El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas aprobó ayer por consenso una resolución que es el resultado de una transacción entre el documento expuesto por los países de la Unión Europea -en el que explícitamente se acusaba a Jartum de las violaciones de derechos humanos- y el presentado por el llamado «grupo africano», liderado por Argelia. Ayer concluyó el cuarto periodo de sesiones del CDH, que se ha reunido en Ginebra desde el 12 de marzo.

El texto resultante se alcanzó después de que Alemania accediera a que se retirase cualquier mención a la responsabilidades de Jartum en «los ataques armados contra la población civil y los trabajadores humanitarios, la generalizada destrucción de aldeas y la continua y extendida violencia».

La resolución «toma nota» del informe elaborado por la misión especial enviada por el propio Consejo entre febrero y marzo de este año a Sudán, en el que se acusaba abiertamente a Jartum de haber «orquestado» los crímenes de guerra perpetrados por los paramilitares árabes janjaweed contra los civiles de Darfur. Curiosamente, el primer punto «toma nota con pesar» del infructuoso intento de la misión de visitar la región, pero no hace alusión ninguna al hecho de que fue el Gobierno sudanés el que impidió la entrada a los miembros de la misión, a quienes Jartum negó sus visados con el argumento de que no eran imparciales. El CDH tampoco lamenta que el Ejecutivo sudanés no adoptara las recomendaciones del grupo de expertos -resultado de sus entrevistas con la oposición- y se limita a pedir a Sudán que permita la entrada de una nueva misión.

La resolución «expresa su profunda preocupación por la gravedad de las persistentes violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Darfur, incluidos los ataques armados contra la población civil y los trabajadores humanitarios, la generalizada destrucción de aldeas y la continua y extendida violencia, en particular la violencia de género contra las mujeres y niñas». También lamenta que no se reclamen «responsabilidades» a sus autores.

Insta «a todas las partes en conflicto en Darfur a poner fin a todos los actos de violencia contra civiles, con especial atención a los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los desplazados internos, así como los trabajadores humanitarios». Pide también a los firmantes de los Acuerdos de Paz para Darfur que «cumplan sus obligaciones en virtud del acuerdo» y reclama a los grupos que no los han firmado «que se adhieran», en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Asimismo, aprueba crear un grupo de trabajo que será presidido por Sima Samar, en su calidad de relator especial para Darfur, y del que formarán parte los representantes especiales de la ONU para los niños y los conflictos armados; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; defensores de derechos humanos; derechos de los desplazados internos, la tortura y sobre violencia contra la mujer.

El grupo deberá trabajar con el Gobierno de Sudán, con los mecanismos sobre derechos humanos de la Unión Africana y, «en estrecho contacto», con el presidente del grupo Diálogo y Consulta Darfur-Darfur (DDDC), «a fin de garantizar el seguimiento efectivo y la rápida aplicación de las resoluciones y recomendaciones sobre Darfur» de la ONU. Además, exige la cooperación plena de Jartum con el grupo, que deberá emitir un informe en la próxima sesión del CDH.