Juan José Ibarretxe denunció ayer los «términos ofensivos» con los que, a su juicio, se dirigió a él y al Ejecutivo de Lakua el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, cuando negó que el lehendakari hubiera solicitado declarar lo antes posible ante el juez instructor de la causa abierta en su contra.

Ibarretxe fue más allá y dijo que el comportamiento de Piñeiro es «único en Europa». Al mismo tiempo, indicó que en su comparecencia ante el juez, que por segunda vez realizará el próximo lunes, trasladará que está cumpliendo con su «obligación y con el compromiso adquirido con la sociedad, de hablar con todo el mundo. También con la izquierda abertzale».

En declaraciones realizadas a Radio Euskadi, confirmó que continúa manteniendo conversaciones con la izquierda abertzale y aseguró que lo seguirá haciendo «en el futuro». Tras subrayar que su delito es «hablar con la izquierda abertzale para arreglar las cosas», el lehendakari insistió en que el lugar donde debería dar explicaciones es el Parlamento de Gasteiz, aunque aseguró que no discutirá públicamente con el presidente del TSJPV.

Ibarretxe asumió que, en la actualidad, se atraviesa «un momento delicado» en el que, a su juicio, «hay que seguir trabajando con discreción para generar una nueva oportunidad». En esta línea agregó que «el diálogo resolutivo en este país sólo se puede dar en ausencia de violencia» y se mostró convencido de que en ese espacio «estaríamos próximos a tocar con los dedos, no sólo el escenario de conseguir la paz, sino también uno en el que sea posible alcanzar formalmente acuerdos políticos entre los partidos».

«Estado plurinacional»

Por su parte, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, afirmó que su objetivo es lograr «un Estado plurinacional, que respete nuestra relación pactada con él». Para justificar su actitud, dijo que «nadie busca irse de aquel entorno en el que se le acepta como es».

En una conferencia ofrecida en Bilbo, el líder jeltzale insistió en defender «el derecho a decidir con la obligación de pactar», y aseguró que su objetivo pasa por «no imponer un acuerdo en Euskadi que no sea realmente integrador y no impedir en las Cortes españolas un acuerdo alcanzado en Euskadi».