La Gendarmería francesa arrestó a primera hora de ayer a tres ciudadanos vascos en Hendaia y Donibane Lohizune en base a una euroorden emitida por el juez español Baltasar Garzón, que les acusa de ser militantes de ETA y de haber realizado varias acciones armadas en 1995 en territorio español. Los tres arrestados, Iñaki Telletxea, Xabier Irastorza y Markos Sagarzazu, aunque oriundos de Irun, residen y trabajan con toda normalidad en los municipios en los que fueron detenidos cuando se disponían a acudir a sus puestos de trabajo. Anteriormente, tanto Telletxea como Irastorza y Sagarzazu ya estuvieron recluídos en varias cárceles francesas, según informó el organismo antirrepresivo Askatasuna. Los arrestados permanecieron en la comisaría de Baiona hasta que poco después de las 15.00 fueron enviados al Tribunal de Pau para que les dieran cuenta de la razón de su arresto y de la petición de euroorden que había cursado en su contra el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.

Tras la pertinente diligencia judicial, los tres ciudadanos vascos fueron encarcelados por la tarde en la prisión de Muret-Seysses, en Toulouse. La Sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Pau ha fijado una audiencia para el próximo martes, 20 de marzo, para examinar las peticiones de euroorden, aunque previsiblemente será pospuesta a petición de la defensa que dirige la letrada Xantiana Cachenaut, según Askatasuna, que ya ayer pidió la libertad para los tres vascos.

Un tribunal, el de Pau, que ya el 16 de mayo de 2003 denegó la opción de extraditar a Irastorza y a Sagarzazu al Estado español por considerar, tanto los magistrados como la propia Fiscalía, que no estaba del todo despejada la sombra de duda sobre el trato que recibió la también irundarra Iratxe Sorzabal durante el periodo de incomunicación a manos de la Guardia Civil y cuya declaración policial fue el único sustento para la petición. Una declaración que negó ante el juez de la Audiencia Nacional y ante el que denunció haber sido objeto de torturas por los agentes del instituto militar. Los arrestos se han producido, por tanto, cuatro años después de que el Estado francés por vez primera asumiera de forma implícita la práctica de la tortura en el Estado español.

Imputaciones

Si en el caso de la petición de extradición contra Irastorza y Sagarzazu en 2003 la Audiencia Nacional les responsabilizó de la muerte del policía español Eduardo López Moreno en 1995, ahora, para cursar las euroorden, el juez Garzón acusa a los tres de la colocación de tres artefactos en Valencia, de pertenecer a la organización armada ETA y de tenencia de explosivos.

En concreto, Garzón acusa a Iñaki Telletxea, a Xabier Irastorza y a Markos Sagarzazu de pertenecer al comando «Ibarla» de ETA, al que la Policía española atribuye más de una veintena de sabotajes y atentados. El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha basado las peticiones de euroorden en tres acciones: la colocación de un artefacto explosivo el 13 de julio de 1995 en la A-7 a su paso por la localidad valenciana de Sagunto; la colocación, al día siguiente, de otro artefacto en el puerto de Sagunto; y la tercera, por la explosión, el 15 de agosto de 1995, de otra bomba en la autovía que une Valencia con Zaragoza. Todos los artefactos señalados explotaron sin causar daños personales.

Vista en Pau el próximo martes

Una vez que el Tribunal de Apelación de Pau informó a los procesados de la orden europea de entrega en su contra a primera hora de la tarde, los tres vecinos de Irun fueron encarcelados en la prisión de Toulouse. Será el próximo martes, día 20, cuando el Tribunal analice la instancia de Garzón y decida dar su beneplácito, o no, a la solicitud española. Pero, según Askatasuna, previsiblemente, la vista se pospondrá a petición de la letrada Xantiana Cachenaut para poder preparar mejor la defensa de los tres vascos ahora recluídos en la cárcel de Muret-Seysses.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado español, además de responsabilizar a los residentes en Hendaia y Donibane Lohizune de la colocación de los tres artefactos explosivos objeto de la euroorden, encuadra a Telletxea, Sagarzazu e Irastorza en el comando «Ibarla» de ETA, creado, a su juicio, en 1994 y encargado de realizar en torno a una veintena de sabotajes y atentados, también, contra la vida de un agente de la Policía española y otro de la Ertzaintza.

Consideran que el comando en el que les sitúan, fue el encargado de atentar contra la vida del policía Eduardo López Moreno en 1994, y contra el del agente de la Ertzaintza Ramón Doral, en marzo de 1996, mediante la colocación de una bomba lapa en los bajos de su vehículo. También atribuyen al comando «Ibarla» de ETA el atentado perpetrado contra El Corte Inglés de Valencia, en el que falleció una mujer y otras doce personas resultaron heridas.

El nuevo intento de Garzón

El organismo antirrepresivo Askatasuna, que dio cuenta del arresto de los tres vascos a manos de la Policía francesa, denunció la actuación del juez Baltasar Garzón y concluyó que «lo que no consiguieron antes con el procedimiento de extradición, lo pretenden buscar mediante la euroorden». Y es que si en los casos de extradición existe un procedimiento judicial previo para determinar la idoneidad de la entrega, en el caso de la orden de detención europea, o euroorden, sólo se realiza un mero procedimiento administrativo sin que se ahonde en la acusación judicial.

«Todo ello siempre, bajo la tortura, las leyes de excepción y, en general, mediante instrumentos de excepción creados expresamente para los vascos. La semana pasada pudimos ver el mismo proceder durante la detención de Mikel Ibañez en París, ya que después de que fuera extraditado desde Uruguay al Estado español fue absuelto y ahora, de nuevo, ha sido encarcelado», enfatizó Askatasuna, comparando el arresto de Ibañez con los tres practicados ayer por la Policía francesa, de los que es el juez Garzón el responsable principal.

Para el organismo antirrepresivo estas nuevas detenciones son el exponente de que «en Euskal Herria no existe democracia» y de la continua imposición por parte de los estados español y francés de «la negación, la partición y, como no, de la represión política». Pero Askatasuna entiende que tarde o temprano los resortes represivos de los estados se deberán desactivar para crear un marco democrático en el conjunto del país.