Los sindicatos ELA, LAB y EHNE, junto a los organismos ecologistas Eguzki, Ekologistak Martxan y Sagarrak, consideran que el Ejecutivo de Lakua es «excesivamente optimista» respecto a sus logros en política medioambiental en el periodo 2002-2006. Además, a la vista de las directrices que han conocido del nuevo Programa Marco Ambiental (PMA) 2007-2010, concluyen que el Gobierno Ibarretxe «ha reiterado su apuesta por el crecimiento sostenido en lugar de hacer una apuesta real, como sociedad, por el desarrollo sostenible a escala humana».

«Es un fraude hablar de transversalidad e integración de la variable ambiental en el resto de políticas cuando lo que realmente prima es que crezca el movimiento, la producción y el volumen de negocio», subrayan estos agentes sociales.

Aunque han sido invitados a participar en algunos foros de discusión sobre el futuro PMA, critican que no exista una verdadera participación democrática. «Es necesario algo más que oír nuestros planteamientos en los foros de debate; participar significa reconocer la posibilidad de que tras una deliberación democrática provechosa existen mecanismos para tomar decisiones basadas en criterios de justicia social y transformación ecológica», argumentan.

En su valoración, apuntan una «deriva antiecológica» de la Administración en proyectos de infraestructuras estratégicos como el TAV, la Supersur y el Segundo Cinturón de Donostia, de los que solicitan su paralización inmediata. Por ejemplo, no entienden que los responsables de Lakua constaten el agotamiento del actual modelo de transporte basado en el coche privado y, sin embargo, apuesta decididamente por la construcción de nuevas autopistas.

A estas organizaciones, según manifestó Carlos Alonso, de Ekologistak Martxan, les preocupa que Lakua fomente el «despilfarro de materias primas y energías», así como el «consumo de suelo en general y de tierra agraria en particular» para el desarrollo urbanístico, con ejemplos en Artziniega, Bastida, Bakio, Getxo o Mutriku, entre otras localidades.

En el ámbito del desarrollo territorial, estos sindicatos y colectivos ecologistas creen que la situación «es de emergencia», por lo que urge abrir paso a «una política de sostenibilidad urbana y territorial basada en evitar la fragmentación urbana, densidades residenciales elevadas y tramas densas que favorezcan un transporte público operativo y equipamiento sociales de proximidad».

Criticaron, asimismo, la falta de medidas prácticas para frenar el avance del cambio climático y que «todo se confíe al optimismo tecnológico», de modo que los problemas se van a resolver con el paso del tiempo; premisa que no se cumple.