El Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer una petición de la llamada «minoría progresista» para que se paralizaran los nombramientos de jueces en la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo español, que se encarga de ejecutar la sentencia de ilegalización de Batasuna.

Esta minoría reclamaba que se explicaran las causas por las que «se han seguido distintos criterios» para componer esta Sala Especial. En el ojo del huracán está el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, que respondió a esta demanda presentado ayer un documento en el que habla de «desprestigio y ataque injustificado».

En favor de la paralización de estos nombramientos se posicionaron únicamente siete de los diecisiete vocales presentes del CGPJ.