No estamos ante una cuestión moral, estamos ante una cuestión que afecta a la igualdad, la dignidad y los derechos humanos. Sin embargo, las Cortes españolas acaban de dar otra «lección» de lo que no deben hacer sus señorías: escurrir el bulto y no tomar ninguna decisión. Mantienen la prostitución en el peor de los escenarios posibles para tratar de erradicarla, la alegalidad y, por no mojarse, ni siquiera han distinguido entre quienes ejercen la prostitución «libremente» y quienes son víctimas de las mafias. Dos situaciones que coexisten y que exigen respuestas diferentes.

Nos cuesta aceptar que la prostitución sea una actividad laboral que se ejerce de modo libre y voluntario, pero no se puede negar que ese mercado existe. Para comprobarlo basta con ojear los anuncios en los periódicos en los que se ofrece descarnadamente de todo.

Encarna Franco (www.e-leusis.net), firme partidaria de la regulación, mantiene que hay una realidad social que no se quiere atajar: la de las prostitutas que demandan derechos a través de sus asociaciones, mujeres que obtienen sus ingresos y su independencia económica prestando servicios sexuales. Ella propugna que, además de perseguir a las mafias, se regulen los derechos de las mujeres que, dentro o fuera de un local o en los márgenes de las carreteras trabajan sin derechos laborales y sin victimizar ni invisibilizar a las trabajadoras del mercado sexual porque en esta prestación de servicios el intercambio sea del cuerpo a cambio de dinero, lo que, dice, no tiene por qué ser indigno ni denigrante si es elegido y voluntario.

Lo cierto es que no existen datos fehacientes sobre la prostitución y las diferencias entre quienes la ejercen y, sin embargo, es necesario conocerlos. Hay que analizar de dónde provienen, su edad, dónde ejercen, las causas y motivaciones por las que son prostitutas, cuáles son sus problemas... y también la dimensión económica, porque está calculado que en el Estado español se «invierten» 50 millones de euros diarios en este mercado.

De lo que no hay duda es de que existen «clientes» a los que poco les importa si se trata de mujeres libres o víctimas de mafias y proxenetas. Eso es, justo, lo que nos gusta del sistema de Suecia, que penaliza a la clientela y, además, ofrece alternativas reales de inserción laboral a quienes ejercen la prostitución.

Pero a quienes les es exigible que se definan entre regulación o abolición, que para eso viven del erario público, es a las y los diputados, y de eso nada. La comisión Congreso-Senado, encargada de debatir el tema y proponer medidas legislativas hacia un modelo de regulación como el vigente en Holanda o hacia el implantado en Suecia se ha lavado las manos. Se ha limitado a recomendar al Gobierno campañas de sensibilización entre las mujeres vulnerables y extremar la persecución del proxenetismo y la trata de mujeres. Y eso, después de escuchar más de cien testimonios...