La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara se dirigió recientemente al presidente Zapatero con motivo del naufragio de dos pateras en aguas del Sáhara Occidental. La respuesta subrayaba el compromiso de la política exterior del Ejecutivo español con «la defensa y la promoción de los Derechos Humanos» y con la búsqueda, en el marco de las Naciones Unidas, de una solución política justa «que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental».

Un mes después de esta respuesta, el Gobierno español, en su VIII Reunión de Alto Nivel con Marruecos, ha puesto de manifiesto que su apuesta por los derechos humanos y por el respeto a la legalidad internacional en el Sáhara ocupado es una pose oportunista de cara a la galería.

Zapatero ha hablado de «cordialidad» y de «hermandad» para referirse a su encuentro con el monarca marroquí. Nada les ha dicho, al parecer, a sus interlocutores marroquíes sobre la protección de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, ni sobre la liberación de los presos políticos saharauis y la investigación y publicación del paradero de los más de 500 civiles desaparecidos y 151 prisioneros de guerra. Sí ha admitido el plan de autonomía propuesto por Marruecos, «un cauce para retomar el diálogo y la negociación entre las partes interesadas en el conflicto». Dicho plan de cuño colonial señala las competencias de la futura región autónoma del Sáhara pero reserva la soberanía para el Gobierno de Rabat y no reconoce el derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui a pesar de haber sido incluido en todas las resoluciones de la ONU. Zapatero, al parecer, así defiende una solución que prevea la autodeterminación del Sáhara Occidental. Gracias por nada.

El Gobierno del PSOE ha optado por el camino más cómodo, por la protección de sus intereses políticos y económicos a corto plazo colaborando con un régimen que da continuidad a una trayectoria feudal, dominando el país con inusitada crueldad. Así lo atestiguan las organizaciones internacionales con denuncias que ponen sobre la mesa la violación masiva de los Derechos Humanos en el Sáhara ocupado, vulneraciones que tienen su raíz en la violación del derecho a la libre determinación del Pueblo Saharaui y que yo misma he podido constatar en encuentros con activistas de los Derechos Humanos durante una visita clandestina a los territorios ocupados.

Tras la anunciada venta de material bélico a Marruecos por valor de 200 millones de euros, la cumbre bilateral hispano-marroquí se ha saldado con generosos compromisos de la parte española, que concedera doscientos millones de euros en créditos FAD para la ejecución de dos proyectos de desarrollo energético en los que participan empresas españolas, además de la apuesta por el proyecto de túnel ferroviario del Estrecho, por la universidad hispano-marroquí de Tetuán y el apoyo a Tánger en su candidatura a la Exposición Universal de 2012.

Sí, Marruecos, el segundo país del mundo en incumplir resoluciones de la ONU (sólo superado por Israel), el país que viola sistemáticamente la legalidad internacional ocupando militarmente el Sáhara Occidental, el país que desde mayo de 2006 ha expulsado de El Aaiún ocupado a más de 20 delegaciones de observadores internacionales, el país dirigido por Mohamed VI ha sido elegido por el Gobierno español para hacer negocios.

Entretanto la Fiscalía ha pedido al juez Garzón que investigue a 32 altos cargos marroquíes por un presunto delito de genocidio y ha informado a favor de la admisión a trámite de una querella «contra gobernantes y militares marroquíes por su presunta responsabilidad en el genocidio, torturas, secuestros y desapariciones practicadas por el Reino de Marruecos contra el Pueblo Saharaui», presentada por asociaciones pro Derechos Humanos.

Es una paradoja curiosa que deja en evidencia al Ejecutivo del PSOE, que no duda en utilizar al Pueblo Saharaui como moneda de cambio en sus negocios con Marruecos. Muchas palabras pero ningún hecho. Lo dicho, gracias por nada.