Pernando Barrena aseguraba el lunes que la propuesta presentada por la izquierda abertzale en el Anaitasuna puede permitir un acuerdo «en semanas» si existe voluntad. La frase no se asienta sobre el vacío, sino sobre la constatación de que en los últimos meses del pasado año se alcanzó un importante acercamiento entre izquierda abertzale, PNV y PSOE en la negociación política. Barrena añade que la iniciativa lanzada en Iruñea facilita «buscar intersecciones entre las diferentes culturas políticas».

La actitud de PNV y PSOE de evitar entrar en el debate político en torno a estas cuestiones hace conveniente acudir a sus textos normativos y sus declaraciones públicas para repasar cuál es su posición sobre las tres cuestiones centrales puestas sobre la mesa: el reconocimiento de Euskal Herria, el derecho a decidir y la territorialidad. Y siempre teniendo en cuenta que estos documentos no llegan al nivel de compromiso y definición alcanzado en la mesa de negociación política en torno al pasado noviembre.

Reconocimiento de Euskal Herria

La propuesta del Anaitasuna define con claridad a Euskal Herria como «nación, sujeto de derechos». Pese a que la cuestión se sitúa como base central de su propuesta, no parece que sea precisamente más espinosa de las tres a resolver.

El PNV aprobó en octubre de 2005, como «hoja de ruta» ante una futura negociación entre los partidos, el documento «Elkarbizitzarako bake-bideak». En él explica que lo que llevará a una eventual mesa de partidos será el Plan Ibarretxe. En éste, la formulación sobre la existencia de la nación vasca es muy similar a la que hizo la izquierda abertzale en el Anaitasuna. El preámbulo se inicia afirmando que «el pueblo vasco o Euskal Herria es un pueblo con identidad propia», «que se asienta geografícamente en siete territorios articulados en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes ubicados en dos estados» y que «tiene derecho a decidir su futuro». Y cita que ya en 1990 la Cámara de Gasteiz lo reclamó en una histórica votación que puso el acento en el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Por lo que respecta al PSOE, si bien en Euskal Herria no ha movido ficha al respecto en sus textos doctrinales (el último Congreso del PSE rechazó aceptar la consideración de nación) sí da por buena su existencia como concepto cultural o de la definición de «comunidad nacional» en procesos de reforma como el de Catalunya. La propuesta aprobada inicialmente por el Parlament, con el impulso del PSC, incluía esta consideración, aunque luego el PSOE logró «cepillar» el texto gracias al acuerdo con CiU. En su día, José Luis Rodríguez Zapatero fue llevado por el PP al Senado para explicar su posición sobre el términio. «Hay un derecho incuestionable a la autonomía de pueblos, entidades, nacionalidades, o como quieran llamarles», respondió con cierta despreocupación.

En cuanto al Estado francés, la «intersección» buscada por la izquierda abertzale tendría que situarse también en términos de reconocimiento de Euskal Herria por parte de París, «posibilitando un marco político e institucional para los tres territorios». Desde los poderes franceses se sigue rechazando incluso la demanda del Departamento, cuyo último ejemplos son las palabras de la candidata Ségolène Royal en su reciente visita a Euskal Herria. Pero la propuesta del Anaitasuna allana también notablemente el camino en este terreno, al subrayar que «para la aprobación y el desarrollo de este nuevo marco es imprescindible que sea apoyado por la mayoría de la ciudadanía». Lo que plantea exactamente es una autonomía de los tres territorios «con las competencias necesarias para poder garantizar la supervivencia de nuestro pueblo, lengua y cultura».

Derecho a decidir

Tampoco en este aspecto parece haber diferencias insalvables de criterio entre los tres principales implicados en la búsqueda de una solución, que han acercado notablemente sus discursos al respecto en los últimos años. Han contribuido a ello algunos matices y cambios terminológicos: el concepto de autodeterminación, tabú para formaciones como el PSOE, ha dado paso a otros como el de «respeto a la palabra y la decisión de la ciudadanía», que es como se fijó en el Anaitasuna. La iniciativa plantea «depositar la capacidad de decisión en manos de la ciudadanía vasca» y, por tanto, «abrir la puerta al desarrollo de nuestro proyecto político»: la independencia.

El Plan Ibarretxe presenta una formulación pareja, aunque algo más alambicada: «El ejercicio del derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro se materializa desde el respeto al derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de los diferentes ámbitos jurídico-políticos en los que actual- mente se articula el derecho a ser consultados para decidir su propio futuro, esto es, respetando la decisión de las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra, así como las decisiones de las ciudadanas y ciudadanos de los territorios de Iparralde, Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa»..

En cuanto al PSE, no niega el derecho a decidir de la ciudadanía vasca, aunque se resiste a aceptarlo como premisa para la conformación de una mesa de partidos y ha tratado de ganar tiempo asegurando que la cuestión debería abordarse en ese marco y no antes. En una entrevista a ``El Correo Español'' el pasado 15 de octubre, en plena efervescencia de la negociación política a tres bandas, López argumentaba que «el derecho a decidir existe. ¿Se puede mejorar? Quizás». En la misma entrevista, el líder del PSE confirmaba el acercamiento de posturas en este terreno crucial: «Creo que estamos a punto de conseguir un acuerdo histórico para lograr que desaparezcan 40 años de violencia». Antes, en su famosa declaración del 29 de junio, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que «el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción». Estas son las posiciones oficiales, pero por debajo hay otros episodios que dan pistas de la evolución del PSOE en este terreno, como la afirmación de Pasqual Maragall, tras reunirse con el propio López hace un año, de que «hay una comunidad de planteamientos sobre el derecho a decidir entre López e Ibarretxe». El PSE corrió a corregir a Maragall.

El PSOE tiene otra razón de peso para no posicionarse en contra en este terreno. Según una encuesta del Gobierno de Lakua hace ahora un año, un 78% de los ciudadanos cree que el pueblo vasco tiene derecho a decidir. Y sólo lo niega el 12%.

Territorialidad

La cuestión de la territorialidad es la más espinosa y está en el epicentro del bloqueo certificado en diciembre. La izquierda abertzale dio un paso adelante hacia la búsqueda del consenso en el Pabellón Anaitasuna, a través de la propuesta de autonomía tanto en los territorios del norte como en los del sur. La iniciativa subraya que para la entrada en vigor se necesitaría «la aprobación mayoritaria de la ciudadanía tanto de la CAV como de la Comunidad Foral de Navarra». Y plantea un estatus propio para Nafarroa por sus especificidades.

El Plan Ibarretxe se limita a indicar que los cuatro territorios del sur se configuran como comunidad autónoma. Impone además que esta fórmula se hace en régimen «libremente asociado al Estado español, en un marco de libre solidaridad», lo que le diferencia de la propuesta de la izquierda abertzale. No da una solución a los territorios del norte ni a Nafarroa, aunque en relación a ésta última recoge la opción de aplicar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que regula el polémico procedimiento de «incorporación». Que la izquierda abertzale va por otros derroteros lo confirma la aseveración hecha en el Anaitasuna de que «rechazamos los viejos esquemas anexionistas, integracionistas o particionistas». Así que las diferencias parecen notables, pero no insalvables.

¿Y el PSOE? Su posición en este terreno se perfila como el mayor escollo. El paso del Anaitasuna ha sido valorado como «avance» por Patxi López, que ha saludado «el reconocimiento de la realidad institucional de este país y por lo tanto buscar una comunidad política con Navarra si los ciudadanos así lo quisieran» por parte de la izquierda abertzale. El PSN no calla. En su último Congreso de 2004 aseguró que «siempre trabajaremos por Navarra como proyecto propio y diferenciado». Pero Carlos Chivite denota incomodidad con cuestiones como que el marco nunca haya sido votado por la ciudadanía.