Iruñerriko Gazte Asanblada ha denunciado una vez más la represión ejercida por la Policía Municipal y la judicatura, «bajo la tutela del UPN», contra las personas que han trabajado o trabajan a favor de los gaztetxes y de espacios autogestionados. Este colectivo ha comunicado que el lunes se dio a conocer la condena contra ocho personas, vecinas de Iruñerria, por participar en la defensa del gaztetxe Euskal Jai. El fallo impone la condena de un año de prisión para dos de ellas por un delito de «atentado contra la autoridad», y condenas de entre ocho y diez meses para las restantes seis personas encausadas.

Su denuncia no se limita a las condenas relacionadas con los hechos ocurridos en el desalojo y derribo del Euskal Jai, sino que se extiende a las movilizaciones llevadas a cabo posteriormente. Han recordado que Xabier Errea se encuentra en la cárcel «por quitarle la gorra a un municipal», y denuncian que se arremete contra cualquiera que trabaje por los espacios autoges- tionados. Asímismo, dan cuenta de la persecución de la que están siendo objeto los participantes en las movilizaciones de protesta.

Sanciones por un acto legal

Así, el pasado 20 de enero se llevó a cabo una concentración a favor de la libertad de Xabier Errea, y aunque la movilización era legal por haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno, ocho personas han sido denunciadas por ello. Los agentes municipales identificaron a muchas personas que participaron, incluso una vez concluida la concentración. El caso más grave es del joven que se enfrenta a un juicio a celebrar el próximo 8 de mayo imputado por faltas con motivo de «haber dirigido y manejado la concentración», y deberá hacer frente a «una cuantiosa multa económica». El resto de las acusaciones se basan en «alterar el orden público» y también se solicitan sanciones económicas.

Desde IGA han mostrado su disconformidad, ya que «la concentración transcurrió de forma pacífica y legal». También han dado a conocer el caso de cuatro personas que se enfrentan a multas por participar en un almuerzo celebrado el 10 de febrero en la Plaza del Castillo. La Policía Municipal lo impidió e incautó material como pancartas y bonos de apoyo a Errea.

Pese a todo ello, siguen las concentraciones de los lunes.