El Gobierno vasco ha pedido a los partidos que realicen el «máximo esfuerzo» para acudir al homenaje a las víctimas de la violencia de ETA. La directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo de Lakua, Maixabel Lasa y su adjunto Txema Urquijo pidieron «de todo corazón» la participación en el acto, aunque reconocieron que esta cuestión es «complicada» y la realidad política «compleja».

Queremos aportar nuestro granito de arena a esa percepción. Somos torturados o gentes que trabajamos por la desaparición de esta lacra, exponente máximo de la violencia ilegítima y por tanto terrorismo del Estado, de una administración pública que no ha dudado en aplicarla a ciudadanos vascos con objetivos y razones odiosas. En este pozo de inmundicia están las instituciones del Estado hoy, repetimos, hoy, enfangadas hasta el cuello.

Es principio universal que el Estado es único responsable de la promoción y protección de los derechos humanos, tal y como se ha comprometido con la firma de infinidad de tratados y convenios. Sin embargo, es más sencillo derivar responsabilidades sobre violencias a otros agentes antes que hacer una radiografía crítica del sujeto de ese compromiso universal, del Estado en todos sus niveles, único responsable de la existencia y aplicación de la tortura hoy, repetimos, hoy, en sus comisarías y cuarteles.

Es por eso que mañana se homenajeará a unos, y se relegará al ostracismo a los afectados por el terrorismo de estado. Las víctimas de la violencia de ETA -vaya para ellas nuestro respeto en el dolor sufrido- no solamente encuentran el calor de las instituciones. Encuentran todo un sistema que les ha proporcionado, aunque de ínfima calidad, cierta dosis de verdad y justicia. Han podido conocer a las personas que cometieron aquellos actos de violencia, que han sido procesadas, condenadas y cumplen sus penas, eso sí, por mecanismos repugnantes desde un punto de vista de los derechos humanos más básicos: incomuni- cación, acción arbitraria de un tribunal especial o puesta en marcha de una política penitenciaria de venganza que hoy, repetimos, hoy, está en pleno rendimiento y continua expansión.

No es nuestro caso, imposibilitados como estamos para conseguir verdad y justicia de un Estado que nos cierra sus puertas. También parte de esas víctimas adoptan por si mismas o por las asociaciones en las que se organizan o por la manipulación de los partidos que les usan de fuerza de choque, una actitud de obstrucción y negación no ya a la reparación y rehabilitación de esta otra parte del sufrimiento, sino a que se reconozca su mera existencia. Más aún, obstaculizan un proceso que entre otras cosas resuelva los efectos de esa realidad «compleja» y reconozca a las personas torturadas la garantía de no repetición: derogación de la ley antiterrorista, eliminación de la detención incomunicada, retirada de competencias a la Audiencia Nacional. Esa actitud vengativa de las víctimas de la violencia de ETA hoy, repetimos, hoy, es ignominiosa.

Es por eso que denunciamos el tratamiento de abandono y olvido que nos prodigan las instituciones con actos como el de mañana, con la participación de Juan José Ibarretxe. Nada se hablará en él de las responsabilidades institucionales que hoy, repetimos, hoy tienen sobre la mesa con el colectivo de personas torturadas de Euskal Herria.