El instrumento que ha obstaculizado de modo tan evidente el proceso político visibilizado con el alto el fuego permanente declarado por ETA en marzo de 2006 puede ser utilizado hoy por el Gobierno español como ley «de punto final», o al menos para tratar de poner «punto y aparte» a la que todos definen como la mejor oportunidad de los últimos años para superar el conflicto político.

La actitud de cerrazón con la que el PSOE responde a cada iniciativa política no ya de Batasuna, sino del cuerpo social de la izquierda abertzale, amenaza con agravar la de por sí difícil situación por la que atraviesa el proceso político. El ánimo de expulsar de la vida institucional a un sector político comprometido activamente con la superación definitiva del conflicto sólo puede conducir a alejar esa solución dialogada que, según reflejan las últimas encuestas realizadas tanto en Euskal Herria como en el Estado español, sigue siendo el anhelo mayoritario de la ciudadanía.

El Gobierno español aceleró primero la vía hacia la no inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna en el registro de partidos. Sin esperar siquiera a la resolución del Supremo, el ejecutivo ponía luego a su Fiscal General a trabajar para acelerar también las eventuales actuaciones contra las agrupaciones de electores. Pasadas apenas 48 horas desde el inicio de la recogida de firmas, Pérez Rubalcaba «remarcaba» ayer, dirigiéndose a esas agrupaciones de electores, que hay que cumplir «hasta el final» la Ley de Partidos y extendía la exigencia a ANV. El veterano partido abertzale nombró representantes ante las juntas electorales. Lo hizo ya en precedentes comicios, pero por impulso político-mediático, la Fiscalía busca ahora pruebas en su contra.

Cuando la ley que se evoca como marco de todo acuerdo desborda sus márgenes por un interés político, cabe solicitar al Gobierno español, pero también a los partidos vascos, que aclaren su disposición para ir «hasta el final», lo que exige hoy definir unas bases netamente democráticas que hagan viable el proceso.