La tesis de la acusación sobre la Fundación Joxemi Zumalabe es «un amasijo de contradicciones, de medias verdades y de un trato discriminatorio» sobre los procesados. Así lo denunció ayer el letrado José María Elosua, que acusó al fiscal Enrique Molina de «confundir y tergiversar» los hechos que son objeto de enjuiciamiento para sostener sus acusaciones.

Una «estrategia del totum revolutum» con la que el representante del Ministerio Público habría tratado de paliar la falta de pruebas contra la Fundación y los miembros del Patronato y trabajadores encausados, así como contra Mikel Zuluaga, autor de «Piztu Euskal Herria», imputado también en esta pieza.

Porque, como recordó el abogado, toda la prueba practicada a lo largo de la vista oral, incluso las declaraciones de los agentes de la UCI citados por la acusación, han confirmado la versión de la defensa, hasta el punto de que el agente de la Policía española que ejerció de portavoz admitió que debían modificar el contenido de sus informes.

«Por eso no han hecho ninguna mención, ni la más mínima, a la prueba practicada, ni siquiera a la que ellos han propuesto», señaló Elosua respecto del informe final expuesto por las acusaciones. Apuntó también que ni Molina ni el representante de la AVT se han referido a las declaraciones que los procesados hicieron en el momento de su detención «porque no había nada incriminatorio y coincidía con lo manifestado en la vista oral».

Elosua tomó la palabra después de que Aitor Ibero y Zigor Reizabal finalizaran su exposición sobre la pieza de Ekin.

Al inicio de su intervención, el letrado de la defensa recordó que las comunicaciones de la Fundación estuvieron controladas por la Policía española durante dos años, escuchas que fueron prorrogadas «mecánicamente» por el juez instructor, y sin que los motivos para ello tuvieran relación con la materia que se trata en este juicio.

Explicó también que cuando la Policía española registró la sede social de la Fundación se incautó de toda su documentación -actas, temas de debate interno...-, y afirmó que «la Fiscalía tenía todos los elementos para presentar a la Sala la realidad de la Fundación Joxemi Zumalabe, pero no lo ha hecho, porque no ha querido».

«Ha cerrado los ojos a toda la realidad que no concordaba con su tesis», criticó por ello.

«Retoque de la realidad»

En su denuncia, el abogado recordó también cómo el fiscal despachó su valoración de la fase testifical afirmando que las más de 80 personas que declararon lo hicieron porque «eran amigos» de los acusados y para «hablar bien» de ellos. Elosua destacó el renombre de estas personas, todas ellas referenciales en ámbitos políticos, sociales, sindicales, culturales y deportivos de Euskal Herria. «Con una sola frase, se ha pretendido descalificar todo el esfuerzo hecho por la defensa para aportar la verdad», censuró.

En esta misma línea, «ante la falta de material probatorio para sostener su acusación», para la defensa Molina «llega a deformar la verdad, aportando datos que no se corresponden con la verdad». Un «retoque de la realidad» del que Elosua expuso varios ejemplos a la Sala.

Citó, entre otros, que el fiscal incluye en su escrito de conclusiones la traducción errónea de un documento, que fue corregida en la vista por los traductores, a pesar de lo cual Molina insiste en poner el incorrecto.

El letrado habló también de «dos ejes» que soportan «las pretensiones condenatorias» de la parte acusatoria: que Joxemi Zumalabe Fundazioa y el documento «Piztu» están «supeditadas a ETA», y la existencia de una relación de la Fundación con la desobediencia civil que «ha pretendido complementar la acción de ETA». «Ambos ejes son inciertos, y no tienen apoyo probatorio alguno», defendió.

Tanto Elosua como su compañero Carlos Trenor fueron desgranando estas acusaciones y rechazaron, entre otras afirmaciones de la acusación, que la Fundación Joxemi Zumalabe sea «la sustituta de ASK» o que el texto «Piztu Euskal Herria» contenga los criterios de «la estrategia de desobediencia ci- vil de ETA».