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UN AÑO DE ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA

Doce meses de impulso a un proceso que no termina de cuajar en acuerdo

El alto el fuego permanente de ETA, recibido con alborozo por los políticos y con grandes expectativas por la sociedad, cumple hoy doce meses. La organización armada explicó hace 365 días que la iniciativa tenía como objetivo «impulsar un proceso democrático para que, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el pueblo vasco pueda realizar el cambio político". La iniciativa allanó el camino a ese proceso, pero el acuerdo sigue pendiente doce meses después.

Ramón SOLA | IRUÑEA

Al mediodía del 22 de marzo de 2006 una nueva fase política se abría en Euskal Herria. Llegaba a todos los medios del mundo la noticia del alto el fuego de ETA, con un carácter «permanente» que le daba una proyección especial. Doce meses después, la tregua sigue vigente según la declaración hecha por la propia organización el 9 de enero, aunque diez días antes se había producido el atentado de Barajas, que costó la vida a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Hasta el momento, el cese de las armas más prolongado de esta organización en toda su historia fue el que se extendió desde setiembre de 1998 hasta diciembre de 1999, durante algo más de catorce meses.

Por encima de interpretaciones, los diferentes mensajes de la organización armada durante estos doce meses sitúan inequívocamente este alto el fuego como una iniciativa para facilitar un proceso que resuelva de una vez por todas el conflicto. Para comprobarlo basta ir a los diferentes comunicados de ETA. La cuestión central quedaba de manifiesto ya con claridad en la declaración del 22 de marzo: «El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político que necesita».

En la declaración publicada en GARA el día 23 ETA centraba los contenidos de ese proceso en las cuestiones de la territorialidad y la autodeterminación. Exponía que «superando el actual marco de negación, partición e imposición, hay que construir un marco democrático para Euskal Herria, reconociendo los derechos que como pueblo le corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». Y añadía que «al final del proceso, los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y la decisión sobre el futuro, dando así una solución democrática al conflicto».

A continuación, ETA admitía que «corresponde a todos los agentes vascos desarrollar ese proceso y adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de Euskal Herria, teniendo en cuenta su pluralidad y totalidad». Y en el epígrafe siguiente se lanzaba un llamamiento a todos los agentes «para que sean consecuentes».

Esta metodología fue dada por buena por los partidos, con la excepción del PP. Y también fue asumida por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la declaración del 29 de junio en la que verbalizó una aceptación del derecho a decidir de la ciudadanía vasca e hizo un reconocimiento de que la búsqueda de ese acuerdo competía sólo a los agentes vascos, en términos coincidentes con los formulados por ETA. Sin embargo, Zapatero no hizo alusión alguna a Nafarroa y además puso como límite de ese proceso la Constitución española.

Desacuerdo e intento sostenido

Aunque el alto el fuego llegaba ya precedido de años de conversaciones entre todos los partidos, la iniciativa que cumple hoy doce meses ha servido obviamente para multiplicar esos contactos. La fase de negociación política no se abrió inmediatamente, sino tras tres meses de «verificación» y otros tres de impasse vacacional. Luego, entre setiembre y diciembre, los tres principales implicados en la búsqueda del preacuerdo -izquierda abertzale, PSOE y PNV- multiplicaron los contactos y llegaron a un acercamiento al consenso que no terminó de cerrarse a la hora de poner letra pequeña y concreción a los contenidos centrales.

El intento, con todo, se mantiene después del atentado de Barajas. Aunque existan discrepancias entre los políticos sobre si existe o no proceso y no se visualice la existencia de contactos, la izquierda abertzale ha puesto sobre la mesa públicamente una fórmula basada en una autonomía con derecho a decidir para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa (ésta última contaría con estatus propio y la decisión debería ser refrendada por la ciudadanía tanto en la CAV como en Nafarroa), y propone además otra autonomía para los tres territorios del norte, que llevaría aparejado el reconocimiento de Euskal Herria por parte de París. En parámetros similares se desarrolló la fase final de las conversaciones que no terminaron de cuajar en otoño, y sobre ese punto se continúa trabajando.

Desde PSOE y PNV se afirma que la búsqueda del acuerdo queda ahora obstaculizada e incluso impedida por la explosión de la T-4. Especialmente desde la formación jeltzale se insiste en afirmar que el atentado quebró el esquema de dos mesas de Anoeta, pero esta misma semana el Ejecutivo de Lakua ha admitido que la acción de ETA no debe interferir en la búsqueda del consenso político.

ETA explicó al respecto en la entrevista concedida a GARA en mayo que «en nuestra opinión, el proceso debe ser observado e interpretado como un conjunto». La organización armada matizaba, en cualquier caso, que «las bases y los puntos de partida principales de ese proceso son el debate y el proceso democrático que deben ser impulsados en Euskal Herria (...) El acuerdo para la resolución del conflicto llegará desde el punto de partida de ese proceso político». Y en esta línea avisaba incluso de que «el ámbito de negociación de ETA se desarrollará en función de ese punto de partida». La mesa con el Gobierno no ha deparado avances y parece condicionada a que se produzca un desbloqueo en el terreno político.

La lectura de estos doce meses, especialmente tras el colapso evidenciado finalmente con la acción de Barajas, podría llevar al pesimismo. Sin embargo, el PSOE argumenta que «mantiene intacta la voluntad de lograr la paz»; ETA expresa «claramente nuestra voluntad de apoyar el proceso y de impulsarlo y fortalecerlo»; y desde Batasuna se asegura que la solución «se toca con la punta de los dedos» a partir de la propuesta del Anaitasuna siempre que exista voluntad política para cerrar el acuerdo pendiente.

TRES claves

Tras el atentado de Barajas, ETA mantuvo el alto el fuego y apuntó a una salida del conflicto basada en tres cosas: «Reconocer los derechos nacionales, respetar lo que decidan los vascos y superar la partición territorial».

Lo que se dijo el 22 de marzo de 2006

Cuatro estaciones

El año puede dividirse en cuatro estaciones de tres meses: la primera sería la «verificación»; luego, el «impasse» veraniego; en la tercera llegó una negociación que no cuajó; y tras Barajas, van ya tres meses de intento de acuerdo con todas las claves sobre la mesa.

Olano: «Oraindik demokrazia gabezian bizi garela erakutsi digu urte honek"

Askatasunak datuak eskuan hartuta azaldu du azken urtebete honetan, hain zuzen ETA erakundeak ekintza armatuen etenaldi iraunkorra aditzera eman eta horretan mantentzen den epean, Euskal Herrian demokrazia gabezia bere horretan mantendu dela eta, are gehiago, errepresio politikoak ez duela ere inolako atzerakadarik izan. «Gizartean garai itxaropentsuak» piztu zirela aipatu arren 2006ko martxoaren 22tik aurrera, estatuek beren interesak aurretik jarri izana gaitzetsi du, «Euskal Herrian izan beharreko prozesu demokratikoaren gidaritza errepresio politikoaren bidez eraman nahirik eta, gainera, herritarren protagonismoa ostuta».

Donostian egindako agerraldian Askatasuneko ordezkari Juan Mari Olanok urtebete honetako balantze errepresiboa aurkeztu zuen eta hori ere Euskal Herrian oraindik dagoen demokrazia ezaren eta gatazkaren mantentzearen erakusle gisa azaldu zuen. ETAk su-etena aldarrikatu ostean horrelako egoera «nekez» aurreikusi zitekeela aitortu zuen Olanok, baita «polizi bortizkeriari», Euskal Herriaren militarizazioari, espetxe politikari edota eskubideen urraketa etengabeari dagokienez ere. Hala, Askatasunaren izenean, hainbat datu eman zituen aditzera. Urtebetean 182 atxiloketa izan dira, eta horietatik 67 espetxeratuak. Inkomunikazioan 59 euskal herritar izan dira eta lauk torturak izan dituztela salatu dute. Atxiloketetatik 93 mobilizazioetan parte hartzen izan dira, eta 30, aldiz, bestelako arrazoiengatik. Auzitegi Nazional espainolean 60 zitazio izan dira euskal herritarren aurka; ilegalizazio estrategian oinarrituta 108 ekitaldi politiko debekatu dira, eta oinarri beragatik erabaki judizial ugari izan dira. Espainiako Armadak 41 herritan maniobra militarrak egin dituztela esan zuen, baita eraikin berriak eraiki ere. Askatasunaren arabera, gainera, 1.540 errepide-kontrol ezarri dituzte eta 875 herritar identifikatu dituzte. Espetxe politikaren «krudelkeria» ere areagotu dela salatu zuen. Gari MUJIKA

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