La detención de tres ciudadanos vascos en Hendaia y Donibane Lohizune, contra los que existen órdenes de detención europea, pone de manifiesto, una vez más, que bajo la bandera de la creación de un espacio judicial común en la Unión Europea se avanza en realidad hacia un modelo de justicia que da prioridad a los intereses de los estados a costa de sacrificar, siempre que se vea necesario, los derechos procesales.

La orden de detención europea o euroorden tiene su origen en el consejo europeo de Tempere (1999), aunque no sería hasta después de los atentados del 11-S cuando entraría en vigor. El convenio fue firmado el 13 de junio de 2002, abriéndose un periodo para su introducción en las legislaciones estatales que se prolongó hasta diciembre de 2003. Los atentados del 11-M en Madrid, de los que ahora se cumplen tres años, marcaron un antes y un después. A partir de entonces hasta los estados más reacios a aplicar la euroorden se plegaron a su utilización. El juez que solicitó y vio autorizados un mayor número de mandatos de detención fue Baltasar Garzón, el mismo magistrado que ahora solicita la entrega por las autoridades de tres ciudadanos vascos: Iñaki Telletxea, Markos Sagarzazu y Xabier Irastorza.

Se da la circunstancia de que el mismo tribunal que estudiará en unos días la euroorden contra Sagarzazu e Irastorza denegó su extradición en mayo de 2003. De aceptarse ahora la entrega de estas personas estaríamos ante un escándalo mayúsculo, ya que salta a la vista que Garzón trata de conseguir mediante la euroorden lo que no pudo, en el caso de Irastorza y Sagarzazu, con un proceso judicial. Entonces Pau se opuso a la extradición tras aceptar el Tribunal que existían sospechas de que la única prueba contra los detenidos, la declaración policial de Iratxe Sorzabal, a su vez expulsada por el Estado francés, hubiera sido obtenida bajo la tortura. ¿Será capaz el tribunal de Pau de desdecirse cuatro años después y de obviar un testimonio de torturas que espeluznó a Euskal Herria sólo por saciar el ánimo de revancha de un juez al servicio del Estado español?