Goirizelaia pide a los jueces que «no condenen el diálogo y la solución"
16 meses después de su inicio, el juicio por el sumario 18/98 afronta hoy su última sesión, en la que los procesados tendrán oportunidad de hacer uso de la última palabra. Ayer, en su intervención, Jone Goirizelaia reclamó a los jueces que componen el tribunal que «no condenen el diálogo y la solución", objetivo que, a su entender, buscan los impulsores de este proceso judicial que quedará visto para sentencia.
Iker BIZKARGUENAGA |
Jone Goirizelaia pidió ayer a los jueces que componen el tribunal del sumario 18/98 que «no condenen el diálogo», que «no condenen la solución». Lo hizo en su última intervención en este juicio, cuando reclamó también «una Justicia justa», que «no puede llevar más que a la absolución» de los acusados.
Al exponer sus conclusiones, recordó cómo su compañero José María Elosua manifestó la semana pasada que en el origen de todo este sumario se hallan las palabras «política» e «izquierda abertzale», apreciación con la que coincidió, apuntando que a ello hay que agregar el particular punto de vista que los impulsores de este proceso judicial «tienen sobre el conflicto y su modo de afrontarlo».
Un punto de vista en base al cual «el fin justifica los medios» señaló la letrada, en referencia a este mismo juicio. Una afirmación que disgustó sobremanera al juez Nicolás Póveda, cuyo codazo a la presidenta, Angela Murillo, no pasó desapercibido para nadie en la sala.
Antes, al acabar su alocución, Goirizelaia había denunciado que lo que el fiscal realmente reclama de los jueces es que «condene el trabajo a favor del diálogo y el acuerdo» realizado por los acusados y que es objeto de enjuiciamiento.
Llega la última sesión
«Aunque parezca mentira, vamos a entrar en la recta final de este proceso». Como apuntó la propia abogada al inicio de su intervención, el juicio del sumario 18/98 afronta hoy su última sesión, sus últimas horas, 16 meses después de que diera comienzo la vista, el 21 de noviembre de 2005.
Cuando en aquella lluviosa mañana de otoño los procesados entraron en el pabellón de la madrileña Casa de Campo, que algunos periodistas habían previamente bautizado como «la casa de las fieras», nadie podía intuir que en marzo de 2007 seguirían sentándose frente a los tres magistrados que componen la Sección Tercera de la Audiencia Nacional española.
En aquellas primeras sesiones, como ya habían hecho antes del juicio y han seguido haciendo en todo este tiempo, los acusados denunciaron el carácter político del juicio. Hoy, desde la sede la Audiencia Nacional de la calle Génova, ya que en la Casa de Campo se está celebrando el juicio por el 11-M, las 52 personas que permanecen encausadas tendrán la oportunidad de exponer sus últimas palabras antes de que el juicio quede visto para sentencia.
Ningún hecho delictivo
Antes, los letrados de la defensa deberán finalizar la exposición de sus conclusiones. Ayer abordaron las imputaciones personales sobre los encausados de la pieza de la Fundación Joxemi Zumalabe y analizaron casi toda la pieza de Xaki. Sólo queda la intervención de Iñigo Iruin respecto a las imputaciones que pesan sobre Joxe Mari Olarra y la exposición de José Ramón Antxia, imputado también en la parte de Xaki.
Sobre esta Asociación Europea habló de forma extensa Goirizelaia, quien puso en conocimiento de la Sala que -meses antes de que el juez instructor de esta causa, Baltasar Garzón, ordenara su ilegalización- el Tribunal Supremo español, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y la Sección Cuarta de la propia Audiencia Nacional habían descartado que hubiera desarrollado ningún hecho delictivo.
Garzón ordenó la actuación contra Xaki el 13 de marzo de 2001, aunque el único miembro de este organismo que permanece procesado, su presidente Mikel Egibar, fue detenido en marzo de 1999, dos años antes de la operación. El resto de las personas imputadas en relación con esta pieza no han sido nunca miembros de Xaki, y su actividad, que está siendo enjuiciada, está relacionada con el área de relaciones internacionales de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna.
A Nekane Txapartegi y Joxe Mari Olarra, el fiscal ni siquiera los encuadra en Xaki, y sin más detalles les imputa «integración» en ETA.
Respecto de Xaki, Goirizelaia explicó que esta Asociación Europea, incluída en el registro de asociaciones de Lakua y cuyo objetivo era dar a conocer la situación de Euskal Herria en el mundo e impulsar relaciones de hermandad con otros pueblos, estaba formada por siete personas, entre ellas periodistas, profesores universitarios y un sacerdote.
Varias de ellas ni siquiera han sido citadas en todo el proceso judicial, y respecto de las tres que sí lo han sido -además de Egibar-, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el TSJPV ordenaron el archivo de las causas.
El empecinamiento de Garzón
Y es que, en febrero de 2001, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional valoró que los hechos que exponía Garzón para sostener sus imputaciones «no presentan ningún signo de ilicitud». A la misma conclusión llegaron el Supremo y el TSJPV en mayo de 2000 y febrero de 2001, respectivamente, cuando el juez instructor les trasladó todo el contenido del sumario, el mismo que el fiscal ha utilizado ahora para argumentar sus acusaciones, y decidieron que no se podía «deducir ningún indicio de delito» ni acometer «ninguna acusación» por ello.
A pesar de todo, aunque las tres instancias judiciales «coinciden en que Xaki no puede declararse ilegal», en marzo de 2001 Garzón lo hizo.
Goirizelaia, tras recordar que la mayor parte de los imputados en esta pieza trabajaban en el área de relaciones internacionales de HB, EH y Batasuna, apuntó que «lo que se está juzgando, lo vista como lo vista el Ministerio Fiscal», es la labor desarrollada por ese área de relaciones internacionales. «El Estado español siempre ha tenido miedo de que fuera de sus fronteras la comunidad internacional conozca qué es lo que sucede en Euskal Herria y tenga información sobre un modelo de solución basado en el respeto a los derechos que exponían las personas que estan juzgando», señaló la letrada, para quien el objeto de la operación fue «cortar» esa labor de información.
Le salió de lo más profundo. Kepa Landa finalizó su intervención agradeciendo la confianza depositada en él por sus defendidos y recordando al tribunal que «esto ha sido más que un juicio, ha sido mucho más que un procedimiento penal contra unas personas, por ello la identificación con ellas es mayor». «Aquí se ha querido ir contra los derechos y las libertades de un pueblo. Ese pueblo es el mío y ésta es mi gente».
El letrado concluyó con estas palabras una no menos emotiva intervención, en la que recordó el relato de las torturas sufridas por Nekane Txapartegi. «Nekane no tenía que estar en este juicio, no tiene nada que ver con todo lo que se está tratando en él», declaró ante la Sala, señalando que la única razón de su presencia en este sumario fue la coincidencia de su detención con la de Mikel Egibar, que igualmente denunció torturas a manos de la Guardia Civil.
Landa trajo a la memoria de los presentes cómo Txapartegi se negó a declarar el primer día de su detención, el 10 de marzo de 1999, y cómo a partir del segundo día fue firmando las declaraciones que sus captores le iban presentando, los mismos guardias civiles que argumentaron que el primer día no declaró «porque estaba nerviosa». «Resulta que el día 10 dice que no quiere declarar y el 11 se autoinculpa de ser de ETA», espetó Landa a la Sala, agregando que «aquí estamos personas racionales, que sabemos que algo tuvo que pasar para que Nekane, que no quería declarar luego dijera que sí, y lo hiciera en su contra y en contrade Mikel Egibar».
Dicho esto, Landa detalló el informe del médico de la prisión en la que ingresó Txapartegi, que daba cuenta de las marcas y hematomas que tenía en todo el cuerpo, y lo contrapuso con el del forense de la Audiencia Nacional «que trató de ocultar la evidencia» y «encubrir la tortura».
Afirmó también que «si algo transmitió la declaración de Nekane -que denunció haber sido violada-, fue la amargura de contar a una juez, la juez de instrucción, las torturas sufridas, en presencia de una fiscal, y que no le hicieran ni caso».
Jone Goirizelaia también se refirió a las torturas denunciadas por Mikel Egibar, igualmente «machacado» por la Guardia Civil, y reclamó al tribunal que no conceda ningún valor probatorio a sus declaraciones, ya que «si las tienen en cuenta, estarán dando cobertura a la actuación de la Guardia Civil en éste y otros casos, y posibilitarán que se utilice la vulneración de derechos humanos».
Como dato de lo absurdo de la acusación contra la Fundación Joxemi Zumalabe, Joxe Mari Elosua recordó que tanto la propia Fundación como sus miembros siguen manteniendo la misma actividad que antes de la operación policial.
En 2001, la Sección Cuarta de la AN dijo que Mirian Campos no había hecho nada delictivo, pero decidió que fuera esta Sala quien lo determinara y dió al fiscal la oportunidad de buscar nuevas pruebas. Seis años después, Molina no ha aportado ninguna.
El fiscal esgrime como dato acusatorio contra Mario Zubiaga y Mikel Zuluaga que sean dos de los 1.500 autoinculpados tras la operación contra Joxemi Zumalabe Fundazioa. Elosua criticó que se criminalice un acto de solidaridad.
Se acusa a varias personas de Joxemi Zumalabe de participar en reuniones en las que, entre otros temas, se habló de unas charlas sobre desobediencia civil. Mikel Aznar y Olatz Altuna ni siquieran trabajaban para la Fundación en aquellas fechas.
