Cuando se acusa a alguien de «corrupto» surge la falsa premisa de que el poder y la corrupción son parte de un todo. El propósito es ocultar que la corrupción forma parte del engranaje del sistema neoliberal, que las comisiones fortalecen, premian y al mismo tiempo controlan a quienes en las democracias occidentales ejercen el poder o se benefician de él. El FMI calcula que alrededor de un 5% de la riqueza mundial se encuentra en paraísos fiscales. Los presupuestos para necesidades sociales se cubrirían ipso facto y sobraría dinero para una vida diferente en todo el planeta. Quienes defienden el sistema neoliberal y se benefician de él, ¿desean un cambio de esa entidad en nuestras sociedades? La respuesta la dan sus propios resortes de poder, siempre dispuestos para reprimir las protestas sociales pero ausentes cuando se trata de la corrupción multimillonaria.

Esto de lo que hablamos a nivel planetario lo podemos trasladar a nuestro entorno más cercano. Todavía son muchos los que recordarán el caso Matesa o el pelotazo de las Autopistas de Navarra. Algunos ingenuos pensaron que con la llegada al poder de la nueva generación del PSOE cambiarían las cosas. Se equivocaron. Grandes empresas de la construcción, que continúan trabajando con total normalidad, pagaron ingentes comisiones ilegales para quedarse con las obras de infraestructura en ciernes. Autovía de Leitzaran, Universidad Pública y varias casas-cuartel de la Guardia Civil sirvieron para enriquecer a los Urralburu, Roldán, Aragón y, no lo olvidemos, a Huarte, Lain, Obrascon... Ahora también sabemos que a Urralburu le dejaron hacer por su repentino desmarque anti-vasco y hoy, el todopoderoso diario de Cordovilla lo considera el mejor presidente de la historia amejorada de Navarra. La venta de empresas públicas engordó las cuentas de políticos y del PSOE en particular. Para demostrar que no solamente de la construcción viven los corruptos, las coimas seguían cayendo con la excusa de la «lucha contra el terrorismo». Roldán cobraba a los constructores por protección de la Guardia Civil que no se ejercía, se repartían fondos reservados por su «compromiso» y nos encontramos con otros dos escándalos de primera magnitud: el GAL navarro, que contó con policías, guardias civiles, políticos y empresarios para financiarlos y la estafa de la Delegación del Gobierno.

Algunos de sus protagonistas han sido premiados con ascensos, otros continúan su carrera política o empresarial, unos pocos han pasado por los juzgados o brevemente por la cárcel, pero a excepción de Roldán, ninguno ha contado nada ni se ha arrepentido ni ha devuelto el dinero usurpado a la ciudadanía.

J. C. Alli llegó como caído del cielo con la aureola de la anticorrupción como bandera. Poco duró en el poder y dejó paso a sus otrora denostados enemigos y ahora socios de gobierno y de chanchullos. Y vuelta a los herederos del franquismo a la navarra. De nuevo grandes infraestructuras como Itoiz, Canal de Navarra, Autovía a Logroño y enormes operaciones especulativas en Iruñerria, sin olvidar la reciente venta de la empresa pública con más futuro: EHN.

Alfredo Jaime, alcalde de Iruñea, conocido como el 10%, se vio envuelto en varios escándalos urbanísticos: Valdizarbe, Aceros del Sadar, Ponsal, Autobuses, Talleres Iruña y el Corte Inglés. Ni Miguel Sanz pudo evitar ante la televisión un «yo no pongo la mano en el fuego por nadie» en referencia a Jaime, quien continúa en la política activa.

La última etapa de UPN en el poder se ha significado por importantes operaciones urbanísticas en torno a la comarca de Iruñea. El parking de la plaza del Castillo ha colocado a la alcaldesa Yolanda Barcina en el candelero. El caso Egüés sobrevive a duras penas en los tribunales, después de que el alcalde de UPN fuera puesto en entredicho por el partido y las informaciones periodísticas dejaran clara su responsabilidad. Y en el caso Itaroa, con alcaldía en Huarte de CDN, el mismo arquitecto -vinculado a UPN- que en Egüés y una operación en la que se doblaron los aprovechamientos, como afirma la sentencia nunca ejecutada y ganada por el propio Gobierno de Navarra. Quedan detalles por aclarar en Ripagaina, donde gestionan PSN, Batzarre y Aralar y el colofón a este desmelene urbanístico lo ha puesto el affaire Guenduláin. Una operación multimillonaria en la que están involucrados el gobierno navarro y la plana mayor de promotores y constructores navarros.

Este panorama viene de lejos. Aún recordamos como los abogados defensores de «Urralburu & Company» argumentaron que el nuevo Código Penal no incluía mención alguna al régimen foral en el delito contra la Hacienda Pública y por lo tanto, Navarra se convertía, por vacío legal, en un paraíso fiscal de hecho.

Las escasas herramientas institucionales generadas para combatir la corrupción no han funcionado. Es necesario un cambio para afrontar esta gravísima lacra y aumentar el control social, creando medios para fiscalizar los movimientos monetarios y modificando la legislación para castigar a quienes abonan la «mordida». Hasta ahora ninguna constructora, de la que se haya demostrado que ha pagado comisiones ilegales, ha sido perseguida por los órganos judiciales. Las multas de tráfico se cobran «vía ejecutiva» y las millonadas blanqueadas o parte del chantaje económico nunca son penalizadas. A pesar de que las promesas electorales caen en saco roto demasiado a menudo, no estaría de más un compromiso público por parte de las fuerzas políticas que incluyera un protocolo elaborado y concreto de medidas inexistente hasta el día de hoy.