El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inició su intervención con una afirmación que sabía polémica: «Los miembros de ETA, en el supuesto de que en un momento determinado decidieran una actuación, que ojalá no se produzca, lo tienen más complicado en el sentido de que no pueden justificar que aquí se ha producido una cerrazón y una intransigencia por parte de Interior». Antes de que la bancada del PP comenzara a alborotarse, anunció que se trataba de una frase que pronunció Jaime Mayor Oreja tras un acercamiento de presos mientras permanecía secuestrado José Antonio Ortega Lara.

Así quedó clara desde un inicio la estrategia de defensa del Gobierno: hacer ver que no habían hecho nada que no hubiera hecho antes el PP cuando estuvo en la Moncloa. Dijo Rubalcaba que no quería caer en el «y tú más», sino en el «yo tampoco». Enumeró acercamientos y excarcelaciones durante los mandatos de Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Angel Acebes, para repetir que el PSOE había apoyado esa estrategia y que incluso en algún caso le pareció que se quedó corta. En su turno de réplica el ministro insistió en preguntar a Eduardo Zaplana «por qué ustedes sí podían hacerlo y nosotros no».

La comparecencia de Rubalcaba apenas introdujo novedades sobre lo ya expuesto en días anteriores. Salvo, quizá, la admisión de lo evidente, que «la política penitenciaria es un importante instrumento de la lucha antiterrorista», y la asunción de que toda las medidas que se adoptan en este campo son políticas y no sólo administrativas.

A lo largo de su alocución, el ministro dejó constancia de que hace suya la tesis de que «todo es ETA», cuando habló de documentos sobre cómo obtener beneficios penitenciarios realizados por «los abogados de ETA» y que obedecían a «un cambio de estrategia de ETA». También señaló que Mitxel Sarasketa fue excarcelado por una grave enfermedad (un derrame cerebral, precisó Zaplana) y luego «volvió a trabajar para ETA» -según palabras del ministro- como portavoz de organismos de apoyo a presos.

Además, el siempre calculador Pérez Rubalcaba estuvo a punto de ser traicionado por su subconsciente. Hablaba el ministro sobre las diferencias entre los tiempos «difíciles» en los que el PP hizo sus movimientos de presos y el momento actual, al que casi se refiere como «proceso de paz». Rectificó a tiempo para volver a la doctrina oficial de que «el proceso lo rompió ETA el 30 de diciembre».

Eduardo Zaplana fue el encargado de dar la réplica al ministro desde las filas del PP. Jaleado en todo momento por los suyos, demostró que no necesitaba escuchar al ministro para saber qué responderle, pues llevaba escrito su discurso. Su argumentario se centró en que el Gobierno había cedido al chantaje.

Rubalcaba quiso explicarle que el Ejecutivo, en realidad, había «neutralizado» dicho «chantaje», porque De Juana le había puesto ante la «disyuntiva imposible» de quedar en libertad o morir «y sigue cumpliendo su condena y sigue vivo».

Apoyo general

Tras el primer cuerpo a cuerpo entre Gobierno y PP -donde no faltó el habitual cruce de acusaciones- las intervenciones del resto de los grupos no se dirigieron a pedir explicaciones al ministro, sino en criticar la utilización que el partido de Rajoy está haciendo de esta materia con fines electorales. La manifestación del sábado y las palabras gruesas del PP, han llevado al resto de grupos a formar una especie de coalición en torno al Ejecutivo de Zapatero. Tal es así, que ni Begoña Lasagabaster, de EA, ni Emilio Olabarria, del PNV, mencionaron una cuestión de principios -que el miembro del Tribunal Supremo Joaquín Giménez recordó ayer mismo-, que en los artículos de Iñaki de Juana no había delito alguno.

El apoyo al Ejecutivo y el repudio a la estrategia del PP volvió a quedar patente en el pleno de la tarde, cuando el Congreso rechazó una moción que mezclaba la revocación del segundo grado a De Juana con la ilegalización de EHAK o la exigencia de que se impidan plataformas populares con la condena de cualquier negociación con ETA.

En definitiva, ayer, en sesión matinal y vespertina, el Congreso de los Diputados volvió a decirle al Gobierno que cuenta con 202 escaños -contra los 148 del PP- y con 14,9 millones de votos -frente a los 9,7 millones del PP- para dirigir la estrategia de la parte del Estado en la normalización democrática en Euskal Herria. La falta de apoyo no es excusa para no ser audaz.