Los abogados de la defensa denunciaron ayer en más de una ocasión la «falta de rigor» de los informes que sustentan las imputaciones contra los encausados, tanto al referirse al escrito de conclusiones del fiscal como a los trabajos policiales que Enrique Molina ha utilizado para elaborar esas conclusiones. Documentos, todos ellos, plagados de errores o de simples conjeturas, sin base probatoria.

El primero que reprochó al representante del Ministerio Fiscal la nula rigurosidad de su trabajo fue Jose Mari Elosua, cuando abordó los «delitos contables» que se les imputa a las personas relacionadas con las empresas Orain y Ardatza.

El letrado defendió que tal delito no existe en este supuesto y que ninguna prueba acredita que hubiera varias contabilidades en las empresas editora e impresora de «Egin». Sostuvo también que, aún en el caso de que hubiera algún delito, éste no podría imputársele a los miembros del Consejo de Administración de estas empresas por su simple pertenencia a estos órganos, tal como fija la ley.

Pero Elosua fue más allá, y haciendo valer las escrituras públicas y los registros mercantiles, explicó que estos imputados ni siquiera pertenecían a los Consejos de Administración en muchos de los años en los que, supuestamente, se habría cometido esos delitos -entre 1992 y 1998-, por lo que no se les podrían exigir responsabilidades penales.

Con los datos sobre los nombramientos y ceses en aquellas empresas en la mano, el abogado fue detallando el tiempo que estas personas formaron parte de los órganos directivos de ambas empresas, y en ningún caso coincidía con el período de tiempo limitado por el fiscal al hablar de ese delito.

«Se trata de errores graves e inexplicables», criticó Elosua, agregando que «me gustaría que el fiscal nos los pudiera explicar, pero desgraciadamente no está aquí». Molina, tras dos días ausente, volvió por la tarde.

«Proceso del confesionario»

El mismo reproche lanzó Alvaro Reizabal en este caso dirigido al informe de la Guardia Civil sobre la entrevista entre Javier Salutregi y Teresa Toda con José Luis Alvárez Santacristina, Txelis, en febrero de 1992.

La acusación, de mano del instituto militar y de la Policía española, mantiene que Salutregi y Toda fueron nombrados director y subdirectora de «Egin» a raíz de esa entrevista que, como los dos acusados relataron, tuvo un objeto meramente periodístico. Reizabal recordó en su intervención que los dos guardias civiles que redactaron aquel informe -que también asumió la Policía española- admitieron que no habían visto nada de lo que aconteció dentro del hotel en que se produjo la entrevista, y que mucho menos habían oído el contenido de la misma.

Dicho esto, el letrado se refirió al contenido del documento policial «cuya elaboración deja mucho que desear», y criticó que «está preñado de simples inferencias y conjeturas». Apuntó, asimismo, que sus autores habían reconocido que lo redactaron -tiene unas sesenta páginas- «en apenas una noche», estando uno de ellos en Madrid y el otro en Donostia.

Frente al contenido delictivo de ese informe, Reizabal opuso lo manifestado por Salutregi y Toda, y por los trabajadores del periódico cerrado por Baltasar Garzón cuando declararon en la vista oral.

Se remontó a 1991, cuando «Egin» acometió una profunda renovación que culminó en 1992, que se produjo tanto desde el punto de vista técnico y estético -«el nuevo `Egin'»- como de la estructura organizativa del diario, con cambios de secciones, rotaciones entre los trabajadores y, también, una nueva dirección.

En este sentido, se refirió al «proceso del confesionario», citado por acusados y testigos, por el que pasaron todos los trabajadores de «Egin» para exponer su opinión, y destacó que fueron esos mismos trabajadores los que designaron a Salutregi director y lo propusieron al Consejo de Administración. Éste, a su vez, eligió a Toda como subdirectora. Nombramientos, ambos, basados en la «competencia profesional», y no en ningún otro criterio.