El análisis político debería desarrollarse con cierta perspectiva, con un periodo de sedimentación que propiciara la aproximación a la objetividad. Es así como el método permite recordar y analizar hechos y situaciones que en muchas ocasiones, habiendo éstos adquirido un valor añadido en el tiempo, resulta que lo que se daba por definido y correcto, de hecho no aguanta el necesario contraste.

Teniendo presente el párrafo anterior, y ante la proximidad de una «contienda» electoral, permítanme adentrarme en los últimos acontecimientos y plasmar «mi» coyuntura política.

Hace aproximadamente un mes, en un acto de apoyo a los encausados en el macrosumario 18/98, entre los muchos invitados que intervinieron, Xabier Arzalluz afirmaba que «en el Estado español no hay separación de poderes y, por tanto, tampoco Constitución». Pudo haber añadido que donde no hay control del poder no hay democracia, ya que una cosa es la división formal del poder y otra distinta su separación efectiva.

Apuntaba bien Xabier Arzalluz -qué pena no haberlo hecho así en los últimos veinte años-, porque, hasta hoy, todos los gobiernos que han pasado por Moncloa se han esforzado en asentar caminos de blindaje para los gobernantes anulando, rompiendo, el principio democrático de igualdad ante la ley.

Basta con mirar en el currículo de personajes como Felipe González o José M. Aznar para poder afirmar que en la práctica han eliminado la responsabilidad política, alejando totalmente toda consecuencia penal.

Buscan la impunidad y para ello el camino se inicia en el Consejo General del Poder Judicial. A partir de este órgano todo magistrado termina por saber a qué atenerse, cuando se trata de resolver conflictos en los que se dilucidan intereses de los partidos políticos mayoritarios.

En esta democracia española el presidente del Gobierno, si tiene mayoría suficiente, puede nombrar a los presidentes del Congreso, del Senado y del Consejo del Poder Judicial. Ante esto quiero recordar que este sistema en el franquismo se denominaba «unidad de poder y coordinación de poderes». Hoy y aquí le llaman democracia representativa.

Así es como, poco a poco, quienes con su hacer profesional deberían apuntalar el sistema, lo están horadando de forma inmisericorde. Con su permanente e interesado afán por mostrar ser los únicos quienes desde la verdad defienden el binomio paz y justicia, han conseguido mostrar la famélica desnudez de la democracia española. Me estoy refiriendo a los que, un día sí y otro también, emergen desde sus despachos transformados con sus negras togas como adalides de la democracia. A quienes con sus filias, fobias, vicios y carencias, además de ratificar que en el Estado español no existe la separación de poderes, su indomable soberbia les hace mostrarse como lo que verdaderamente son, auténticos pretorianos. No es más que una simple conclusión a la que se llega haciendo una sencilla suma algebraica de sus actuaciones públicas. Bastaría recordar, para pulsar su manifiesta arbitrariedad, alguno de los innumerables ejemplos que llenan su andadura profesional.

Por citar uno, sirva este: a Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad y condenado por sustraer más de quinientos millones de pesetas de las arcas del Estado, así como por secuestrar al ciudadano francés Segundo Marey, nadie lo calificó ni vinculó en ninguna sentencia con actividad terrorista alguna. No así a los jóvenes menores de edad acusados de destrozar ramos de flores en la tumba de un conocido personaje político. Estos sí son vinculados con actividades terroristas. La calificación de pretoriano es, pues, ajustada a la clara y evidente inducción política de sus actuaciones.

Sin embargo, toda esta andadura, este andamiaje jurídico, no queda en la pura manifestación teórica. Tiene su traducción política, pues es su fundamento, tal y como se viene comprobando tras la barbarie política consumada con La Ley de Partidos, una ley que es a todas luces ilegal. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Diputados, por propia iniciativa, decidiera hacer una ley cuyo único objetivo es poner fuera de la ley a un partido político parlamentario? ¿Cómo es posible que el Congreso, que tiene por función controlar al Gobierno, se sirva de la filosofía del consenso para utilizarla como lanza para sacar de escena a un adversario que defiende su programa y sus convicciones mediante procedimientos democráticos?

En esa misma dirección apunta el fiscal Sr. Molina, en unas conclusiones suyas recientemente hechas públicas, cuando afirma: «para ser terrorista no es necesario pegar tiros». Comparto plenamente la opinión del Sr. Molina. De hecho, es perfectamente factible vincular con actividades terroristas a quienes califican y acusan de serlo a los que sin ninguna duda -como se ha demostrado en la vista oral del 18/98- se sabe que no lo son. Máxime si además se involucra a las instituciones en el fraude, tratando de obtener rentabilidad política. Esos, que no necesitan pegar tiros, son efectivamente terroristas. Tiene usted razón, Sr. Molina.

Con este panorama político no puede extrañar la actuación de la policía autonómica en Bilbo el pasado 24 de febrero. Como tampoco debería extrañar la argumentación al respecto ofrecida por el Gobierno del Sr. Ibarretxe. La actuación de la Ertzaintza en Bilbo no fue -como se ha dicho- una muestra de espontánea colaboración con el Gobierno de Madrid, una exhibición de su postura colaboracionista. Fue la expre- sión, una de ellas, no la única, calculada y pactada previamente.

Es parte del negocio político, que no siempre puede quedar en la penumbra de la impunidad. Con su increíble argumentación el Gobierno de Ibarretxe -presionado por la dirección de su partido- no dudó en situar en el mismo plano el atentado de Barajas y la actuación de la Ertzaintza en Bilbo. Es decir, tú das allí y yo te doy aquí. Es así de sencillo.

Quizá no sea demasiado tarde, es posible, pero -en mi opinión- sería conveniente que la izquierda abertzale actuara teniendo presente el perfecto conocimiento que tiene de aquéllos con quienes se sienta a la mesa.