El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, prohibió ayer tarde el acto convocado por la izquierda abertzale para presentar su propuesta cara a las elecciones municipales y forales de mayo. El titular del Número Cinco había sido requerido por dos organizaciones «ultras», Manos Limpias y Foro Ermua, para que prohibiera el acto. Sin embargo, la intervención del Ministerio Fiscal, cuyo nombramiento, recordémoslo, depende del Ejecutivo, fue determinante en su decisión. El fiscal informó de la procedencia de impedir el mitin y el magistrado declaró proscrita la convocatoria al entender que el acto del BEC no puede tener otro alcance «que el de presentar al partido Abertzale Sozialisten Batasuna».

La actuación compartida entre el fiscal y el juez reviste una enorme gravedad, ya que redunda en la censura preventiva. Se prohíbe un acto sobre el endeble argumento de la intuición del juez acerca de lo que pueda llegar a decirse en el mismo. Y ello pese a existir hechos irrefutables como que el acto del BEC se presentó el 17 de marzo, cuando todavía no existía ASB, o que sus promotores no han mostrado intención alguna de dedicar la reunión pública -cuya convocatoria anunciaron ayer tarde que mantienen- al fin pretendido en el auto judicial que firma Baltasar Garzón.

Esta prohibición llega al final de una semana en que la izquierda abertzale ha inscrito una sigla que se somete a los estrechos márgenes de la Ley de Partidos. Frente a ese esfuerzo, la respuesta ha sido más veto político. Sin embargo, ¿estamos ante la irresponsabilidad exclusiva de un tribunal de excepción o más bien ante una suma de irresponsabilidades? La actuación de las formaciones políticas, y en particular de PSOE y PNV, tras la presentación del nuevo partido resume a las claras la estrategia mantenida en los últimos meses: rehuir compromisos y suspender cada iniciativa de solución. Esa obsesión por empujar al precipicio a la izquierda abertzale sitúa hoy el proceso, y con él las ansias de paz de todo un pueblo, al borde del abismo.