Hace un año, mientras la noticia del anuncio del alto el fuego de ETA recorría el mundo, Arnaldo Otegi se encontraba en su casa, aquejado de una neumonía y custodiado por la Ertzaintza a la espera de que en días posteriores un juez de la Audiencia Nacional decidiera qué hacer con su persona y, de paso, cómo condicionar el tiempo político. Entonces era Fernando Grande Marlaska. Hoy, Fernando Bermúdez. A ambos, además del nombre, les une el empecinamiento por encarcelar a Otegi, siquiera por unos días, a pesar incluso de las peticiones de la Fiscalía. Pero ésta no es una cuestión de personas, aunque vistan toga y puñetas, es una cuestión política básica. Es la evidencia de que después de un año, el Gobierno de Zapatero sigue sin querer o sin poder -en ambos casos es muy grave- controlar todos los resortes del Estado.

Pero en esta ocasión, Zapatero ha tenido a favor de lo que pudiera creerse que son sus intereses, que no hubiera más partes personadas que la Fiscalía y la defensa. De haber estado por medio la AVT, a buen seguro que el juez se hubiera cobrado la pieza deseada.

Hace un año, por cierto, el número dos del PSOE, José Blanco, aseguraba que Arnaldo Otegi «no es un interlocutor» porque no lo son quienes «no condenan la violencia y no piden a la banda terrorista que deje las armas». Y desde el PNV, Josu Jon Imaz mostraba primero su deseo de que Otegi no fuera encarcelado y después su esperanza de que, si ello ocurría, no afectara al proceso, para luego rematar con que si los dirigentes de Batasuna «se consideran imprescindibles, estén a la altura de las circunstancias» y que «si les da miedo hacer política, es mejor que sean prescindibles y sustituidos por otra generación». Ha pasado un año pero algunos siguen todavía con la misma estrategia: unos negando la evidencia de con quién se sientan a hablar y otros pretendiendo obtener réditos políticos de la violencia del Estado.

Como hace un año, ayer mismo, la izquierda abertzale definió a Otegi como su «referencia principal». Entonces y hoy se ha insistido en que su situación personal no hará descarrilar la apuesta estratégica de la izquierda abertzale por la resolución del conflicto, pero a nadie se le escapa que en marzo de 2006 0 en el de 2007 este tipo de agresiones, aunque se corrijan después, no ayudan demasiado a limar desconfianzas. Con el agravante de que para todos ha pasado un año.

El año pasado Grande Marlaska ordenó la imputación de Otegi por los «actos violentos» durante la huelga de la izquierda abertzale en un momento crucial, a dos semanas de que se oficializara el alto el fuego. Ahora, la actuación de Fernando Bermúdez se vuelve a producir en unas semanas que desde el Gobierno, el PNV y la izquierda abertzale se definen como cruciales. ¿Una mano negra en la Audiencia Nacional? No. El funcionamiento ordinario de un Estado que mantiene a Euskal Herria en un permanente estado de excepción.