Ni siquiera el secretario de Organización del PSOE, el omnipresente José Blanco. Ayer hizo votos por no dejar morir al preso vasco, que cumplirá hoy 115 días en huelga de hambre. Sus declaraciones -descontada la atribución gratuita y de mal gusto al entorno del preso de buscar «un mártir»- se vienen a sumar a las de otro verbo ágil del partido, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con su petición de días atrás, tampoco exenta de epítetos, para que Zapatero «no deje morir» al preso vasco.

Esas apelaciones pretendidamente humanitarias sólo tratan de confundir sobre las responsabilidades que concurren en este caso. Hoy por hoy la única realidad es que, sean cuales sean los deseos de los altos cargos del PSOE, el Gobierno español, el único que puede hacerlo, sigue sin mover un dedo para evitar un fatal desenlace. De hecho, al avalar una nueva fase de alimentación forzosa mediante el abuso violento que supone tener al preso atado a la cama, ni siquiera puede pretender que actúa para salvar la vida de De Juana. Como han dejado patente los médicos, ni con eso se puede garantizar ya que no muera o sufra graves secuelas.

Los últimos datos conocidos sobre el estado del prisionero son extremadamente alarmantes. Se teme incluso que pueda entrar en coma. Y, sin embargo, el Gobierno español persiste en alargar el sufrimiento, ahora a la espera de que el alto tribunal ponga por escrito sus argumentos. Tres semanas han pasado desde que el TS cambiara la condena que la Audiencia Nacional impusiera al preso por un mero ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué y para qué se espera? No hay respuesta clara, sólo evasivas sobre el cumplimiento de la ley. Y, sin embargo, sólo hay una actuación compatible con el derecho a la vida: De Juana debe ser excarcelado. Es más, su reclamación de libertad además de justa es compatible con la legalidad española. Nada justifica, por tanto, que siga apagándose en un hospital. Si nadie quiere que muera...