Dieciséis organizaciones populares de Lutxana significan la última esperanza para las casas de la Orconera. Desde hace dos décadas, los vecinos mantienen un pulso con el Ayuntamiento de Barakaldo para salvar a este significativo referente del patrimonio vasco de las palas de las excavadoras y convertir sus históricas paredes en algo de lo que está muy necesitado el barrio: locales culturales.

Los portavoces de estas asociaciones ofrecieron ayer, en plena calle y frente a las casas amenazadas, una rueda de prensa en la que hicieron un llamamiento a todos los vecinos de Lutxana para que se movilicen ante la inminente colocación de la primera piedra de lo que se ha dado en llamar el«nuevo ensanche» de Barakaldo.

El primer paso será acudir a una asamblea de barrio que se celebrará el próximo jueves a las 19.00. Allí se decidirán las iniciativas a tomar para mantener viva la reivindicación de este espacio como futuro corazón de la actividad socio-cultural del barrio.

Pelotazo y contencioso

Aunque en este momento pueda ser la más efectiva, la movilización no es el único arma con el que cuentan los vecinos. El pasado año los representantes legales de las asociaciones llevaron al Ayuntamiento ante el juzgado contencioso administrativo para denunciar la actuación de los máximos responsables municipales en el desarrollo urbanístico de la zona. La palabra «pelotazo» sale enseguida de las bocas de los vecinos. Recuerdan cómo la constructora compró unos terrenos industriales cerca de la autopista A-8, que fueron recalificados después como urbanos.

Y cómo, por si fuera poco, consiguió que el Consistorio le permutara este solar anteriormente muy contaminado por el que actualmente ocupan las casas de la Orconera y el parque de Serralta, propiedad del Ayuntamiento y de todos los barakaldeses, en una zona mucho más apetecible para el negocio inmobiliario. Los vecinos han cifrado en 180 millones de euros el volumen de este «pelotazo».

Edificios de elevadas alturas con cerca de 800 viviendas y otras tantas plazas de garaje dominarán el paisaje que ha dibujado el Ayuntamiento para el futuro de esta zona, a pesar de que, en 1988, un Pleno municipal la había calificado como destinada a equipamientos culturales. Quizá entonces, el pasado industrial significaba algo más para los gobernantes locales.

Desde aquel pleno han pasado dos décadas. Veinte años marcados por el abandono municipal, que algunos vecinos no dudan de considerar «premeditado» para ahora argumentar que los edificios están en ruinas.

Unos edificios cuyo verdadero valor sí aprecia la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, que en 2004 solicitó la declaración de este entorno como Bien Cultural Calificado. La Dirección de Patrimo- nio del Gobierno de Lakua no se ha pronunciado al respecto, ni lo hizo cuando el Ayuntamiento se lo consultó para llevar adelante el polémico desarrollo urbanístico. Y ese es el principal activo de los vecinos en su pelea judicial: no aceptan que Patrimonio no se pronuncie, en su opinión, no es admisible el silencio administrativo en un asunto de semejante relevancia.

La costosa vía judicial, que corre a cuenta de los bolsillos de los vecinos, no está cerrada, pero podría no llegar a tiempo. El Ayuntamiento no tiene por qué esperar a la sentencia para empezar las obras, y, aunque el juez les diese la razón a los vecinos, para las casas sería ya demasiado tarde.

Desarrollo industrial

Las casas de la Compañía Orconera representan el primer ejemplo de «garden-city» (ciudad jardín) que se desarrolló en el siglo XIX en Euskal Herria. Este modelo urbano, de inspiración inglesa, trataba de conjugar el desarrollo industrial con unas óptimas condiciones de vida, desde el punto de vista ambiental.

De hecho, las cinco casas que aún sobreviven formaban parte de un conjunto residencial mucho más amplio, completado por un extenso parque con un palacete central, talleres, oficinas, cine e instalaciones deportivas, todo ello ya desaparecido.

Las casas de la Orconera cayeron en manos del Ayuntamiento cuando su anterior propietario, Altos Hornos de Vizcaya, cerró la persiana y tuvo que saldar una deuda tributaria con las arcas municipales. Podía haber sido el principio de un nuevo futuro para las viviendas. Ahora, a ese futuro pende de un hilo, el que sostienen las asociaciones populares de Lutxana.