Al mediodía del 22 de marzo de 2006 una nueva fase política se abría en Euskal Herria. Llegaba a todos los medios del mundo la noticia del alto el fuego de ETA, con un carácter «permanente» que le daba una proyección especial. Doce meses después, la tregua sigue vigente según la declaración hecha por la propia organización el 9 de enero, aunque diez días antes se había producido el atentado de Barajas, que costó la vida a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Hasta el momento, el cese de las armas más prolongado de esta organización en toda su historia fue el que se extendió desde setiembre de 1998 hasta diciembre de 1999, durante algo más de catorce meses.

Por encima de interpretaciones, los diferentes mensajes de la organización armada durante estos doce meses sitúan inequívocamente este alto el fuego como una iniciativa para facilitar un proceso que resuelva de una vez por todas el conflicto. Para comprobarlo basta ir a los diferentes comunicados de ETA. La cuestión central quedaba de manifiesto ya con claridad en la declaración del 22 de marzo: «El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político que necesita».

En la declaración publicada en GARA el día 23 ETA centraba los contenidos de ese proceso en las cuestiones de la territorialidad y la autodeterminación. Exponía que «superando el actual marco de negación, partición e imposición, hay que construir un marco democrático para Euskal Herria, reconociendo los derechos que como pueblo le corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». Y añadía que «al final del proceso, los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y la decisión sobre el futuro, dando así una solución democrática al conflicto».

A continuación, ETA admitía que «corresponde a todos los agentes vascos desarrollar ese proceso y adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de Euskal Herria, teniendo en cuenta su pluralidad y totalidad». Y en el epígrafe siguiente se lanzaba un llamamiento a todos los agentes «para que sean consecuentes».

Esta metodología fue dada por buena por los partidos, con la excepción del PP. Y también fue asumida por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la declaración del 29 de junio en la que verbalizó una aceptación del derecho a decidir de la ciudadanía vasca e hizo un reconocimiento de que la búsqueda de ese acuerdo competía sólo a los agentes vascos, en términos coincidentes con los formulados por ETA. Sin embargo, Zapatero no hizo alusión alguna a Nafarroa y además puso como límite de ese proceso la Constitución española.

Desacuerdo e intento sostenido

Aunque el alto el fuego llegaba ya precedido de años de conversaciones entre todos los partidos, la iniciativa que cumple hoy doce meses ha servido obviamente para multiplicar esos contactos. La fase de negociación política no se abrió inmediatamente, sino tras tres meses de «verificación» y otros tres de impasse vacacional. Luego, entre setiembre y diciembre, los tres principales implicados en la búsqueda del preacuerdo -izquierda abertzale, PSOE y PNV- multiplicaron los contactos y llegaron a un acercamiento al consenso que no terminó de cerrarse a la hora de poner letra pequeña y concreción a los contenidos centrales.

El intento, con todo, se mantiene después del atentado de Barajas. Aunque existan discrepancias entre los políticos sobre si existe o no proceso y no se visualice la existencia de contactos, la izquierda abertzale ha puesto sobre la mesa públicamente una fórmula basada en una autonomía con derecho a decidir para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa (ésta última contaría con estatus propio y la decisión debería ser refrendada por la ciudadanía tanto en la CAV como en Nafarroa), y propone además otra autonomía para los tres territorios del norte, que llevaría aparejado el reconocimiento de Euskal Herria por parte de París. En parámetros similares se desarrolló la fase final de las conversaciones que no terminaron de cuajar en otoño, y sobre ese punto se continúa trabajando.

Desde PSOE y PNV se afirma que la búsqueda del acuerdo queda ahora obstaculizada e incluso impedida por la explosión de la T-4. Especialmente desde la formación jeltzale se insiste en afirmar que el atentado quebró el esquema de dos mesas de Anoeta, pero esta misma semana el Ejecutivo de Lakua ha admitido que la acción de ETA no debe interferir en la búsqueda del consenso político.

ETA explicó al respecto en la entrevista concedida a GARA en mayo que «en nuestra opinión, el proceso debe ser observado e interpretado como un conjunto». La organización armada matizaba, en cualquier caso, que «las bases y los puntos de partida principales de ese proceso son el debate y el proceso democrático que deben ser impulsados en Euskal Herria (...) El acuerdo para la resolución del conflicto llegará desde el punto de partida de ese proceso político». Y en esta línea avisaba incluso de que «el ámbito de negociación de ETA se desarrollará en función de ese punto de partida». La mesa con el Gobierno no ha deparado avances y parece condicionada a que se produzca un desbloqueo en el terreno político.

La lectura de estos doce meses, especialmente tras el colapso evidenciado finalmente con la acción de Barajas, podría llevar al pesimismo. Sin embargo, el PSOE argumenta que «mantiene intacta la voluntad de lograr la paz»; ETA expresa «claramente nuestra voluntad de apoyar el proceso y de impulsarlo y fortalecerlo»; y desde Batasuna se asegura que la solución «se toca con la punta de los dedos» a partir de la propuesta del Anaitasuna siempre que exista voluntad política para cerrar el acuerdo pendiente.