Automovilistas Europeos Asociados (AEA) había recurrido ante el TSJPV el preámbulo del decreto de actualización de las tarifas para 2007, que establece como regla el redondeo al alza de las tarifas «a fin de facilitar la gestión del cobro del canon en metálico». Ahora, el tribunal lo ha admitido a trámite.

En un comunicado hecho público ayer, el colectivo de defensa de los automovilistas asegura que la aplicación de ese redondeo al alza de las tarifas «no está contemplado en la norma foral reguladora del Canon de Utilización de Infraestructuras Viarias dentro del territorio de Gipuzkoa». La asociación considera que ese redondeo es «absolutamente lesivo para los legítimos derechos de los automovilistas como consumidores de un servicio público esencial, como es el uso de la autopista».

Cuatro veces superiores al IPC

En esa nota, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, manifiesta además su «extrañeza» por el hecho de que «el mismo día en que entró en vigor una ley que mejora los derechos de los consumidores, entre ellos la nulidad de las cláusulas abusivas que contengan redondeo al alza de productos o servicios», la Diputación de Gipuzkoa haya comenzado a «aplicar un redondeo al alza que supone incrementos de las tarifas cuatro veces superiores a la variación interanual del IPC».

AEA hizo público recientemente un informe en el que denunciaba que en los últimos tres ejercicios, de 2005 a 2007, se había aplicado un redondeo al alza no autorizado en la fijación del peaje de la A-8. En concreto, el colectivo afirmó que en 2005 se llevó a cabo una subida media de tarifas del 5,19%, cuando la sociedad pública encargada de la explotación de la autopista, Bidegi, había propuesto un incremento del 3,04%, equivalente al 95% de la variación interanual del IPC en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Denunció, además, que en 2006, en lugar del 3,04% que figuraba en la propuesta de Bidegi, se aplicaron subidas medias del 7,16%, mientras que en 2007 los incrementos han sido del 7,42%, en lugar del 3,42% contemplado en el informe de la sociedad pública.