El presidente de Bolivia, Evo Morales, desea que la nueva Constitución otorgue a los indígenas derechos preferentes, incluida su autodeterminación, y que el Estado sea propietario de todas las tierras y recursos naturales. Además, plantea que la propiedad privada se restrinja, que la Iglesia católica pierda sus privilegios de religión oficial y que las organizaciones sociales integren un «órgano constitucional autónomo» que controle los demás poderes.

Así lo consigna, según difundió ayer Efe, el documento «Propuestas del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente», que analizan sus 255 integrantes.

Sobre las autonomías sugiere «el respeto a la voluntad de que los pueblos indígenas y originarios recuperen su derecho a la autodeterminación», y que el Estado les «devuelva» el papel «protagonista e incluyente».

«Los derechos de autodeterminación y autogobierno se ejercen a través de la capacidad de autonomía de los pueblos y comunidades», agrega la propuesta. Además, tendrán derecho a que se les consulte sobre la exploración y explotación de recursos en su territorio, e incluso el derecho de veto.

El Gobierno propone «un órgano constitucional autónomo» integrado por representantes de las organizaciones sociales, cuya función será «fiscalizar y vigilar las actuaciones y gestión del poder público».

El sistema judicial indígena, de aprobarse la propuesta, no atenderá a las reglas generales, sino que se conformará y funcionará de acuerdo a normas y procedimientos propios».

Morales plantea que los recursos nacionales son «propiedad del Estado», que participará «mayoritariamente en empresas productivas estratégicas».