Desde que el pasado jueves el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, diera a conocer la decisión del Ejecutivo del PSOE de aplicar la prisión atenuada al prisionero político vasco Iñaki de Juana atendiendo a la legalidad vigente y a la gravedad de su estado de salud, la formación que lidera Mariano Rajoy no ha cejado de descalificar por todos los medios al PSOE y, en concreto, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer, tanto por medio de entrevistas como por actos de protesta, la dinámica de oposición del PP volvió a ser la protagonista de la jornada, con réplicas del propio Ejecutivo acusándole de «ir de la mano de la extrema derecha, con banderas inconstitucionales».

Como botón de muestra de las protestas que está llevando el PP contra el Gobierno del PSOE, el presidente español no llevó a cabo la visita prevista al ayuntamiento murciano de Lorca, donde centenares de personas se dieron cita con símbolos «preconstitucionales» -según indicaron las agencias de información españolas- para protestar contra la medida aplicada por el Ejecutivo de Madrid.

Comparecerán en el Congreso

Por tercer día consecutivo, el ministro de Interio volvió a comparecer en público y a incidir en las razones por las que el Ejecutivo del PSOE decidió aplicar la prisión atenuada a Iñaki de Juana. Además, en vista de las protestas que se repiten a diario, Alfredo Pérez Rubalcaba adelantó que el Gobierno español dará próximamente explicaciones al respecto en el Congreso de los Diputados. Extremo que corroboró el número dos del PSOE, José Blanco.

Pero más que ahondar en los argumentos jurídicos y «humanitarios» por los que decidió enviar a De Juana a Euskal Herria, el ministro de Interior aprovechó el mitin en el que participó en Alicante para recriminar al PP y, en concreto, a su dirigente Mariano Rajoy «su doble moral en torno a la política antiterrorista» y comentó que «no imaginaba nunca verles del brazo, codo con codo, con la extrema derecha manifestándose con banderas inconstitucionales».

«Elementos peligrosos»

Con declaraciones del mismo calibre, pero con acusaciones de mayor envergadura, compareció también el presidente del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen. El dirigente guipuzcoano acusó a «algunos sectores» del Partido Popular de «estar intentando provocar, en algunos casos, al Ejército», y al igual que los representantes del Gobierno de Madrid, también lamentó que «mucha gente y dirigentes del PP se hayan mezclado peligrosamente con personas de la catadura de Ricardo Sáenz de Ynestrillas y con otros elementos tan peligrosos como él».

Reprochó a la formación conservadora el que esté empleando «las mismas actitudes y esquemas» que, a su juicio, ha solido utilizar la izquierda abertzale en sus movilizaciones, en referencia a las «actitudes agresivas» que se dejan ver en las protestas del PP, y añadió que «están en una posición en la que creeen que con eso van a ganar votos, y yo pienso que lo único que están haciendo es crear una fractura social de consecuencias difíciles de prever».

Desde Nafarroa también acuñaron su posición en el rifirrafe político. El secretario general del PSN, Carlos Chivite, acusó de «cinismo demagógico e hipocresía política» tanto al PP como a UPN, y acusó al presidente navarro, Miguel Sanz, y al PP de haberse convertido «en los mejores cómplices y colaboradores de la estrategia política de los violentos».

Una posición diametralmente opuesta fue la que volvieron a resaltar desde las filas del PP. Así, el portavoz del PP de la CAV, Leopoldo Barreda, entiende que cuanto más datos se dan a conocer sobre la decisión del Gobierno español en torno a la aplicación de prisión atenuada a De Juana, «más evidencias hay de que ni siquiera se ha cumplido la legalidad o, por lo menos, el espíritu de la ley. Sobre todo, lo que está muy claro es que el Gobierno se ha rendido y que el presidente ha cedido al chantaje de un terrorista». Asimismo, adelantó que la manifestación que están impulsando desde la sede de Génova contará con la presencia de los representantes del PP de la CAV «porque es evidente que es oportuna, necesaria y los ciudadanos tienen derecho a mostrar su discrepancia con una decisión que ha dejado inerme a la democracia frente a los terroristas».

También el que fuera presidente español José María Aznar entró en la pugna dialéctica sobre la repatriación de Iñaki de Juana. Aznar, que se centró en dar respuesta al también ex presidente Felipe González, acusó al político andaluz de emplear «patrañas para tapar la escandalosa cesión al chantaje terrorista que ha hecho el Gobierno». Además, incidió que en las dos legislaturas en las que él gobernó «jamás» liberaron a ningún prisionero político vasco «por motivos políticos, y mucho menos como fruto de un chantaje».

Coincidencia de jueces y fiscales

Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales del Estado español contradijeron las afirmaciones del PP al coincidir en que la decisión adoptada sobre Iñaki de Juana es una medida «plenamente legal». Incluso la conservadora Asociación Profesional de Magistratura, habitualmente alineada junto al PP, reconoció que la decisión «tiene cabida en la ley, aunque no era la única alternativa y es cuestionable y discutible». Discutible, ya que entiende que la medida puede crear un precedente «peligroso» que, asegura, abrirá una profunda reflexión en la comunidad jurídica española.

Desde Jueces para la Democracia mostraron su respeto a la decisión gubernamental y aseguraron que «sólo hay que leer el auto para darse cuenta de que es una medida totalmente ajustada al ordenamiento jurídico, en la que no hay arbitrariedad ni chantaje».

Una opinión que fue también compartida por Eduardo Esteban, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Esteban hizo hincapié en que «el Gobierno tiene la facultad, a través de la Administración de vigilancia penitenciaria, de tomar la iniciativa que considere oportuna dentro de la legalidad, y eso es lo que ha hecho».