El 21 de noviembre de 2005 se inició el juicio del sumario 18/98, y lo hizo con el tribunal adelantando la que iba a ser su línea de actuación durante toda la vista. La defensa había presentado cinco cuestiones previas, que hacían imposible empezar el juicio sin que antes fueran resueltas. Se trataba de alegaciones argumentadas y documentadas. Los tres jueces que componen la Sala les dieron carpetazo en media hora.

Los letrados habían planteado en enero de ese año la recusación de la mayoría los peritos que había solicitado la Fiscalía, todos ellos agentes de la Guardia Civil y de la Policía española. Pero ni ese primer día de juicio, ni 479 días después, cuando finalizó la vista, el tribunal ha respondido oficialmente a esa petición, y en este tiempo, como es conocido, los policías y guardias civiles han declarado en calidad de peritos. Lo han hecho saltándose incluso el criterio de estos jueces en otros procesos, en los que han valorado que los informes y declaraciones policiales no tienen carácter pericial.

«Respuestas impertinentes»

La defensa también había expuesto que dos de las personas que debían asistir al juicio no habían sido citadas; que a una tercera, que llevaba un año en prisión, se le había ido a citar a su domicilio y que no se había hecho ninguna gestión para que pudiera acudir a la vista; que el fiscal solicitaba la disolución de empresas a cuyos responsables no se le había notificado el inicio del juicio; y, junto a todo esto, apuntaba que las pruebas de descargo solicitadas cinco meses antes, y que habían sido admitidas como pruebas anticipadas, no estaban en la Sala.

Daba igual. Los magistrados tenían orden de empezar, y en menos de treinta minutos saltaron por encima de esos inconvenientes.

Comenzó el juicio, por lo tanto, y la presidenta dedicó esas primeras semanas a impedir que los acusados declararan lo que querían. Así, en la sesión del 28 de noviembre, llegó a calificar la respuesta de un procesado de «impertinente», algo insólito, ya que por ley una pregunta sí puede ser valorada como impertinente, pero no una respuesta. Ese día, cuando Iñigo Iruin le explicó que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo había anulado una sentencia porque al acusado no se le permitió expresarse como quería, Murillo replicó que no le importaba lo que dijera el Tribunal Europeo. Toda una declaración de intenciones.

No fue la única actuación polémica de la presidenta aquella jornada. Sin que ninguna de las partes se lo pidiera, esta magistrada ordenó que se leyera un documento incriminatorio para uno de los acusados. Esa fue la causa de la primera recusación de la defensa contra el tribunal. Los abogados acusaron a los jueces de «parcialidad manifiesta» y de «intentar sustituir a las acusaciones».

Al día siguiente, los jueces desestimaron la recusación y, en el mismo auto, ordenaron que todos los procesados acudieran a todas las sesiones del juicio, a pesar de que antes de su inicio habían dado a entender lo contrario. No fue su última pataleta.

Esta actuación del tribunal y especialmente de su presidenta no varió en las semanas siguientes: Murillo ordenó leer más documentos sin que nadie se lo pidiera, insistió en su censura a los acusados, y cortó las intervenciones de los abogados. Mientras tanto, las protestas -imposible cuantificarlas todas- se acumulaban una tras otra.

Las diligencias previas 75/89

Así anduvieron hasta que, el 20 de diciembre, llegaron a la Sala las diligencias previas 75/89. Lo hicieron para marcar uno de los capítulos más controvertidos del juicio.

La defensa llevaba al menos dos años solicitando poder acceder a las diligencias previas 75/89, unos 500 tomos -100.000 folios- que recopilaban todas las actuaciones realizadas por Baltasar Garzón en relación a la izquierda abertzale desde 1989, y que constituyen la base del sumario 18/98. El fiscal había utiliado todos estos documentos, informes policiales y transcripciones para construir sus imputaciones, mientras para la defensa habían permanecido en secreto.

Llegaron los documentos a la Casa de Campo, y Murillo indicó a los abogados que podrían acceder a ellos. Pero cuando, en la mañana del 21, éstos acudieron a revisarlos, un funcionario judicial se lo impidió. La presidenta, sin explicar por qué, había cambiado de opinión, y comunicó a la defensa que sólo dispondría de unas horas, en navidades, para hojear esa enorme pila documental. Les impidió, además, sacar copias.

Fue una vulneración del derecho a un juicio justo y a la «igualdad de armas» entre las partes -mil veces vulnerado-, que obligó a los letrados a plantarse ante el tribunal el 9 de enero de 2006, cuando se reanudó la vista. «Tenemos la obligación deontológica de actuar al límite de nuestra posibilidad de defender, no podemos ir más lejos porque estaríamos faltando a nuestra obligación», explicaron al tribunal, antes de ponerse en contacto con sus Colegios de Abogados. Solicitaron su amparo, y éstos se lo concedieron, así como el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía.

El 12 de enero, los presidentes de estas dos instituciones, Nazario de Oleaga y Carlos Carnicer, respectivamente, mantuvieron una reunión con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, a quien expresaron su preocupación por lo sucedido.

Al final, los abogados pudieron acceder a los documentos, siendo ellos quienes pusieron los medios para copiar, uno a uno, los 100.000 folios apilados.

«Un monumento a la vulneración»

El 19 de enero, la comisión internacional de juristas que conforma Euskal Herria Watch comparecía públicamente para denunciar que este proceso «es un monumento a la vulneración de las garantías procesales y jurídicas». Pero aún quedaba mucho por ver.

Si el 7 de marzo el tribunal reconocía sin inmutarse que «pruebas» importantes contra Xabier Arregi y Xabier Alegria habían desaparecido -«efectivamente, no están» dijo Murillo-, el día 13 de ese mes se negaba a suspender la vista a pesar de que uno de los procesados iba a ser intervenido quirúrgicamente con carácter de urgencia.

David Soto, a quien habían detectado una grave enfermedad, había comunicado a sus defensas su deseo de asistir a las sesiones, en las que se estaba abordando la pieza en la que es halla encausado. Era su deseo y estaba en su derecho. Pero, una vez más, Murillo se saltó lo que dictaba la normativa procesal y el sentido común, y ordenó que al joven de Iruñea le fueran remitidos los DVDs del juicio. DVDs que, además, muchas semanas después ni siquiera había recibido.

Ya en la fase testifical, el 10 de mayo, la presidenta permitió al fiscal que interrogara a un testigo -un ertzaina- que no era el que había citado, y tuvo que ser el propio Enrique Molina quien, ante las protestas de Kepa Landa y frente a la complacencia de los jueces, dejara el interrogatorio.

Los magistrados Murillo, Póveda y Martínez de Salinas permitieron también que testigos de la Fiscalía declararan después que algunos de la defensa, una «transgresión procesal» que vulnera la legislación ordinaria, según denunció la defensa.

Otra grave irregularidad se dio después de que el 23 de mayo las partes conocieran que importantes documentos económicos contables y económicos de «Egin» también ha-bían «desaparecido». A pesar de ello, y haciendo caso omiso a la petición de la de- fensa de suspender la vista hasta que se localizara esa documentación, básica para la causa, la Sala decidió seguir como si nada. Una vez más, los letrados tuvieron que pedir amparo al Consejo Vasco de la Abogacía.

Dos semanas más tarde, el 5 de junio, los jueces volvieron a rechazar una recusación en su contra, otra vez en denuncia de su «parcialidad objetiva». El origen de esta nueva actuación de la defensa fue la decisión de aceptar la incorporación de unas fotocopias del fiscal en sustitución de la desaparecida documentación de «Egin».

La guinda a esta amalgama de irregularidades fue lo sucedido el 22 de noviembre, cuando Murillo permitió a un policía rectificar una declaración del día anterior que había dejado tocada la acusación contra «Egin».

Este es sólo un compendio de lo observado en estos 16 meses. En este tiempo, prácticamente no ha habido una sesión en la que la defensa no haya formulado alguna protesta, y las veces en que los abogados han invocado el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa, y otros derechos, tantas veces conculcados, se cuentan por decenas. El reflejo que estas denuncias puedan tener en la sentencia o en un eventual recurso ante el Supremo constituye una incógnita, pero sirve como botón de muestra para describir cómo ha sido el día a día de este juicio.