Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas denunciaron ayer en una comparecencia conjunta el «desfase» entre la política exterior del Estado español, que ha apoyado e impulsado procesos de reparación de las víctimas de dictaduras en países como Perú y Guatemala, y la aplicación dentro de sus fronteras leyes de «punto final» como la de la Memoria Histórica, en referencia al franquismo.

El director del departamento legal de HRW, Wilder Tyler, desgranó las críticas que suscriben las tres organizaciones en torno al proyecto de ley aprobado el 28 de julio en Consejo de Ministros. En primer lugar, criticó la ausencia de la reivindicación del derecho a la verdad. En este sentido, recordó la necesidad de que la futura ley haga pública la dignificación de las víctimas del franquismo y se conozca a los autores de los crímenes cometidos bajo el amparo del régimen fascista español.

Exigen a su vez un papel participativo de las víctimas más allá del ámbito privado. No basta, a su juicio, un «certificado» que reconozca la condición de víctimas, sino que debe existir un reconocimiento público.

El secretario general adjunto de la Comisión Internacional de Juristas, Federico Andreu, puso el acento en la necesidad de que el Gobierno trabaje sin esperar a la ley mejorando las condiciones de los archivos sobre la Guerra Civil y los juicios bajo el régimen franquista.

«Pésimo ejemplo»

Tras remarcar el «pésimo ejemplo» que supondría para la comunidad internacional la aprobación, en su articulado actual, de una de las leyes de reparación «más pobres y negativas» que recuerda, estos expertos i nstaron al PSOE a que incluya enmiendas decisivas a la ley.