La tradicional cumbre de primavera de la UE tiene en esta ocasión un fuerte componente ecológico. Los jefes de gobierno de los 27 se reúnen con un propósito principal: aprobar un paquete de medidas que permita presentar a la Unión como avanzadilla en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, parece que lo más fácil será sacar adelante un proyecto compartido para reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Como es habitual, el diablo está en los detalles, y será el reparto de cuotas que se fije a finales de año el que provoque el debate principal y el que arroje, a la postre, un mensaje más claro de hasta dónde alcanza el compromiso con el recorte de emisiones. En todo caso, un acuerdo limitado a esos porcentajes sería un compromiso que se quedaría cojo, ya que el meollo de la cuestión es poner al día la estrategia energética de la UE, lo que implica avanzar hacia modelos de producción y transporte que pivoten sobre las energías renovables.

En esta cuestión primordial las posiciones están más enfrentadas, lo que no es de extrañar cuando se constata que a día de hoy sólo un 6,3% de la energía que se consume en la UE procede de energías limpias. A la vista de esos datos parece preceptivo fijar cuotas que garanticen un salto sustancial en la sustitución de energías. Las recomendaciones no bastan.