ocurrido en Italia cuando la Policía descubrió en agosto de 2006 un «campo de trabajo» en la región de Abulia, al sudeste del país, donde «docenas de polacos permanecían encerrados bajo llave por bandas mafiosas, que les obligaban a trabajar en condiciones de exclavitud en las huertas de tomate cercanas».
En Bulgaria, la CSI también critica la preocupación existente por el hecho de que a los prisioneros «la administración les asigne trabajos y les imponga sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento con la obligación de trabajar». Ocurre también en Alemania esta práctica, ya que como denuncia la CSI «mientras algunos reclusos tienen relación de empleo libremente escogida, otros son obligados a a trabajar sin su consentimiento en talleres gestionados por empresas privadas dentro de las cárceles del Estado. Esto constituye una violación de la legislación internacional», a juicio de la CSI. Austria también actúa así.
La elevada temporalidad en el Estado español, según la CSI, es un problema importante para ejercer la actividad sindical, dado que los empresarios actúan contra los trabajadores «sin ningún coste, dado que les permite actuar sobre ellos».
