Los representantes del observatorio de los derechos lingüísticos, Behatokia, Paul Bilbao y Arantza Haranburu dieron a conocer ayer en Bilbo el informe especial sobre «los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios en Euskal Herria». En dicho trabajo, como resumió Bilbao, Behatokia constata que «analizadas las diferentes normativas, la constatación es que no se garantizan tales derechos». Asimismo, el director de Behatokia subrayó también que «a pesar de que a los euskaldunes se nos reconozcan los derechos lingüísticos dependiendo del territorio en el que estemos, la vulneración se produce en todo el país».

Dentro del informe presentado ayer, Behatokia destaca que «cada año recogemos más quejas de los consumidores en el Teléfono del Euskara». Por ello, los rectores del observatorio lingüístico informaron que el objetivo del documento no es otro que «dar a conocer a la sociedad civil cuál es su derecho y recordar a las administraciones que está en su mano garantizar los derechos lingüísticos».

El informe de «los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios en Euskal Herria» está dividido en cuatro partes. La primera está dedicada a «definir los conceptos», la segunda incluye el análisis del reglamento jurídico, la tercera abarca las quejas y vulneraciones recogidas por Behatokia, y el último punto recoge las conclusiones. Así las cosas, Bilbao desgranó las diferentes normativas que actualmente pesan sobre el euskara a diferentes niveles.

En cuanto a la Unión Europea, Behatokia asegura que «sólo pone trabas a una lengua como la nuestra, ya que muchas de sus directrices suponen un impedimento para la normalización del euskara». Entre estas directrices, Paul Bilbao señaló como especialmente negativa la Directriz 200/13 CE, la cual sólo establece la obligatoriedad respecto a las lenguas oficiales, un reconocimiento del que el euskara no goza en este ámbito. Por ello, los representantes del observatorio lingüístico volvieron a solicitar ayer «el estatus oficial para el euskara en Europa». En cuanto al Estado francés, Behatokia subraya que éste sólo acepta una lengua, el francés, por tanto el conocido Code de la Consommation¯Libro del Consumidor¯, que regula los derechos de los consumidores y usuarios, no recoge la utilización de ningún otro idioma».

Respecto al Estado español, Bilbao destacó que la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios que se aprobó en 1984 no respeta los dere- chos de los euskaldunes, y citó que posteriormente «se han publicado varios decretos para establecer la obligatoriedad del castellano, concretamente en lo referente al etiquetaje».

Junto a ello, valoraron las situaciones que se producen en Hego Euskal Herria; en Nafarroa, señalaron, mediante la nueva Ley de Consumidores y Usuarios aprobada en julio de 2006, «se convierte en invisibles a los navarros vascoparlantes, ya que ni siquiera recoge sus derechos». Denunciaron, además, que el Gobierno de Nafarroa publicitó la ley con unos libretos únicamente editados en castellano. Un incumplimiento más de la normativa europea sobre los idiomas minoritarios.

Normativa sin desarrollo

En cuanto a la situación de la CAV, Bilbao subrayó que en 2003 «se dio un gran paso con la aprobación del Estatuto de los Consumidores y Usuarios». Esta normativa, a juicio de Behatokia, introdujo «una novedad fundamental, ya que por primera vez se reconocieron los derechos lingüísticos de los euskaldunes». A pesar de ello, Bilbao incidió sobre dos puntos que han «condicionado» el desarrollo del «Estatuto de los consumidores y usuarios». Para Behatokia, el principal escollo ha sido «que la ley no marca ningún tipo de plazo respecto a la progresividad de su aplicación». Por tanto, el observatorio lingüístico destaca que «la norma contempla el desarrollo de los derechos, pero en la práctica eso es algo que aún no ha sucedido.

Asimismo, denunciaron el hecho de que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, a pesar de estar en vigor el citado estatuto, «existen denuncias sobre su incumplimiento». Ante ello, Bilbao y Haranburu expresaron su malestar por el hecho de que, «a dife- rencia de lo que ocurre en Cataluña o Quebec, en el caso de incumplirse la ley sobre los derechos lingüísticos en la CAV, no se aplica ningún tipo de sanción o corrección hacia el infractor».