En mi reflexión del pasado mes, tras la experiencia desoladora del atentado de Barajas, definía el clima social que entonces se vivía. Hablaba de «desorientación», ante las respuestas a dar a las preguntas que nos hacíamos: ¿Cómo situarnos ante la nueva realidad? ¿Qué hacer para evitar caer en la pasividad y en el pesimismo del «no hay nada que hacer»? La respuesta más generalizada era que se imponía la necesidad de seguir nuevas vías de diálogo. Renunciar al diálogo equivalía a entrar por los caminos de una violencia que cada uno trataría de legitimar desde sus propios planteamientos ideológicos.

Por mucho que se insiste en la necesidad de escuchar la «voz» de las palabras en lugar de oír el «ruido» de las armas, no parece que en esa línea se hayan dado pasos importantes. El recurso al diálogo se ha convertido en algunos ambientes en raíz de enfrentamientos encrispados que ponen de manifiesto que ni siquie- ra somos capaces de entendernos al enfrentarnos con el reto de hacer que ETA desaparezca.

Si estamos persuadidos de que los conflictos político-sociales han de resolverse por el diálogo y no por la violencia, hemos de plantearnos si el «diálogo» en el que decimos creer y en el que tantas esperanzas habíamos puesto, hemos sabido utilizarlo adecuadamente o si se han cometido errores cuyo injustificable desenlace ha sido el atentado de Barajas. Se nos impone la necesidad de una severa autocrítica, aun a costa de revisar nuestros planteamientos. La cuestión no es sencilla. Nadie puede pretender tener la clave de la plena solución. Pero si es verdad que la paz ha de ser un «bien público» todos hemos de hacer nuestra aportación, también pública, para descubrir las vías para conseguirla. Ello en un clima de credibilidad mutua, sin la que es imposible caminar políticamente juntospara alcanzar algo en común.

Es necesario hacer una elemental «limpieza» del lenguaje, para que los equívocos que puedan seguirse de su inadecuada utilización sean positivamente queridos en función de la estrategia oculta de quien se sirve de ellos, para el logro de la utilidad perseguida en cada momento. Palabras como conversaciones, diálogos, compromisos, negociaciones, acuerdos... tienen significaciones diferentes. Sabemos, además que en esas relaciones de comunicación es necesaria la «discreción» y, en consecuencia, una «no-manifestación» de la verdad que todos quisiéramos conocer. Otra cosa es la positiva voluntad de provocar el engaño y la confusión en los diversos niveles de comunicación, que lleva a la pérdida de la credibilidad mutua sin la que es imposible llevar adelante los procesos que puedan conducir a la negociación y a los acuerdos.

Hay que tener en cuenta, además, que no todos los procesos sostenidos por los diversos niveles de comunicación antes indicados son de la misma naturaleza. Los procesos de diálogo y negociación son distintos en razón de los objetivos que con ellos se pueden alcanzar, los sujetos que en los mismos hayan de participar, las condiciones que puedan o no ser aceptadas como posibles o necesarias, para que el proceso pueda llevarse adelante y, en consecuencia, si pueden darse o no límites a los contenidos de los debates, y cuáles las vías aceptadas para la superación de los bloqueos que puedan surgir. Estas y otras cuestiones parecen plantearse, vistas las cosas desde «fuera» de los mismos debates. Y son las que impiden que la demanda hecha desde la sociedad a favor de la solución «dialogada» de los problemas políticos quede reducida a una mera afirmación teórica y genérica a favor del «diálogo». Una exigencia del pueblo que, aun siendo necesaria en momentos especialmente delicados, plantea un tratamiento público más profundo, a fin de que esa opinión pública que tiene pleno derecho a expresar su voluntad pueda conocer mejor qué y en qué circunstancias es lo que se está pidiendo de ella en cada caso. De no ser así, es fácil que esa voluntad popular en la que radica el fundamento último de la democracia se convierta en el instrumento utilizado por los partidos al servicio de sus propios intereses.

De todo lo dicho pueden sacarse algunas consecuencias prácticas. Un caso concreto puede ayudarnos a comprender mejor lo que queremos decir. Suele plantearse frecuentemente el problema de cómo puede existir un diálogo real para lograr un acuerdo con el tema de la autodeterminación del pueblo vasco, de una parte, y la necesidad de que el acuerdo a alcanzar haya de ser compatible con la legislación y, en particular, con la Constitución española vigente.

Pero ¿cómo sería posible avanzar en un diálogo planteado en esos términos si es verdad que las condiciones impuestas por cada parte son absolutas e irreformables? Se dice que es el pueblo vasco quien ha de decidir su futuro en libertad. La primera exigencia de tal afirmación ha de ser que sea el mismo Pueblo vasco quien, sin injerencias, tanto del Estado español como de ETA, manifieste lo que quiere, por aquello de que en política se puede hablar y discutir de todo. En ese diálogo interno al mismo Pueblo vasco, los otros factores deben de estar al margen.

Otros distintos han de ser los parámetros en los que se planteen las relaciones de ETA con el Gobierno, a partir de la afirmación de que ETA no puede interferir en la elaboración de la voluntad política de los «vascos». Y otros también, los parámetros de las relaciones de un Estado que siendo un sujeto «político» ha de negociar un acuerdo también político, con la voluntad política expresada por los mismos vascos.

Se impone, por ello, la necesidad de pasar de las «buenas voluntades», a las «voluntades eficaces», a partir de la exigencia ética fundamental de hacer la paz. Diálogo y negociación sí, pero sin tutelas, amenazas y condiciones imposibles. Es el único camino para no caer en los errores del pasado.